Apenas nueve meses después de la tragedia de Adamuz, que dejó 46 muertos y abrió una crisis de confianza sin precedentes sobre el estado de la red ferroviaria, España volvió a despertarse este miércoles con la noticia de una catástrofe sobre las vías. Esta vez, en la provincia de Toledo, donde un tren AVE de Renfe arrolló por detrás a un convoy de Iryo que permanecía detenido a la altura de Urda, en la línea de alta velocidad que une Madrid y Andalucía. El accidente deja al menos 68 fallecidos -según los últimos balances-, decenas de heridos y un país nuevamente conmocionado por una catástrofe que golpea al Gobierno en plena precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre.
Nueve meses después del accidente de Adamuz, que dejó 64 fallecidos y abrió una crisis de confianza sin precedentes sobre el estado de la red ferroviaria, la catástrofe de Urda conmociona al país y golpea al Ejecutivo a un mes de las urnas
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Apenas nueve meses después de la tragedia de Adamuz, que dejó 46 muertos y abrió una crisis de confianza sin precedentes sobre el estado de la red ferroviaria, España volvió a despertarse este miércoles con la noticia de una catástrofe sobre las vías. Esta vez, en la provincia de Toledo, donde un tren AVE de Renfe arrolló por detrás a un convoy de Iryo que permanecía detenido a la altura de Urda, en la línea de alta velocidad que une Madrid y Andalucía. El accidente deja al menos 68 fallecidos -según los últimos balances-, decenas de heridos y un país nuevamente conmocionado por una catástrofe que golpea al Gobierno en plena precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre.
La jornada, que debía estar marcada por la actividad política a un mes de las urnas, quedó abruptamente suspendida por la dimensión del siniestro. El accidente se produjo poco antes de las nueve de la mañana. El AVE que había partido de Madrid-Puerta de Atocha a las 08:00 horas y tenía prevista su llegada a Sevilla a las 10:39, en el que viajaban 397 pasajeros, embestía por detrás al Iryo, que también circulaba en dirección Santa Justa con 147 viajeros a bordo y se encontraba detenido en la vía. La violencia de la colisión provocó el descarrilamiento de varios vagones, dos de los cuales cayeron por un terraplén, complicando las tareas de rescate de los servicios de emergencia.
El balance de víctimas fue creciendo con el paso de las horas. En su primera comparecencia ante los medios de comunicación, al filo de las tres de la tarde, el ministro de Transportes, Óscar Puente, confirmaba más de 60 muertos y medio centenar de heridos y atribuía el accidente a una decisión «a todas luces errónea» e «inexplicable» del centro de control de Adif.
La reconstrucción preliminar de los hechos que hizo el ministro es la siguiente: alrededor de las ocho y media de la mañana se producía una caída del sistema de seguridad LZB, un mecanismo de supervisión continua de la circulación que permite controlar la velocidad y la distancia entre convoyes y ordenar su frenado cuando las condiciones de seguridad lo requieren. Este fallo informático provocó la detención de al menos seis trenes en un tramo de unos 60 kilómetros de la línea. La avería obligó a recurrir a un sistema alternativo de señalización, el Bloqueo de Señalización Lateral, con apoyo del sistema ASFA, que mantiene mecanismos de protección, pero no proporciona la misma supervisión continua de velocidad y distancia que el LZB.
En ese punto, siempre según la versión trasladada por el ministro, se produjo la decisión que desencadenó la tragedia. A las 8:36 horas se autorizó al AVE a reanudar la marcha, pese a que el Iryo continuaba detenido a la entrada de Urda y una señal roja indicaba que el tramo permanecía ocupado. «Esa es la decisión que se toma desde el centro de control y es el origen del accidente«, aseguró el titular de Transportes, que describió el siniestro como «verdaderamente inverosímil».
De acuerdo con la reconstrucción del Ejecutivo, a las 08:41 el Iryo recibe la instrucción de reanudar la marcha «con normalidad», pero a las 08:48, cinco minutos antes del accidente, la maquinista llama al centro de control y advierte de que no es capaz de «reiniciar el sistema». El AVE recorrió unos 25 kilómetros hasta que embistió al Iryo por la parte trasera a las 8:53 horas, según Puente, que evitó cuantificar la velocidad exacta a la que se produjo la colisión pero sí especificó que en ese tramo se pueden alcanzar hasta 200 kilómetros por hora.
«Lo que ha pasado en los 17 minutos entre que se da la orden de salida a ese tren y la colisión no lo sabemos con precisión», admitió el ministro, que previamente había escuchado algunas de las grabaciones de la comunicación entre el centro de control y los maquinistas de los seis trenes que se pararon, constatando -siempre según su versión- que a pesar de que se dieron instrucciones equivocadas para reanudar la marcha, al menos un maquinista corrigió al centro de control y le indicó que la reanudación no debía hacerse a velocidad normal, sino a «marcha a la vista», un régimen de circulación que se aplica cuando existe la posibilidad de que haya algún obstáculo en la vía y el tren debe avanzar con especial precaución.
La versión oficial del Gobierno, en todo caso, sitúa una de las principales incógnitas: ¿cómo se explica que durante un cuarto de hora se pueda ver en las pantallas del centro de control cómo un tren se dirige a toda velocidad hacia otro que está detenido y nadie le pare ni dé la voz de alarma?
Tanto el operario señalado por el ministro como causante del choque por esa decisión «errónea» e «inexplicable» como todos los miembros del turno en el centro de control fueron interrogados ayer por la Guardia Civil, situando el foco inicial de las pesquisas sobre la gestión de la circulación después de una avería del sistema de protección. A diferencia de Adamuz, donde las primeras investigaciones técnicas apuntaron a una posible fractura previa de un carril, en esta ocasión el Gobierno barajó desde el principio el «error humano» como origen de la tragedia. Puente alimentó implícitamente esta teoría en su comparecencia y descartó dimitir.
En una rueda de prensa posterior el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, prometió llegar «hasta el final» para esclarecer las causas del siniestro y advirtió de que, si se acreditan negligencias o fallos en los sistemas de seguridad, el Gobierno actuará «con total contundencia». Reconoció además que «no es asumible para un país como España» sufrir dos accidentes de estas características en un mismo año. Aunque señaló que los indicios apuntan a causas diferentes, aseguró que se adoptarán las medidas necesarias para reforzar la seguridad y recuperar la confianza de la ciudadanía en el sistema ferroviario.
La tragedia irrumpe de lleno en el escenario electoral. Tras suspender su agenda, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclamó una «investigación gubernamental inmediata» sobre el accidente y una «revisión completa de toda la red ferroviaria», defendiendo que el respeto a las víctimas no impide exigir responsabilidades: «El dolor no nos obliga a callar».
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