Mientras la acampada de la Puerta del Sol sigue en pie y la presión estos últimos días ha empujado al Gobierno a aprobar dos decretos de vivienda, Rivas-Vaciamadrid ha echado el cerrojo a una de las vías que la Comunidad de Madrid abría para ampliar la construcción de pisos protegidos. El Ayuntamiento ha decidido en las últimas semanas que el aumento de hasta el 20% de la superficie edificable y del 30% del número de viviendas que contempla la norma autonómica solo podrá aplicarse en parcelas de titularidad pública. Los terrenos privados se quedan fuera, aunque los pisos que se levanten en ellos estén sujetos a un régimen de protección.
El Ayuntamiento reserva a las parcelas públicas los incrementos que permite la ley madrileña, mientras una inmobiliaria calcula que sus proyectos dejarían más de 70 pisos adicionales
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Mientras la acampada de la Puerta del Sol sigue en pie y la presión estos últimos días ha empujado al Gobierno a aprobar dos decretos de vivienda, Rivas-Vaciamadrid ha echado el cerrojo a una de las vías que la Comunidad de Madrid abría para ampliar la construcción de pisos protegidos. El Ayuntamiento ha decidido en las últimas semanas que el aumento de hasta el 20% de la superficie edificable y del 30% del número de viviendas que contempla la norma autonómica solo podrá aplicarse en parcelas de titularidad pública. Los terrenos privados se quedan fuera, aunque los pisos que se levanten en ellos estén sujetos a un régimen de protección.
El resultado se zanjó tras una votación dividida el 24 de septiembre, en la que -el partido gobernante- Izquierda Unida (IU), Más Madrid, Verdes Equo y el Partido Socialista sumaron 14 votos favorables. Los diez concejales del Partido Popular, Vox y la concejala no adscrita votaron en contra de esa aplicación.
¿De qué consta esta ley? La norma, aprobada por la Comunidad de Madrid el 11 de junio, permite ampliar promociones de vivienda protegida sin cambiar el planeamiento urbanístico cuando se cumplen sus requisitos. Distingue entre la edificabilidad, que determina cuánto se puede construir, y la densidad, que limita el número de viviendas. Los aumentos máximos son del 20% y del 30%, respectivamente, y pueden materializarse con hasta dos plantas adicionales.
En ese contexto, cada ayuntamiento tiene cuatro meses desde su entrada en vigor para aplicarla, descartarla o limitarla. El de Rivas, gobernado por IU desde hace más de tres décadas, ha optado por reservarla a parcelas públicas, ya sean municipales, autonómicas, estatales o de organismos y empresas públicas. Eso deja fuera todo el suelo privado, incluso cuando lo que se construye son viviendas protegidas de cooperativas. El pleno rechazó además otra posibilidad de la norma, habilitar alojamientos temporales en determinadas parcelas industriales.
Rivas afronta este debate con los precios de la vivienda disparados en su zona. Según último informe Tinsa sobre el área metropolitana de Madrid, entre 2020 y 2025 el encarecimiento alcanzó 41,9%, una cifra muy por encima del registrado en Getafe o San Fernando de Henares. Es más, el municipio figura ya entre los diez más caros de la Comundad de Madrid, incluida la capital, y es el único al sur de Madrid que aparece en esa lista.
Fuentes del sector inmobiliario sitúan el impacto de esta decisión en proyectos de vivienda protegida sobre suelo privado ya urbanizado, en la zona sur de Cristo de Rivas, al sur de la avenida de la Democracia. Hablan de más de 70 viviendas protegidas y advierten de que la exclusión de esos terrenos impide aprovechar los incrementos previstos por la ley para ampliar la oferta. No se trata de que las viviendas ya previstas dejen de construirse, sino de que esos proyectos quedan fuera de la posibilidad de sumar más pisos mediante esta vía.
Ante esto, desde el Ayuntamiento defienden que su decisión busca «garantizar el control sobre la edificabilidad y la titularidad pública de las viviendas protegidas que se construyan en el municipio». Según sostienen en la nota difundida tras el pleno, vincular estos incrementos a suelos públicos permite también «la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones».
Además, señalan que ya ha puesto en marcha su Plan Estratégico Municipal de Vivienda y Suelo. Según la misma nota, en julio licitó las tres primeras parcelas dotacionales para construir más de 500 viviendas públicas de alquiler, con precios estimados de entre 450 y 900 euros. Estas promociones se sumarán a un parque público que, de acuerdo con el Ayuntamiento, cuenta actualmente con 758 viviendas.
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