La Agencia Tributaria atraviesa la «peor crisis de su historia» y se enfrenta al riesgo real de «dejar de existir tal y como hoy la conocemos». Así lo afirman los Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) en el informe Una Administración Tributaria para los ciudadanos, presentado en el marco de su XXXVI Congreso en Toledo este viernes. El documento plantea la refundación de la institución a través de la aprobación urgente de su Estatuto orgánico, una asignatura pendiente desde 1992 que busca otorgar al organismo plena «autonomía orgánica y funcional» frente al Ejecutivo y frenar su «pérdida de prestigio sin precedentes desde su creación».
Proponen desvincular el organismo del Gobierno, que el Parlamento elija a su Director General por mayoría cualificada y poner fin a la libre designación de cargos
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La Agencia Tributaria atraviesa la «peor crisis de su historia» y se enfrenta al riesgo real de «dejar de existir tal y como hoy la conocemos». Así lo afirman los Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) en el informe Una Administración Tributaria para los ciudadanos, presentado en el marco de su XXXVI Congreso en Toledo este viernes. El documento plantea la refundación de la institución a través de la aprobación urgente de su Estatuto orgánico, una asignatura pendiente desde 1992 que busca otorgar al organismo plena «autonomía orgánica y funcional» frente al Ejecutivo y frenar su «pérdida de prestigio sin precedentes desde su creación».
Los inspectores sostienen que la injerencia política y la falta de independencia han dañado la confianza ciudadana en la institución. Según los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) citados en el informe, un 90,1% de los españoles percibe que existe mucho o bastante fraude fiscal, mientras que más del 56% considera que la Administración no dedica los esfuerzos suficientes para combatirlo. Por esto y para garantizar la neutralidad del organismo, la propuesta de IHE exige desligar al Secretario de Estado de Hacienda del organigrama de la Agencia Tributaria y establecer que el Director General sea nombrado por las Cortes Generales por mayoría cualificada para un mandato de cinco años.
Sin embargo, desde Hacienda han defendido, durante el mismo congreso, que es «una administración profesional, independiente, solvente y rigurosa es uno de los mayores activos que tiene una democracia». Algo que para la presidenta de la IHE, Ana de la Herrán, «no tiene nada que ver todo lo que ha ocurrido en nuestros últimos años. No sabemos si es precisamente porque están en campaña electoral y quieren darnos esa tranquilidad»; ya que el descuido a esta administración también se ha visto con los cambios que se han planteado en las convocatorias de oposiciones. «Nos parece lamentable que después de lo que ha pasado antes de ayer [accidente en Urda], hablen de reducir la carga de exigencia de las personas que van a realizar un trabajo tan importante».
En la misma línea, la organización denuncia la inestabilidad en la dirección, recordando que la AEAT ha tenido 15 directores generales en casi 35 años, y critica que más del 50% de los puestos ocupados por inspectores de Hacienda en la AEAT se han provisto «por libre designación». Reclama limitar este procedimiento exclusivamente al personal directivo y recuperar el concurso como norma general.
A este escenario se suma el debate sobre la financiación autonómica y el acuerdo de «financiación singular» suscrito entre el PSC y ERC para la investidura en Cataluña, un pacto impulsado por el Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera únicamente con el apoyo de la Generalitat y Canarias. El proyecto prevé ceder a la Agencia Tributaria de Cataluña la gestión, recaudación e inspección del 100% de los tributos en la región, lo que para el colectivo supone materializar la entrega de «las llaves de Letamendi» -es decir, el control total de la recaudación y gestión de los impuestos en Cataluña- y buscar en la práctica la «desaparición de la AEAT en Cataluña». Un aspecto que, de hecho, Hacienda también ha defendido y ha alegado que los progresos se hacen «siempre sobre la base del imprescindible papel central en el modelo de gestión de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, reforzada, nunca fragmentada».
Los inspectores advierten de que fraccionar la estructura fiscal romperá la lucha contra las tramas de evasión. Para evitarlo, fijan en su propuesta tres líneas rojas «infranqueables»: mantener un sistema de información tributaria único, conservar la caja única estatal para las retenciones del trabajo y garantizar un control integrado de las actividades económicas. Además, la reorganización se completaría con nuevas herramientas legales: la creación de la Oficina Nacional Antifraude (ONAF), la puesta en marcha de una Policía Fiscal, la autorización para investigar de incógnito y un régimen de «muerte civil» con revocación del NIF y cierre registral para grandes defraudadores.
En el terreno del día a día, los inspectores denuncian que Hacienda ha enfocado sus esfuerzos en una comprobación masiva de pequeños fallos mediante cartas automáticas de Gestión Tributaria, dejando arrinconada la investigación del gran fraude. En 2024 se fijaron 515.098 controles sobre actividades económicas en Gestión frente a apenas 9.141 en el área de Inspección. Precisamente esta es el área que para De la Herrán ha sufirdo una «campaña sin precedentes de ataque» y se ha tratado de «desprestigiar» la figura de inspector de Hacienda.
Como no podía ser de otra forma, la Inteligencia Artificial también tiene su papel en la propuesta de los inspectores. Aunque los sistemas centrales de la AEAT procesan millones de datos, los funcionarios en sus mesas siguen investigando a mano, cruzando hojas de cálculo y revisando archivos uno a uno. Para romper este cuello de botella, el colectivo propone llevar la capacidad de análisis «del algoritmo central al puesto de trabajo». La meta es que un actuario pueda solicitar en lenguaje natural la revisión de miles de facturas, detectar maniobras de vaciamiento patrimonial o rastrear entramados societarios en minutos.
Sin embargo, el documento establece una garantía estricta en favor de la seguridad jurídica. La inteligencia artificial actuará como un acelerador del análisis, pero «no sustituye su juicio». Por ello, la propuesta impone que cualquier resultado generado por algoritmos sea transparente, verificable contra los documentos originales y quede sujeto a la supervisión y validación humana obligatoria del inspector responsable.
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