Al inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, Teherán intentó sostener el equilibrio de fuerzas mediante una estrategia de guerra asimétrica. El posterior cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán alteró la naturaleza del conflicto, elevándolo a una nueva fase. Estados Unidos, por su parte, exploró distintas vías: desde intentos fallidos de lograr el apoyo de la comunidad internacional y reabrir el estrecho mediante la fuerza militar, hasta negociaciones diplomáticas infructuosas con Teherán e incluso amenazas de bombardeos de escala apocalíptica. Finalmente, Washington optó por trasladar el conflicto al terreno del desgaste económico, mediante la presión sobre el comercio marítimo iraní con el objetivo de forzar una retirada de Teherán.
La sociedad iraní se enfrenta a un escenario potencialmente más crítico que el de anteriores ciclos de sanciones de EE UU
Al inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, Teherán intentó sostener el equilibrio de fuerzas mediante una estrategia de guerra asimétrica. El posterior cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán alteró la naturaleza del conflicto, elevándolo a una nueva fase. Estados Unidos, por su parte, exploró distintas vías: desde intentos fallidos de lograr el apoyo de la comunidad internacional y reabrir el estrecho mediante la fuerza militar, hasta negociaciones diplomáticas infructuosas con Teherán e incluso amenazas de bombardeos de escala apocalíptica. Finalmente, Washington optó por trasladar el conflicto al terreno del desgaste económico, mediante la presión sobre el comercio marítimo iraní con el objetivo de forzar una retirada de Teherán.
Más de 10 días después del inicio de esta nueva situación y del endurecimiento de la presión económica estadounidense, la economía iraní se enfrenta a un escenario potencialmente más grave que el de anteriores ciclos de sanciones.
El impacto de las sanciones estadounidenses, junto con la corrupción estructural y la mala gestión interna, ha recaído durante décadas principalmente sobre la población general, especialmente las clases medias y bajas, afectadas por la pérdida progresiva de poder adquisitivo.
Entre 2011 y 2020, la economía iraní registró una caída media anual del 0,6% del PIB per cápita, un periodo que el Banco Mundial ha definido como la “década perdida”. En ese mismo intervalo, la inflación cercana al 40% y la devaluación del rial erosionaron de forma sostenida el nivel de vida. Según el Centro de Investigación del Parlamento iraní, en 2022 alrededor del 30% de la población se encontraba por debajo del umbral de pobreza, mientras que el Banco Mundial situaba cerca del 40% en situación de vulnerabilidad económica.
En los últimos años, la situación se ha agravado con la caída del valor de la moneda y la dependencia de las importaciones. El umbral de pobreza para una familia de cuatro miembros se estimó el año pasado en unos 80 millones de tomanes —un tomán equivale a 10 riales— al mes (unos 445 euros), mientras que el salario medio de un trabajador cualificado ronda los 35 millones de tomanes (unos 195 euros). Este desequilibrio ha contribuido a la progresiva contracción de la clase media.
Según el Centro de Estadísticas de Irán, “la inflación interanual de los alimentos, que hace un año era de algo menos del 43%, antes del bloqueo rozó el 125%”. Sohrab Delanguizán, economista y profesor universitario, advierte de que, “aunque la moneda nacional se ha depreciado, el aumento de los precios de los bienes importados crece a un ritmo aún mayor debido al incremento de los costes y riesgos logísticos”.
Antes de estas restricciones, Irán exportaba alrededor de 1,6 millones de barriles diarios de petróleo, más del 90% a través de la terminal de la isla de Jark. Una parte significativa de estas exportaciones llegaba a mercados asiáticos, especialmente China, mediante rutas indirectas, empresas intermediarias en Emiratos Árabes Unidos y Malasia, y redes de transporte en la sombra, con descuentos e incentivos y, en última instancia, las divisas obtenidas de la venta quedaban en manos de las empresas fiduciarias, provocando grandes casos de corrupción.
Según datos de la Compañía Nacional Petroquímica de Irán, tres grandes puertos, Bandar Abás (Rajai), Mahshahr (Imam Jomeini) y Asaluyeh, canalizan unos 20.000 millones de dólares anuales (unos 18.400 millones de euros) en exportaciones de gas, petroquímicos y derivados energéticos, constituyendo el núcleo del comercio exterior energético no petrolero del país.
Desde Dubái, Hamid, empresario del sector petroquímico, considera que el bloqueo golpea de forma generalizada a toda la sociedad: “En esta guerra económica, todos pierden, sin distinción”. El empresario expresa dudas sobre la eficacia de las estrategias de evasión del bloqueo: “Cambios de ruta, apagado de sistemas de rastreo o tránsito limitado por Ormuz”. En su opinión, “muchas de estas prácticas forman parte más de la propaganda que de la realidad operativa”.
Hamid estima que antes del cierre del estrecho, “las exportaciones diarias rondaban los 200 millones de dólares (unos 184 millones de euros)”, y sostiene que “los supuestos ingresos por peajes a buques en tránsito no superarían, en el mejor de los casos, los diez millones diarios (unos 9,2 millones de euros)”, dada la limitada circulación actual; además, explica que “sin un acuerdo, ni siquiera regional, ese cobro sería ilegal”.
En contraste, el académico Foad Izadí, de la Universidad de Teherán, alineado con la posición oficial iraní, argumentó en la red X: “El estrecho de Ormuz no está en ‘aguas internacionales’ o en alta mar. El estrecho de Ormuz se clasifica como un ‘estrecho internacional’ compuesto exclusivamente por aguas territoriales de dos países: Irán y Omán”. También subraya: “Irán no es miembro de la Convención del Derecho del Mar; al igual que Estados Unidos. Según el derecho internacional, los países solo están obligados por los tratados que han firmado y ratificado”.
En respuesta a este nuevo escenario, Irán estaría explorando alternativas comerciales a través de Irak, Turquía, Pakistán y Turkmenistán. Sin embargo, expertos como Ata Mohamed Tabriz, analista de ciencias políticas y relaciones internacionales en Barcelona, advierten de que “la viabilidad de estas rutas dependerá tanto de la cooperación de los países implicados como de la capacidad de resiliencia de la economía iraní a corto plazo”. Según este experto, “actualmente, alrededor del 90% de las importaciones del país dependen de los puertos del sur, lo que pone de manifiesto una elevada vulnerabilidad estructural del comercio exterior iraní”.
Morteza, propietario de una fábrica de producción de alimento para ganado en Juzestán, afirma: “Todas nuestras materias primas son importadas. Los precios han subido mucho en el último año”. Sobre la nueva situación añade: “Desde el inicio de la guerra, en la práctica, algunos productos como la soja tenemos que comprarlos en el mercado libre, donde además hay poca disponibilidad y los precios son muy altos”. Explica que en los últimos meses “muchos avicultores se han visto obligados a reducir la incubación de pollos y aumentar el sacrificio”.
Según datos del Centro de Estadísticas de Irán: “La inflación interanual de los alimentos, que hace un año era de algo menos del 43%, antes del bloqueo rozó el 125%”.
Sohrab Delanguizán, economista y profesor universitario, advierte de que, “aunque la moneda nacional se ha depreciado, el aumento de los precios de los bienes importados crece a un ritmo aún mayor debido al incremento de los costes y riesgos logísticos”.
Las sanciones a Irán forman parte de una estrategia sostenida de Washington orientada a ejercer la “máxima presión” posible sobre la estructura de poder del país. Sin embargo, los críticos señalan que estas políticas han estado históricamente marcadas por fallos de implementación que han permitido su elusión parcial.
En ese contexto, se ha consolidado una economía informal en la que redes próximas a los centros de poder operan mediante empresas pantalla, intermediarios regionales y una flota marítima en la sombra, facilitando la exportación de petróleo y productos petroquímicos. Este fenómeno ha contribuido, según diversos analistas, a la formación de oligarquías económicas vinculadas al poder político. El investigador de historia social Toraj Atabaki, de la Universidad de Leiden, en una entrevista con Deutsche Welle en persa, las describe como “familias gobernantes”. “Su poder no es tan grande como el de la Guardia Revolucionaria, pero suficiente para influir en el proceso de toma de decisiones clave del país”, afirma.
Hasta el estallido de la guerra, estas oligarquías actuaban, junto a los comandantes de la Guardia Revolucionaria, como un poder paralelo al Estado. Con la creciente visibilidad de los mandos de la Guardia en el núcleo de toma de decisiones desde el inicio del conflicto, esta red de riqueza y poder se mantiene como uno de los actores clave que operan, sin embargo, en la sombra. En esta línea, Mohamed sostiene que “estas oligarquías se han integrado en el aparato del Estado”.
El nuevo escenario de bloqueo marítimo impuesto por Estados Unidos añade un nuevo factor a décadas de sanciones: la presión directa sobre la arteria económica de estas “familias gobernantes”, conocidas en el debate político iraní como “intermediarios de sanciones”, debido a la interrupción de los flujos de petróleo y petroquímicos desde los puertos del sur de Irán.
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