Ya se ha consumado. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado cargos contra el hombre fuerte del régimen cubano, Raúl Castro, y otros cinco militares cubanos en el tribunal del distrito sur de Florida, en Miami, por asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronave. Los cargos se remiten a sucesos de hace treinta años: el derribo de dos avionetas de la organización anticastrista Hermanos al Rescate. Con este paso, Estados Unidos da un nuevo gran paso en su estrategia de máxima presión contra La Habana. Castro, ha asegurado el fiscal general en funciones Todd Blanche, en una rueda de prensa, acabará compareciendo en el banquillo de los acusados en un tribunal estadounidense “por su propia voluntad o de otra manera”.
La acusación de asesinato del Departamento de Justicia contra el expresidente cubano se remite a hechos de 1996 y llega en medio de una escalada de tensión entre Washington y La Habana
Ya se ha consumado. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha imputado al hombre fuerte del régimen cubano, Raúl Castro, en Miami por cargos que se remiten a sucesos de hace treinta años: el derribo de dos avionetas de la organización anticastrista Hermanos al Rescate. Con este paso, los fiscales estadounidenses repiten el guion aplicado en su día a Venezuela, cuando en marzo de 2020, el Gobierno de Estados Unidos imputó a Nicolás Maduro por cargos de narcotráfico. Aquel paso acabó convertido en la justificación de la Administración de Donald Trump para intervenir el 3 de enero en Venezuela y secuestrar al presidente chavista. A partir de ahora, Washington considera que tiene la base legal necesaria para intervenir en la isla como hizo en Caracas, aunque expertos ponen en duda la legitimidad de aquella intervención. Pero, mientras tanto, el presidente estadounidense no descarta un acuerdo diplomático con el régimen.
Inmediatamente antes de que el Departamento de Justicia haya hecho pública la imputación en una rueda de prensa en Miami, Donald Trump arremetía de nuevo contra el gobierno castrista. Aunque un día antes había defendido la posibilidad de un pacto con las autoridades en La Habana que posibilitara cambios en el régimen, este miércoles insistía en que Estados Unidos “no tolerará un Estado díscolo que dé refugio a operaciones hostiles militares, de inteligencia y terroristas extranjeras, a solo 150 kilómetros de la patria estadounidense”.
También poco antes de la imputación, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha lanzado un mensaje en el que ha cargado duramente contra el Gobierno de la isla y ha ofrecido a su población una “nueva relación” entre Washington y La Habana, condicionada a que el país caribeño introduzca cambios radicales en su economía y lleve a cabo elecciones libres y con distintos partidos.
Los cargos contra Castro aluden al derribo de las avionetas el 24 de febrero de 1996, cuando el ahora hombre fuerte del régimen era ministro de Defensa. En ese derribo en el que murieron los cuatro tripulantes —Armando Alejandre, de 45 años; Carlos Costa, de 29; Mario de la Peña, de 24, y Pablo Morales, de 29— y que, según las investigaciones independientes de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otras entidades, se produjo sin lugar a dudas en aguas internacionales. Algo que convertía el incidente en un ataque contra civiles indefensos. No se desarrolló, como Cuba alegó en su momento, sobre el territorio de la isla, en lo que representó un acto legítimo de autodefensa.
La presentación de cargos ha corrido a cargo del fiscal del Departamento de Justicia Jason Reding Quiñones, del distrito judicial sur de Florida y alineado ideológicamente con el trumpismo, representa la guinda en toda una batería de medidas de presión por parte de Washington contra la isla, desde sanciones a sus líderes a la imposición de un embargo energético en la práctica, tras la cancelación de los envíos de petróleo venezolano con los que subsistía la isla y la firma el 29 de enero de una orden ejecutiva por la que se abre la posibilidad de aranceles y sanciones secundarias contra los países que faciliten combustible a Cuba.
Quiñones ya había creado un grupo de trabajo en marzo para abrir investigaciones penales contra representantes del régimen en La Habana, en lo que ya entonces se apuntó que podría abrir la puerta a emprender contra los dirigentes castristas medidas similares a las que acabaron con Maduro sentado en el banquillo en un juzgado de Nueva York. “Los fiscales de todo el país trabajan cada día para hacer justicia, lo que incluye esfuerzos para combatir el crimen internacional”, sostenía entonces el Departamento de Justicia en un comunicado.
En comentarios desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha hecho este martes referencia a la imputación inminente. Pero sí se ha referido a su exigencia de cambios políticos y económicos en la isla. Y ha dejado la puerta abierta a un acuerdo con el régimen, similar a la fórmula aplicada en Venezuela tras la detención de Maduro. Una propuesta que ya transmitía la semana pasada el director de la CIA, John Ratcliffe, en su visita sorpresa a La Habana para reunirse con el nieto de Raúl Castro, Raúl Rodríguez Castro, alias “El Cangrejo” y al que las apuestas favorecen para convertirse en el líder con el que Washington estaría dispuesto a trabajar en caso de relevo entre los líderes actuales.
“Miren, Cuba nos está llamando. Necesitan ayuda: es una nación fallida. Vamos a dársela”, ha declarado mientras supervisaba las obras de construcción de la gran sala de baile que proyecta para la Casa Blanca. “No nos va a resultar difícil de resolver”, sostenía el mandatario. Preguntado si eso se podría conseguir aunque el régimen se mantenga en el poder –como ha ocurrido en Venezuela, donde se encuentra al cargo Delcy Rodríguez, la antigua número dos de Maduro–, ha sostenido que “puedo lograrlo, cambie el régimen o no”.
“Ha sido un régimen duro este año. Han matado a mucha gente, pero realmente este país necesita ayuda. No tienen nada. No pueden encender las luces. No tienen qué comer”, describía el republicano. También apuntaba: “Estoy muy del lado de los cubano-estadounidenses. Han sido una gente fantástica, muchos de ellos han perdido familiares, han quedado muy perjudicados, han pasado tiempo en prisión, han llegado a este país y han tenido mucho éxito”.
La situación económica del país, que ya era muy delicada antes de enero, se ha convertido en desesperada a raíz del bloqueo energético impuesto por la Casa Blanca, y Cuba afronta ahora una de sus peores crisis humanitarias. Hasta el punto de que, la semana pasada, las autoridades advertían que se habían agotado por completo las últimas reservas de petróleo.
En su más reciente medida de presión hasta la imputación contra Raúl Castro, la Administración de Trump impuso este lunes sanciones contra once personalidades, y tres entidades, de los estamentos políticos y militares del régimen. Según el Departamento de Estado, que aseguró que en los próximos días y semanas llegarán más medidas similares, estos castigos forman parte de la “campaña integral de la Administración Trump para encarar las amenazas urgentes a la seguridad nacional que representa el régimen comunista de Cuba, y responsabilizar tanto al régimen como a quienes le brindan apoyo material o financiero”.
En una rueda de prensa en el Capitolio en Washington antes de la imputación, la congresista republicana del sur de Florida María Elvira Salazar aseguraba acerca de la perspectiva de imputación a Castro: “hoy es un día glorioso para los cubanos, porque la ayuda ha llegado y porque Estados Unidos, después de 67 años, ha decidido tomar la iniciativa de hacer lo correcto y liberar al pueblo cubano de los sátrapas”.
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