Entre 2025 y 2026 se licitaron un total de 881 millones de euros de obra pública en asfaltado de carreteras en España, pero podrían estar en riesgo, según la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan). La subida de precios de los materiales de la construcción debido al cierre del estrecho de Ormuz ha provocado que los gastos para las empresas concesionarias sea inasumible.
El Ministerio de Hacienda ha autorizado a realizar una revisión de precios excepcional en septiembre para la empresa pública Tragsa, pero no para las empresas privadas
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Entre 2025 y 2026 se licitaron un total de 881 millones de euros de obra pública en asfaltado de carreteras en España, pero podrían estar en riesgo, según la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan). La subida de precios de los materiales de la construcción debido al cierre del estrecho de Ormuz ha provocado que los gastos para las empresas concesionarias sea inasumible.
Desde febrero, el precio del betún, indispensable para el asfaltado, ha aumentado un 49% debido al conflicto de Oriente Medio, lo que provoca que empresas que ya tenían adjudicada una obra pública de carreteras se piensen dos veces si continuar con ella o no. El principal escollo se encuentra en la falta de revisión de precios por parte del ente público, que viene regulada por la Ley de Contratos del Sector Público, la cual impone que cualquier ejecución de obra realizada en el primer año de contrato no esté sujeta a revisión de precios. Es decir, todo lo que la empresa concesionaria construya durante los 12 primeros meses de obra queda excluido de una actualización de los costes de materiales: corren a cargo de la propia empresa concesionaria.
Esa es una de las principales quejas del sector, sobre todo después de que el Ministerio de Hacienda publicara en abril la resolución por la que quedaban actualizadas las tarifas del costo de materiales que cobra Tragsa al realizar una obra. El documento contempla la posibilidad de adoptar en septiembre una medida excepcional para revisar los precios con los que trabaja esta empresa pública, siempre y cuando la variación de los costes materiales supere el 20%: «La administración, para sus problemas, habilita soluciones, pero no para las empresas que tienen adjudicados los contratos«, explica a este periódico Arturo Coloma, secretario general de Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop). Esta asociación, que representa a más de 250 firmas andaluzas, pone de manifiesto el contraste entre las empresas privadas y Tragsa, y avisa de que el Plan Andaluz de Asfaltado, dotado con 140 millones de euros, está en grave peligro: «No es que las obras se vayan a paralizar, es que, si no se produce una revisión de precios, no van a llegar ni a arrancar», lamenta.
Además, es una constante el crecimiento de la cifra de negocio de esta empresa pública. En 2021, su facturación fue de más de 1.100 millones de euros. Aunque aún no han salido sus cuentas de 2026, Tragsa sí ha publicado su previsión de volumen de negocio para este año: 2.300 millones de euros, más del doble que en 2021. Respecto a este aumento de la actividad, en 2025 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) alertó de que para la utilización de medios propios por parte del estado debía haber motivos relevantes: recomendó evitar el uso sistemático de encargos y limitar la subcontratación de Tragsa para que no se convirtiera en un simple intermediario.
La coyuntura se produce después de un invierno en el que las fuertes lluvias deterioraron el estado de las carreteras españolas, que ya de por sí estaba en el peor momento de su historia: en julio de 2025 la Asociación Española de la Carretera explicó que más del 50% de esta infraestructura presentaba deterioros de gravedad, que el déficit de conservación vial superaba los 13.000 millones de euros y que el sobrecoste del combustible de los desplazamientos veraniegos derivado del mal estado viario superaría 270 millones de euros entre julio y agosto de aquel año. De hecho, en el pasado mes de abril, la patronal Seopan expresó que en la próxima década sería necesaria una inversión de en torno a los 58.000 millones de euros sólo para el mantenimiento y la conservación de esta infraestructura.
Pero la subida del betún no es lo único que afecta al asfaltado de carreteras. De hecho, Juan José Potti, presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas (Asefma), explica a este periódico que la subida de precios del combustible que usa la maquinaria para asfaltar ha sido de entre un 35-40%, lo que dificulta aún más el asfaltado de carreteras. Otras subidas como la del acero (8%) o el aluminio (14%) entre finales de febrero y principios de mayo afecta no sólo al asfaltado de carreteras, sino a todo el sector de la construcción: «El sector es un coche muy potente, pero con el freno de mano puesto, que es la falta de revisión de precios. Una de dos, o se quema el motor, o le quitamos ese freno para disponer de un sector fuerte», asegura en conversación con este periódico Pedro Fernández, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC).
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