Las negociaciones entre los presidentes y primeros ministros de la UE por el próximo presupuesto europeo todavía no han comenzado y ya están atascadas. La semana pasada, Irlanda, país que ocupa la presidencia rotatoria del Consejo, presentó una propuesta de cuentas para el periodo 2028-2034 con un recorte de más de 140.000 millones de euros que no ha contentado a nadie: los frugales exigen todavía una reducción mayor y los países del sur rechazan totalmente el hachazo.
Los frugales exigen más de los 140.000 millones de recorte que ha propuesto Irlanda y los países del sur rechazan totalmente el hachazo. El objetivo de llegar a un acuerdo en diciembre parece imposible
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Las negociaciones entre los presidentes y primeros ministros de la UE por el próximo presupuesto europeo todavía no han comenzado y ya están atascadas. La semana pasada, Irlanda, país que ocupa la presidencia rotatoria del Consejo, presentó una propuesta de cuentas para el periodo 2028-2034 con un recorte de más de 140.000 millones de euros que no ha contentado a nadie: los frugales exigen todavía una reducción mayor y los países del sur rechazan totalmente el hachazo.
Las posiciones están totalmente enfrentadas, y así se pondrá de manifiesto en el inicio de las negociaciones formales que hoy tendrá lugar en Bruselas durante la reunión del Consejo Europeo. El objetivo del presidente António Costa era llegar a diciembre con todo cerrado para que en 2027 se llevase a cabo el desarrollo legislativo, y que el nuevo marco financiero entrase en vigor en enero de 2028. Sin ningún retraso. Y para alcanzar la unanimidad que es necesaria, los líderes tienen, además de la reunión de hoy, otras dos citas hasta final de año e, incluso, una tercera cumbre extraordinaria que se podría convocar en noviembre y que estaría dedicada en exclusiva a los presupuestos.
Pero desde el ámbito diplomático muchos dan por hecho que estos pasos difícilmente se cumplirán. No pocos países se sienten muy cómodos en un posible retraso de los tiempos, que prefieren tener más tiempo para negociar. Tanto del norte como del sur, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, lo dejó muy claro ayer en el Parlamento Europeo.
«La Presidencia irlandesa y las instituciones europeas han fijado el objetivo de alcanzar un acuerdo antes de finales de año. Nosotros no nos oponemos por principio a este objetivo, pero debe quedar claro que la fecha no puede ser más importante que el contenido. No firmaremos un acuerdo que no sea beneficioso simplemente para cumplir un plazo. Solo firmaremos un acuerdo cuando sea un acuerdo justo para Italia», subrayó Meloni, que está muy preocupada por un posible recorte en la PAC, Cohesión o Pesca.
Y a este enfrentamiento se une, además, el factor de las elecciones españolas. Buena parte de las negociaciones presupuestarias se va a producir con un Gobierno en funciones, y la cumbre en la que Costa quiere cerrar el acuerdo se celebrará apenas unos días antes de que se constituyan las Cortes: el 17 y 18 de diciembre. En esa reunión, y si se cumplen las encuestas, Pedro Sánchez podría ser un presidente ya saliente.
Esto es, un jefe del Ejecutivo que va a dejar de serlo en breve firmaría unos presupuestos europeos que afectarían a un inminente Gobierno de otro color. Fuentes de Moncloa señalan que esto es totalmente legal, que no existe ningún problema. Y más importante incluso, que es políticamente posible, algo que sin embargo no todos comparten en Bruselas. Cuesta entender que un país tan grande e importante como España dé su apoyo con un presidente saliente, y además buena parte del Consejo está compuesto por presidentes y primeros ministros del PP. Sería un primer revés para Alberto Núñez Feijóo sin ni siquiera haber llegado al puesto.
La cuestión española, por supuesto, es algo menor en comparación con el enfrentamiento norte y sur. Pero tampoco ayuda a que el clima sea mejor. Y ante las evidentes adversidades, en las conclusiones previas que ya se manejan a nivel diplomático se ha modificado la parte relativa al presupuesto: de recoger que «el Consejo Europeo invita a su presidente a proseguir las negociaciones con el objetivo de alcanzar un acuerdo definitivo antes de que finalice el año»; ahora se ha pasado a «un acuerdo antes de finales de 2026 permitiría adoptar los actos legislativos en 2027, lo que resulta necesario para garantizar que los fondos de la UE lleguen a los beneficiarios sin interrupciones a partir de enero de 2028». Se ha rebajado sensiblemente el tono.
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