La relación de los empresarios catalanes con el Gobierno, presentada por La Moncloa como poco menos que de idílica, tiene sin embargo unos puntos de fricción que están distanciando poco a poco al mundo económico de Pedro Sánchez, al que empiezan a criticar en público y a cuestionar su «ayuda a Cataluña». Una de las carpetas pendientes que más malestar provocan en la elite catalana, junto a la falta de un nuevo modelo de «financiación singular» y el caos ferroviario, es la resistencia del Gobierno y AENA a que Cataluña participe en la gestión del aeropuerto de El Prat.
La cesión al País Vasco de los aeropuertos sienta un precedente que el empresariado catalán reclama para Barcelona
La relación de los empresarios catalanes con el Gobierno, presentada por La Moncloa como poco menos que de idílica, tiene sin embargo unos puntos de fricción que están distanciando poco a poco al mundo económico de Pedro Sánchez, al que empiezan a criticar en público y a cuestionar su «ayuda a Cataluña». Una de las carpetas pendientes que más malestar provocan en la elite catalana, junto a la falta de un nuevo modelo de «financiación singular» y el caos ferroviario, es la resistencia del Gobierno y AENA a que Cataluña participe en la gestión del aeropuerto de El Prat.
Esta es una vieja reclamación del mundo empresarial —en marzo de 2007 se reunieron en la sede de IESE en Barcelona centenares de representantes de la sociedad civil para pedir la ampliación del aeropuerto y su gestión— que ha recobrado ahora fuerza después de que el pasado mes de marzo Sánchez acordara con el lehendakari Imanol Pradales que el Gobierno vasco participe en la gestión de los aeropuertos de Vitoria, Bilbao y San Sebastián. Una cohabitación que se articulará a través de un órgano bilateral que, según sostiene Pradales, no será meramente consultivo —como sostiene Aena, rebajando expectativas—, sino que permitirá al Gobierno vasco tener «voz y voto» e influir en inversiones, planes de desarrollo, conectividad y calidad del servicio.
La reciente cesión de Sánchez al Gobierno vasco ha despertado recelos y preocupación en Barcelona. «Si Sánchez se lo ha dado a los vascos, nos lo debe dar también a nosotros», es una reflexión habitual estos días en importantes despachos de la capital catalana. Los actores económicos y sociales temen que, como ha ocurrido en otros momentos y en otras épocas, el nacionalismo vasco haya logrado de nuevo la cesión de una competencia que a Cataluña se le acaba negando o rebajando.
TEMOR A SER ENAÑADOS «DE NUEVO»
El temor a ser engañados ha puesto en alerta a las organizaciones empresariales y patronales, con especial protagonismo y beligerancia de la Cámara de Comercio de Barcelona, cuyo presidente, Josep Santacreu, tuvo recientemente un intenso cruce de pareceres con el presidente de Aena, el catalán Maurici Lucena.
«La participación, capacidad de decisión y de influir en la gobernanza de una infraestructura es crucial para la conectividad de las personas y para la competitividad del territorio en todos sus ámbitos», afirma a este diario Miquel Martí, vicepresidente de la Cámara de Barcelona.
Entre el empresariado catalán se ha consolidado la sensación de que AENA prioriza el aeropuerto de Barajas sobre el Prat, relegando a este a pista mediterránea para vuelos Low Cost, por lo que la entrada de la Generalitat, el ayuntamiento y la Cambra de Barcelona en su cogestión entienden que ayudaría a transformarlo en un Hub internacional. El sector turístico, Foment del Treball, Pimec y la Fira de Barcelona reclaman la ampliación de El Prat para que Barcelona pueda captar más turismo de ocio y de negocios intercontinental sin que «tengan que pasar por Madrid».
El concepto difuso de «cogobernanza compartida» que esgrime el Gobierno para contentar las reclamaciones catalanas, pero todavía sin definir las consecuencias políticas y jurídicas de esta cogestión, además de la falta de concreción del consorcio Estado-Generalitat anunciado por Illa para la gestión de los aeropuertos catalanes «desde una visión integral», alimentan también el recelo del mundo económico.
«De Sánchez ya nos fiamos lo justo; el Gobierno prometió un concierto fiscal a la vasca para Cataluña y se ha quedado al final en una ligera mejora del modelo de financiación actual», señala a este diario un importante empresario. El hecho de que las tres partes implicadas —Gobierno, Generalitat y Aena— estén en manos socialistas y compartan intereses es otro elemento importante de desconfianza.
EXPLICACIONES CONTRADICTORIAS
La diferencia entre lo que sostiene Aena, que el órgano bilateral de cogestión en el que participe Euskadi será solo consultivo, y la versión que explica el Gobierno vasco, asegurando que tendrá una influencia real y ejecutiva, es el punto nuclear del debate y el motivo de choque en Cataluña entre las organizaciones empresariales y el Gobierno y la Generalitat catalana.
El presidente de Aena, Maurici Lucena, militante del PSC y persona muy cercana tanto a Sánchez como a Salvador Illa, dejaba claro hace unos días en la junta de accionistas de la compañía que la cogestión de El Prat —el aeropuerto más rentable para Aena, aunque Barajas lo supera en volumen total— «es imposible» porque atentaría contra la Constitución al ser su gestión una competencia exclusiva del Estado.
«Un traspaso de activos o cesión es incompatible con las peticiones de algunas comunidades autónomas y sale del marco legal y constitucional. Tampoco es compatible una gestión de los aeropuertos de Aena, que corresponde únicamente a la empresa», dijo Lucena, advirtiendo de que los inversores internacionales que posee Aena —empresa participada en un 51% por el Estado— están dispuestos a llevar ante los tribunales el cambio en el modelo de gestión.
El hecho de que Aena sea, además, una sociedad cotizada en Bolsa desde 2015 añade dificultad a cualquier movimiento de esta índole.
La contundente declaración de Lucena vino a contradecir las declaraciones que había hecho pocos días antes Illa, quien, presionado por la parálisis del traspaso ferroviario de Cercanías y por el «concierto económico» que no se concreta, y ante la reclamación de ERC y Junts para que se constituya y eche a andar la Autoritat Aeroportuària de Catalunya, anunció en el Parlament un acuerdo «bastante inminente» para que la Generalitat participe en la gobernanza de los aeropuertos catalanes.
Las discrepancias entre Illa y Lucena son vistas por parte del empresariado catalán como una «estrategia de despiste» ante la negativa del Estado a renunciar al modelo de gestión vigente. «Los dos son del mismo partido y dependen de Sánchez», subrayan fuentes empresariales.
En este sentido, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha querido cerrar el debate y las especulaciones fijando que cualquier fórmula para la coordinación en los aeropuertos se ceñirá a la legalidad y «no pondrá en jaque» el actual modelo en red. Una manera elegante de desbaratar la pretensión de los empresarios catalanes de descentralizar el modelo de gestión aeroportuaria y adoptar un modelo mixto como el de Francia, Alemania o Italia, donde la participación de gobiernos regionales en infraestructuras aeroportuarias es estándar.
El peso del aeropuerto en el PIB catalán -estimado en torno al 5%- subraya por qué esta batalla no es meramente simbólica para la élite económica catalana.
Actualidad Económica. Noticias de Economía Nacional e Internacional
