Las parejas que tengan hijos en común podrán acceder a una pensión de viudedad si acreditan haber convivido de forma ininterrumpida durante al menos dos años, aunque no estén casadas ni hayan formalizado su relación como pareja de hecho, según una modificación legal que el Consejo de Ministros prevé aprobar este martes.
El Consejo de Ministros de este martes aprobará un Real Decreto-ley con distintas mejoras sociales para colectivos como los viudos y viudas de parejas de hecho, víctimas de violencia de género y padres con menores que sufren enfermedades graves
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Las parejas que tengan hijos en común podrán acceder a una pensión de viudedad si acreditan haber convivido de forma ininterrumpida durante al menos dos años, aunque no estén casadas ni hayan formalizado su relación como pareja de hecho, según una modificación legal que el Consejo de Ministros prevé aprobar este martes.
La modificación de las condiciones de acceso a distintas prestaciones de la Seguridad Social se incluirá en un real decreto-ley, según han confirmado agencias de fuentes gubernamentales.
Las fuentes consultadas por Servimedia explicaron que, en el caso de un fallecimiento, habrá un plazo de un año para solicitar la prestación. Desde que se apruebe el decreto, además habrá que demostrar convivencia en los dos años anteriores a la solicitud. Asimismo, las peticiones que han sido denegadas podrán ser revisadas en los 12 meses posteriores.
En la actualidad, la normativa establece requisitos específicos para que las parejas de hecho puedan generar derecho a una pensión de viudedad. Entre ellos figuran la acreditación de una convivencia estable y, con carácter general, la inscripción en un registro oficial o la formalización de la relación mediante un documento público con una antelación mínima de dos años respecto al fallecimiento.
La modificación prevista busca eliminar esta última exigencia formal para las parejas con hijos en común, de modo que puedan acreditar su situación mediante la convivencia. El certificado de empadronamiento será uno de los documentos que permitirá demostrar que ambos miembros de la pareja residían juntos durante el periodo exigido.
Hasta ahora, la falta de formalización podía dificultar el reconocimiento de la pensión, incluso cuando existían vínculos familiares acreditados.
El objetivo del Gobierno es reforzar esta protección, en el marco de un conjunto de ‘martes sociales’ en las semanas previas a las elecciones generales. La medida, en cualquier caso, deberá ser convalidada antes de 30 días en la Diputación Permanente del Congreso, en la que el juego de mayorías cambia y el Ejecutivo ya no necesita el respaldo de Junts para aprobar normas.
No es la única medida que el Gobierno pretende aprobar este martes y que requiere convalidación de la Diputación Permanente del Congreso en un mes. Además, según informa Europa Press, la norma que ha sido diseñada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ampliará la prestación de incapacidad temporal para mujeres que sufren patologías asociadas a la menopausia.
En el caso de las víctimas de violencia de género, el decreto establece que tendrán una prestación del 60% de la base reguladora hasta el día 20 de la baja y del 75% a partir de entonces. La empresa abonará el salario el día de la baja, pero a partir de entonces, la Seguridad Social será la que abone la prestación.
Para los padres que cuidan de menores con cáncer o enfermedades graves, la norma mejora la prestación para que los dos progenitores puedan recibirla de forma alternativa o simultánea. En casos de mayor vulnerabilidad, la prestación podrá mantenerse más allá de los 26 años cuando el afectado presente una dependencia de grado III o una discapacidad especialmente alta.
El decreto que el Gobierno llevará este martes al Consejo de Ministros mejora también las pensiones extraordinarias derivadas de actos terroristas, de forma que ninguna de ellas podrá situarse por debajo del equivalente a dos salarios mínimos (actualmente 2.442 euros mensuales), cifra un 36% superior a la existente ahora.
La norma mejora también la protección de los huérfanos por violencia de género, elevando tanto las prestaciones contributivas, con un suelo de dos veces el salario mínimo interprofesional (SMI), como las no contributivas, que podrán alcanzar hasta dos veces el SMI.
Se ampliará además el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, triplicándose la cuantía máxima de los anticipos por beneficiario (de 100 a 300 euros) y su duración, todo ello con el objetivo de proteger a los menores cuando un progenitor incumple sus responsabilidades.
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