Fue su primera comparecencia pública tras el accidente en Urda (Toledo) y lo hizo desde el centro de control que Adif tiene en la estación madrileña de Atocha. Eran momentos de muchas dudas y gran tensión y el dimitido ministro Óscar Puente atendió a los medios de comunicación visiblemente nervioso. Algunas de las palabras que pronunció en aquella comparecencia pueden ser constitutivas de delito, según lo que cree que el sindicato Alternativa Ferroviaria (Alferro).
Identifica dos declaraciones del dimitido ministro, anteriores a la filtración de los audios, y pide investigar si divulgó información reservada
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Fue su primera comparecencia pública tras el accidente en Urda (Toledo) y lo hizo desde el centro de control que Adif tiene en la estación madrileña de Atocha. Eran momentos de muchas dudas y gran tensión y el dimitido ministro Óscar Puente atendió a los medios de comunicación visiblemente nervioso. Algunas de las palabras que pronunció en aquella comparecencia pueden ser constitutivas de delito, según lo que cree que el sindicato Alternativa Ferroviaria (Alferro).
«Hemos escuchado unas grabaciones que se extraen de las comunicaciones». Esta frase de Puente, pronunciada antes de que los audios fueran difundidos por los medios de comunicación, es uno de los dos pasajes de su primera comparecencia que Alferro ha decidido llevar ante la Fiscalía del Tribunal Supremo. El sindicato cree que el exministro anticipó públicamente parte del contenido de las conversaciones entre el centro de control de Adif y los maquinistas.
El escrito, fechado el 2 de noviembre y al que ha tenido acceso EL MUNDO, identifica al segundo los momentos que considera relevantes. Puente hablaba desde el centro de control de Adif en Atocha. A las 15.03.13 horas, preguntado por las conversaciones anteriores al choque, reconoció que habían escuchado las grabaciones, aunque aseguró desconocer qué había ocurrido exactamente entre la autorización para reanudar la marcha y el impacto.
Seis minutos después, a las 15.09.07 horas, llegó el segundo pasaje, más comprometido a juicio del denunciante. El ministro explicó que también habían revisado las comunicaciones con otros trenes detenidos por la caída del sistema de seguridad LZB. En uno de esos casos, el centro de control había impartido una instrucción equivocada y fue el propio maquinista quien la corrigió: «No puede ser marcha normal, tiene que ser marcha a la vista». El trabajador de Adif habría rectificado: «Ah, sí. Marcha a la vista». «Y eso es lo que hemos escuchado», remató Puente.
El intercambio que reprodujo no correspondía al AVE que acabó chocando, sino a otro de los trenes afectados. Pero la diferencia entre circular con «marcha normal» o «marcha a la vista», que obliga a hacerlo a una velocidad que permita detenerse ante cualquier obstáculo, es una de las claves de la tragedia.
Los audios originales comenzaron a difundirse alrededor de las 21.00 horas de aquel miércoles, casi seis horas después de las declaraciones del ministro. Alferro no acusa directamente a Puente de haber facilitado los archivos a los medios, sino de revelar verbalmente información procedente de registros operativos de Adif que podría encontrarse sometida a una obligación de reserva.
La denuncia invoca el artículo 417 del Código Penal, relativo a la revelación de información reservada por autoridades y funcionarios, y plantea, en su caso, la aplicación del artículo 466, referido a determinadas divulgaciones de actuaciones judiciales declaradas secretas. Su aplicación, sin embargo, dependerá de que se acrediten los requisitos legales: entre ellos, la existencia de un deber de confidencialidad y, para el segundo supuesto, la posible incorporación de las grabaciones a las actuaciones judiciales protegidas.
Por eso Alferro solicita seis diligencias de investigación. Pide que se obtenga el vídeo íntegro de la comparecencia y que el Ministerio de Transportes y Adif expliquen quién facilitó al ministro las grabaciones, cuándo tuvo acceso a ellas y mediante qué procedimiento. También reclama examinar los protocolos de custodia y confidencialidad, determinar la hora exacta en que se decretó el secreto judicial y reconstruir la secuencia de publicaciones periodísticas.
La organización, minoritaria en Renfe y dirigida por Alfonso González Arias, abre así otro frente para el ministro. Vox ya había presentado el 29 de octubre una querella contra Puente por presuntos homicidios y lesiones por imprudencia grave, mientras que el Sindicato de Circulación Ferroviario había denunciado ante el juzgado de Orgaz la filtración de los audios sin dirigirse personalmente contra él.
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