Poco ha durado la tranquilidad y la certeza a los propietarios que andan estos días pendientes de cualquier novedad en el mercado del alquiler. Tras la caída en el Congreso de los Diputados de los dos decretos Maricarmen aprobados por el Gobierno la semana pasada, muchos daban por concluidos los sobresaltos, pero el anuncio de adelanto electoral realizado ayer por el presidente del Gobierno ha vuelto a agitar el tablero de juego. La convocatoria prevista para el 29 de noviembre coloca a la vivienda como el marco en el que se jugarán los comicios, pero además viene acompañada de la intención del Ejecutivo, ahora en funciones, de reflotar de nuevo los dos decretos y llevarlos a la Diputación Permanente de la Cámara Baja donde se espera que al menos uno de ellos, el primero, ahora sí salga adelante y esté vigente hasta después de la contienda electoral. De modo que la intranquilidad y la inseguridad volvieron ayer al mercado, donde muchas de las firmas que se estaban retomando con el inicio de mes han vuelto a la parálisis a la espera de que se esclarezca qué ocurre con las normas.
La incertidumbre se ha instalado en el funcionamiento cotidiano del mercado del alquiler, con contratos paralizados en su firma y consultas que no dejan de llegar a los despachos de abogados
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Poco ha durado la tranquilidad y la certeza a los propietarios que andan estos días pendientes de cualquier novedad en el mercado del alquiler. Tras la caída en el Congreso de los Diputados de los dos decretos Maricarmen aprobados por el Gobierno la semana pasada, muchos daban por concluidos los sobresaltos, pero el anuncio de adelanto electoral realizado ayer por el presidente del Gobierno ha vuelto a agitar el tablero de juego. La convocatoria prevista para el 29 de noviembre coloca a la vivienda como el marco en el que se jugarán los comicios, pero además viene acompañada de la intención del Ejecutivo, ahora en funciones, de reflotar de nuevo los dos decretos y llevarlos a la Diputación Permanente de la Cámara Baja donde se espera que al menos uno de ellos, el primero, ahora sí salga adelante y esté vigente hasta después de la contienda electoral. De modo que la intranquilidad y la inseguridad volvieron ayer al mercado, donde muchas de las firmas que se estaban retomando con el inicio de mes han vuelto a la parálisis a la espera de que se esclarezca qué ocurre con las normas.
Ni siquiera el requiebro jurídico parece claro. La Diputación Permanente del Congreso es el órgano que queda encargado de velar por los poderes de la Cámara cuando ésta no está reunida. Su función es convalidar decretos ley cuando se entiende que son de urgencia y necesidad, pero no sustituir lo expresado por el Parlamento ni mucho menos contradecirlo. Su composición actual, con 69 miembros, permitiría al Gobierno y a sus socios sacar adelante el primero de los decretos en liza si todos los partidos mantuvieran la posición de la semana pasada. Sin embargo, en esa misma hipótesis, volvería a echar para atrás el segundo, que es el que más preocupación genera entre los propietarios y caseros.
«Estamos colapsados», reconoce Sandra Aurrecoechea, abogada experta en derecho inmobiliario y socia de Marín y Mateo Abogados. En la oficina llevan días atendiendo consultas y peticiones de arrendadores y arrendatarios que no saben cómo actuar. «Hay mucha incertidumbre. Estamos teniendo una avalancha de propietarios que nos piden que enviemos un burofax a sus inquilinos transmitiendo su disposición a no renovar ni prorrogar los contratos, aunque esos contratos se acaben dentro de cuatro años. Quieren dejar constancia de su oposición ante la duda de que los decretos puedan salir adelante. Su sensación ahora es que quieren recuperar la propiedad y no volver a alquilarla», transmite al otro lado del teléfono. También sus clientes inquilinos, aunque son menos numerosos, optan por el envío de burofaxes para solicitar la prórroga del contrato.
Sobre las posibilidades jurídicas que tiene la maniobra del Gobierno, Aurrecoechea apunta que el principal escollo es que el Congreso acaba de derogarlos. «Volver a plantear a la Diputación permanente la misma normativa nos situaría en la línea de la inconstitucionalidad. Tendrían que presentar unos textos diferentes a los que se llevaron la semana pasada a la Cámara o bien plantear sólo algunas de las medidas que contenían para justificar la urgencia y la necesidad del mecanismo», señala la letrada.
En su línea se sitúa también Carlos Sánchez, responsable jurídico de Alquiler Seguro, que considera que, «a nivel jurídico, roza el fraude de ley, pero además, en el mercado, introduce lo que yo denomino la triple i: incertidumbre, inseguridad jurídica e inestabilidad social galopante». Sánchez reconoce que en el sector «hay preocupación» y advierte de que no solo afecta a los propietarios, sino también y sobre todo a los inquilinos, «a quienes deja en mayor situación de vulnerabilidad porque la oferta de vivienda seguirá menguando y sus posibilidades se estrecharán». Además de estos efectos, lo peor para el experto es que «se usa un tema muy sensible como es la vivienda para hacer campaña política».
El malestar por el utilitarismo de un problema como el que plantea el acceso a la vivienda en España es compartido por todo el sector, donde creen que el intento de capitalizar el malestar social de la calle por parte del PSOE podría tener un efecto boomerang. «Entre sus votantes hay también muchos propietarios y legislar contra ellos, con medidas que les perjudican, puede restarle papeletas», apuntan las fuentes consultadas.
«Si el segundo decreto sale adelante, los caseros retirarán sus casas del mercado y los que se mantengan, o bien subirán los precios de alquiler para compensar la posibilidad de que en un futuro tengan que indemnizar a los inquilinos, o bien exigirán más requisitos a los arrendatarios para evitar la vulnerabilidad», indica Lorenzo Colino, consejero delegado de Renta Garantizada.
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