Europa no deja de confirmar su endurecimiento en materia migratoria: en momentos en que la Comisión Europea se prepara para recibir a una delegación de talibanes en Bruselas para discutir cómo aumentar las deportaciones a Afganistán, el Parlamento Europeo y el Consejo, es decir, los Estados, han acordado este lunes el texto final del nuevo reglamento de retornos, que busca acelerar los tiempos y aumentar el número de migrantes irregulares expulsados de la UE.
El Consejo y el Parlamento Europeo acuerdan los términos del nuevo reglamento de retornos que allana el camino para enviar a los migrantes rechazados a terceros países fuera de la UE, incluidas familias con menores
Europa no deja de confirmar su endurecimiento en materia migratoria: en momentos en que la Comisión Europea se prepara para recibir a una delegación de talibanes en Bruselas para discutir cómo aumentar las deportaciones a Afganistán, el Parlamento Europeo y el Consejo, es decir, los Estados, han acordado este lunes el texto final del nuevo reglamento de retornos, que busca acelerar los tiempos y aumentar el número de migrantes irregulares expulsados de la UE.
La nueva ley europea, que todavía debe ser ratificada formalmente, abrirá además la posibilidad de crear centros de deportación en terceros países para migrantes rechazados en la UE, adonde se podrá enviar también a familias con menores, incluso si no tienen ninguna vinculación con la nación a la que son enviados.
“Este nuevo reglamento acelerará el proceso de retornos y aumentará el retorno de personas que no tienen el derecho legal de permanecer en la UE”, ha declarado al término de las casi tres horas de negociaciones a puerta cerrada el viceministro chipriota para Migración y Protección Internacional, Nicholas Ioannides, cuyo país ostenta este semestre la presidencia rotatoria del Consejo de la UE.
Se contaba con que el texto final sobre retornos, uno de los más controvertidos de las ya de por sí complicadas negociaciones migratorias, estuviera listo en mayo, pero las diferencias entre los negociadores de los Estados y del Parlamento Europeo sobre cuándo debía entrar en vigor trabaron las discusiones, según fuentes diplomáticas. Dada la complejidad de la normativa, el Consejo quería que los países tuvieran hasta dos años de plazo para poder adaptarse a la nueva ley, mientras que la Eurocámara quería una implementación inmediata. La solución de compromiso alcanzada este lunes es que el acuerdo entrará en vigor un día después de que sea publicado en el Diario Oficial de la UE, pero que los países tendrán hasta 12 meses de tiempo para aplicar algunas de las provisiones más complejas, que requieren entre otros ajustes tecnológicos o entrenamiento del personal responsable. Entre las medidas que podrán entrar en vigor de inmediato, no obstante, está la posibilidad de crear los centros de deportación, según fuentes conocedoras de las negociaciones.
Este reglamento es la última pieza del paquete migratorio europeo cuyo principal elemento, el Pacto Migratorio y de Asilo negociado durante más de una década, entra formalmente en vigor el 12 de junio. En febrero se adoptó formalmente la primera lista europea de países de origen seguro, así como la revisión del concepto de “tercer país seguro”, que también allana el camino a la creación de centros de deportación fuera de las fronteras europeas.
La normativa sobre los retornos “es la pieza que faltaba para la arquitectura migratoria” y contribuirá a “reforzar la credibilidad de la política migratoria de la UE, siempre en cumplimiento de los derechos humanos”, ha aseverado Ioannides frente a los cuestionamientos que han provocado algunas de las medidas entre organizaciones humanitarias, que ven una réplica de algunas de las prácticas más controvertidas del servicio estadounidense de inmigración ICE bajo el mandato del presidente Donald Trump.
El reglamento busca aumentar la cifra de personas que regresan a sus países de origen, una vez que se ha decretado que no califican para permanecer en la UE. El año pasado, la tasa de retornos fue de alrededor de 28%, en aumento respecto a años anteriores pero todavía demasiado baja, según los países más críticos con las actuales normas migratorias europeas.
En total, según las últimas cifras de Eurostat, en 2025, 719.395 personas estaban en la UE de forma irregular, un 21,7% menos respecto a 2024. Hasta 491.950 personas procedentes de terceros países recibieron una orden de abandonar la UE, lo que representa un aumento de 5,8% respecto al año anterior. De ellas, 135.460 fueron repatriados tras recibir una orden de salida de la UE, lo que supone un aumento del 20,9 % con respecto a 2024 y un cumplimiento de las órdenes de retorno de alrededor del 28%.
El nuevo reglamento permitirá la ejecución de la Orden Europea de Retorno (ORE), un formulario en el que los Estados miembros deben consignar los elementos fundamentales de la resolución de retorno. La idea es agilizar más aún el proceso al facilitar el reconocimiento mutuo de estas decisiones, ya que los Estados dispondrán de la información necesaria para reconocer la resolución de retorno de otro Estado miembro, según especifica la normativa. Por el momento sin embargo el reconocimiento de la ORE será voluntario.
También abre la puerta a que los países de origen de los inmigrantes expulsados que se nieguen a recibirlos —principal obstáculo actualmente para lograr que salgan de la UE— puedan sufrir consecuencias, desde restricciones en materia de visados a una revisión de las ayudas al desarrollo que reciben o de las relaciones comerciales si continúan rechazando su regreso. “Si Europa quiere tener el control sobre la migración, los terceros países no pueden seguir rechazando la cooperación sin afrontar consecuencias”, ha señalado el eurodiputado del partido ultra Demócratas de Suecia Charlie Weimers, negociador del acuerdo y miembro del grupo de Conservadores y Reformistas (ECR) de Giorgia Meloni. El sueco puso en evidencia a comienzos de año la estrecha cooperación del Partido Popular Europeo (PPE) con la ultraderecha del hemiciclo al confirmar la existencia de un grupo de Whatsapp sobre las negociaciones migratorias en el que también estaba incluida una legisladora de Alternativa para Alemania (AfD), lo que provocó un fuerte escándalo en Berlín.
El acuerdo político negociado tiene que ser ahora ratificado formalmente tanto por el Consejo como por la Eurocámara. Pero en vista del amplio apoyo al endurecimiento migratorio en las dos instituciones —España es de los pocos países que rema a contracorriente en esta cuestión— caben pocas dudas de que la normativa europea, la última pata del paquete migratorio europeo duramente negociado durante los últimos años, saldrá adelante.
El punto más controvertido del reglamento propuesto ha sido el permitir la creación de centros de deportación —eufemísticamente llamados hubs de retorno— en terceros países. No se trata de una obligación, sino de dejar vía libre a que los Estados miembro que así lo deseen —y son cada vez más, desde Italia a Dinamarca, pasando por Alemania o Países Bajos— puedan negociar con países extracomunitarios, por su cuenta o con apoyo de la Comisión, la creación de centros de este tipo adonde enviar a las personas que se ha decretado que no tienen derecho al asilo en territorio europeo. A comienzos de año, Berlín y La Haya lanzaron un “grupo de trabajo sobre modelos innovadores en terceros países” para buscar activamente Estados no comunitarios dispuestos a albergar este tipo de centros, en una iniciativa en la que ya trabajan con socios comunitarios como Austria, Dinamarca o Grecia.
En otro controvertido giro, a finales de marzo, el Parlamento Europeo, con los votos de los conservadores del Partido Popular Europeo (PPE) apoyados por las formaciones más a la derecha del hemiciclo —que ahora han celebrado de inmediato el acuerdo—, endureció aún más la normativa, al incluir la provisión de poder enviar a estos centros incluso a familias con menores, algo que no preveía la propuesta original de la Comisión.
La posición de la Eurocámara, que ha sido integrada en el texto final, también introducía nuevas obligaciones para los inmigrantes cuya solicitud de estancia en un país de la UE haya sido rechazada: deberán cooperar con las autoridades que decreten su retorno. Enfermedades que exigen un tratamiento médico o lazos familiares han sido eliminados como posibles motivos de aplazamiento de una orden de deportación forzosa y prácticamente inmediata, que según los críticos se convierte así casi en la única política de retorno para estas personas, que estarán también sujetas a severas sanciones por incumplimiento de dicha orden: podrán ser detenidos hasta por 30 meses si no cooperan o si existe peligro de que se fuguen, con medidas más drásticas aún en caso de personas consideradas un riesgo, incluida la posibilidad de una prohibición de entrada en territorio europeo de por vida.
Hay otro detalle significativo en este giro a la derecha continental en materia migratoria: a comienzos de año, Michael O’Flaherty, comisario de derechos humanos del Consejo de Europa, la organización paneuropea con sede en Estrasburgo, advertía de la necesidad de que una ley que permita la creación de estos controvertidos centros cuente con “salvaguardias en derechos humanos claras y efectivas” consistentes con las respaldadas por organismos internacionales. Y subrayaba la importancia de “excluir a niños, tanto no acompañados como con familias” en el envío a los centros de deportación (que ahora sí se permite), así como un “monitoreo independiente y efectivo” y el establecimiento de acuerdos con el tercer país “vinculantes bajo el derecho internacional” como única base para la creación de estos centros de deportación.
A mediados de mayo sin embargo, los gobiernos del Consejo de Europa, reunidos en Chisinau, aprobaron una declaración conjunta en la que se valida el derecho de los Estados a adoptar “nuevos enfoques” para afrontar las “llegadas masivas” de inmigrantes que cita expresamente los “centros de retorno en terceros países” como una de las alternativas legítimas.
A ello se une los preparativos ya en marcha para acoger en Bruselas a una delegación del gobierno talibán que Europa oficialmente no reconoce y al que no para de criticar por sus graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos en Afganistán, especialmente contra mujeres y niñas, para hablar de inmigración. A instancias de una veintena de miembros de la UE, que llevan meses presionando para que se busquen vías para poder deportar a afganos a su país de origen pese a la terrible situación desde el retorno de los talibanes en 2021, una delegación del régimen islamista afgano, encabezada por el portavoz del Ministerio de Exteriores, Abdul Qahar Balkhi, se reunirá con con funcionarios de alto nivel de la Comisión Europea, el Servicio de Acción Exterior (SEAE) y con representantes de algunos Estados miembros, como Suecia, según fuentes europeas.
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