Inmediatamente. Si llegan a La Moncloa después del 29-N, los de Alberto Núñez Feijóo derogarán «en el minuto uno» el real decreto de centros de datos que aprobó ayer el Consejo de Ministros. De hecho, el Partido Popular ya trabaja en un marco alternativo que, según ha podido saber EL MUNDO, vinculará el despliegue de estas infraestructuras a la creación de empleo duradero y de alta cualificación en el país.La propuesta responde a una realidad: los centros de datos generan miles de puestos durante su construcción, pero una vez terminados esas cifras pierden dígitos. Esta dinámica, precisamente, ha pesado en contra de los centros de datos frente a otros sectores en la balanza del Gobierno de Pedro Sánchez que los ha situado, a golpe parches regulatorios, a la cola de la competición por una red eléctrica colapsada, rompiendo el habitual sistema de que el primero en llegar es el primero en obtener conexión.
La formación ‘popular’ se ha comprometido a derogar «en el minuto uno» la norma de los ‘data center’ que aprobó ayer el Gobierno de Pedro Sánchez
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Inmediatamente. Si llegan a La Moncloa después del 29-N, los de Alberto Núñez Feijóo derogarán «en el minuto uno» el real decreto de centros de datos que aprobó ayer el Consejo de Ministros. De hecho, el Partido Popular ya trabaja en un marco alternativo que, según ha podido saber EL MUNDO, vinculará el despliegue de estas infraestructuras a la creación de empleo duradero y de alta cualificación en el país.
La propuesta responde a una realidad: los centros de datos generan miles de puestos durante su construcción, pero una vez terminados esas cifras pierden dígitos. Esta dinámica, precisamente, ha pesado en contra de los centros de datos frente a otros sectores en la balanza del Gobierno de Pedro Sánchez que los ha situado, a golpe parches regulatorios, a la cola de la competición por una red eléctrica colapsada, rompiendo el habitual sistema de que el primero en llegar es el primero en obtener conexión.
La estrategia del PP es otra. Las líneas maestras que implantará tras el 29-N, si la aritmética parlamentaria se lo permite, pasan por obtener de gigantes como Microsoft, Amazon, Meta o Google, que ya han anunciado inversiones multimillonarias en España, un compromiso equivalente con el empleo de larga duración. ¿El objetivo? Que su huella no se limite a contratar albañiles, encofradores o electricistas durante las obras.
En la fase de madurez de las instalaciones, el efecto en el empleo debería traducirse también en centros de innovación, laboratorios de I+D u otras actividades capaces de sostener la plantilla, preferiblemente en las regiones que acogen los proyectos. «No nos podemos conformar con acoger centros de datos, sino que estas infraestructuras tienen que derivar en un ecosistema de innovación, en centros de alta cualificación».
Aragón, el gran polo del sector en España, ilustra bien el desfase. El Gobierno de Jorge Azcón cifra en más de 52.600 millones de euros la inversión comprometida por los centros de datos en la región, y EL MUNDO ha tenido acceso a los datos de las Declaraciones de Interés Autonómico que ha aprobado para estos proyectos. Las nueve que desglosan el empleo directo por fases suman unos 9.200 trabajadores durante las obras, pero apenas 2.170 cuando las instalaciones estén operativas: menos de uno de cada cuatro. Hay casos extremos. El campus Epilón de Box2Bit, en Épila, supone un desembolso de 3.900 millones y ocupará a 550 personas mientras se construye y a 63 cuando funcione, casi 62 millones por cada puesto de operación. El proyecto Rodhes, en Calatorao, movilizará 11.800 millones para 200 empleos directos de operación y mantenimiento. Incluso la ampliación de AWS, que eleva su apuesta en la comunidad a 33.700 millones, prevé 4.000 empleos directos en una década.
Lo cierto es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez también ha ligado la instalación de centros de datos a criterios socioeconómicos, entre ellos el empleo, pero indirectamente y en aquellos puntos de la red reservados a concurso, o lo que es lo msimo, nudos altamente tensionados. El real decreto aprobado ayer se centra en exigencias ambientales y de soberanía digital, las cuales son «imposibles de cumplir, según la patronal Spain DC.
¿Tumbarían la norma en los primeros 100 días de Gobierno? «Antes», responden fuentes de la formación popular. «El decreto de Pedro Sánchez supone la aniquilación del sector por motivos ideológicos. La derogaremos en uno de los primeros consejos de ministros, en cuanto formemos Gobierno».
Está por ver cómo materializa el PP ese compromiso en sus negociaciones con los gigantes tecnológicos, un sector que ha demostrado una intensa aversión a cualquier amago de control regulatorio dentro y fuera de Europa. Aunque no partirán de cero. Australia aprobó en marzo un marco de «expectativas» para centros de datos e infraestructura de IA que condicionaba la licencia social de los proyectos, y su prioridad en la tramitación, a cinco compromisos, entre ellos invertir en empleo y formación locales. «Junto a la adicionalidad energética, esperamos adicionalidad en capacidades», resumió el ministro de Industria australiano, Tim Ayres.
En Europa, la fórmula ha sido más bien la de pactos voluntarios con las grandes tecnológicas. En la cumbre Choose France de 2024, París logró que Microsoft sellase un desembolso de 4.000 millones de euros, un paquete que incluía ampliar sus centros de datos, formar en IA a un millón de personas hasta 2027 y apoyar a 2.500 startups locales. Reino Unido, por su parte, reunió en 2025 a una decena de gigantes, de Amazon a Google, con el objetivo de formar en IA a 7,5 millones de trabajadores de aquí a 2030.
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