Yolanda Díaz tiene por delante cuatro intensos meses de campaña pública y negociaciones diplomáticas al máximo nivel para tratar de convencer a gobiernos, sindicatos y patronales de que es la mejor candidata para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT). No obstante, la ministra de Trabajo aspira a pilotar el organismo de Naciones Unidas que fija los estándares laborales mundiales justo cuando buena parte de su agenda reformista está totalmente bloqueada y con un nuevo frente abierto con Bruselas que puede acabar derivando en otra multa millonaria para España.
La vicepresidenta deja los deberes para la vuelta del verano, cuando entrará de lleno en la carrera de la OIT. España se arriesga a una sanción de la UE por el incumplimiento en transparencia salarial
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Yolanda Díaz tiene por delante cuatro intensos meses de campaña pública y negociaciones diplomáticas al máximo nivel para tratar de convencer a gobiernos, sindicatos y patronales de que es la mejor candidata para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT). No obstante, la ministra de Trabajo aspira a pilotar el organismo de Naciones Unidas que fija los estándares laborales mundiales justo cuando buena parte de su agenda reformista está totalmente bloqueada y con un nuevo frente abierto con Bruselas que puede acabar derivando en otra multa millonaria para España.
Después del fracaso de la que iba a ser su medida estrella tras la reforma laboral –la reducción de la jornada a 37,5 horas semanales- Díaz apostó buena parte de su capital político a endurecer el registro horario en las empresas para evitar el fraude de las horas extraordinarias impagadas. Pero la iniciativa se topó con el rechazo frontal de los empresarios, del Consejo de Estado y del Ministerio de Economía. Los sindicatos advirtieron a la vicepresidenta de que no pactarían más reformas si no sacaba adelante esta medida antes del parón estival, pero la presión no ha surtido efecto. Las dudas jurídicas y el choque con el planteamiento del vicepresidente primero Carlos Cuerpo son de tal calibre que necesitan vacaciones. Y no será hasta la vuelta del verano cuando vuelvan a contrastar posturas.
Así lo han acordado los vicepresidentes, según confirman ambos departamentos. «Trabajo y Economía hemos llegado a un acuerdo para tramitar el registro horario en septiembre, para así solventar las objeciones del Consejo de Estado, algo que desde el Gobierno ya llevamos un tiempo trabajando», indican desde el equipo de Díaz. En los sindicatos cunde el malestar, aunque fuentes de las centrales reconocen a EL MUNDO que cuando lanzaron su ultimátum ya contemplaban un escenario en el que «el verano se echaba encima». En la CEOE, por otro lado, se respira alivio. Los empresarios no quieren ni oír hablar del registro horario en los términos en los que se planteó inicialmente y todo lo que sea retrasar esa reforma y adecuar el texto a las recomendaciones del Consejo de Estado y del Ministerio de Economía es bienvenido en la patronal.
La agenda reformista de Díaz pierde velocidad justo cuando más necesita el aval de su gestión como ministra de Trabajo y valedora del diálogo social. Los grandes acuerdos tripartitos son historia. Hace ya más de dos años que la patronal no respalda ninguna iniciativa de la vicepresidenta. Y los sindicatos empiezan a ponerse nerviosos porque ven cómo la legislatura corre sin avances en las medidas que creen más necesarias para el mercado laboral. Están pendientes la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el proyecto para dar entrada a los trabajadores en los consejos de administración de las empresas o la reforma de la indemnización por despido.
En paralelo, Díaz también ha mandado a septiembre la trasposición de la directiva europea sobre transparencia retributiva, un proyecto que aspira a acabar con el secreto salarial en España pero que está siendo considerablemente rebajado para tratar de cumplir con las exigencias comunitarias sin tener que pasar por el Congreso de los Diputados. Un delicado juego de equilibrios que vuelve a situar a nuestro país ante la amenaza de sanciones de la Comisión Europea. El plazo para trasponer la directiva expiró el pasado 7 de junio, por lo que la puerta a un nuevo procedimiento de infracción ya está abierta. El último costó cerca de siete millones de euros a España por incumplir los plazos en la aplicación de la normativa en materia de conciliación.
Todo ello como telón de fondo en el inicio de una campaña internacional que exigirá a Díaz dedicar buena parte de los próximos meses a una intensa labor diplomática. La elección del próximo director general de la OIT no depende de los 187 Estados miembros de la organización, sino de los 56 integrantes de su Consejo de Administración —28 gobiernos, 14 representantes empresariales y 14 representantes sindicales—, lo que convierte la campaña en un ejercicio de negociación permanente con gobiernos y agentes sociales de todo el mundo. El calendario oficial contempla un acto público con todos los candidatos el 23 de septiembre, audiencias privadas ante el Consejo de Administración en noviembre y la votación definitiva el 16 de noviembre.
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