La regularización masiva impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez ha comenzado con «una pésima planificación» constatada en sus primeros días. Así lo ha denunciado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las administraciones públicas, que además ha advertido de los sucesivos «problemas infórmáticos» y que el proceso se está realizando con «medios materiales y personal insuficiente y mal formados».
Denuncia que la «pésima planificación» y las «instrucciones confusas» del procedimiento extraordinario desembocan en demoras, trabajo acumulado y desorden
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La regularización masiva impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez ha comenzado con «una pésima planificación» constatada en sus primeros días. Así lo ha denunciado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las administraciones públicas, que además ha advertido de los sucesivos «problemas infórmáticos» y que el proceso se está realizando con «medios materiales y personal insuficiente y mal formados».
Los delegados del sindicato presentes en las oficinas de Extranjería, de Seguridad Social y de Correos habilitadas para realizar los trámites de este proceso han constatado «la carencia de medios y la improvisación ya habitual de la Administración» en este tipo de procedimientos, según han indicado en un comunicado.
Entre los principales fallos que han identificado, CSIF destaca los problemas en la red y, de forma principal, en la plataforma Mercurio, donde se tramitan las solicitudes de los inmigrantes que quieren regularizar su situación. «Se trata de un programa informático de 2022, utilizado para cuestiones de Extranjería en los últimos años y que únicamente deja adjuntar 15 Mb de documentos«, explican. Estos problemas han desembocado en «apagones totales del sistema» y, en algunos casos, se han saldado con el cierre de alguna oficina de Correos.
Asimismo, el sindicato señala la falta de planificación de citas como rémora en el avance de la tramitación y apunta al Gobierno, que ha «ordenado que se atienda a todo el mundo», por la demora en los tiempos previstos para cada solicitud. «A una misma cita se presentan varios miembros de una unidad familiar para regularizar su situación, lo que provoca retrasos y demoras […] superando así los 20 minutos previstos por cita». Por este motivo, explican en su comunicado, se dan casos de oficinas de Seguridad Social y Extranjería que cierran incluso a las 21.00h (dos horas más tarde de lo previsto).
Por otra parte, «los efectivos que se están ocupando de la tramitación del proceso de regularización son insuficientes, lo que está provocando colas en ayuntamientos, oficinas de Correos y otras instancias para realizar la regularización», denuncian.
Pero lo más conflictivo es la mala formación de estos efectivos, que en algunos casos «se forman in situ, consultando a última hora dudas sobre documentación y trámites porque las instrucciones recibidas son confusas«.
Además, «Correos no ha tenido en cuenta la afluencia de migrantes en localidades menores de 50.000 habitantes, cuyas oficinas no están debidamente habilitadas como Prestador de Servicios de Interés Económico General (SIEG)».
Todo esto confluye en una situación donde el trabajo se acumula y retrasa más el proceso. «Con el fin de aliviar la carga de trabajo», apunta CSIF, «el Ministerio de Política Territorial se ha visto obligado a impulsar un Plan Especial para resolver trámites de Extranjería previos al proceso masivo de regularización, con el fin de aliviar la carga de trabajo», si bien desde un primer momento el Gobierno aseguró que la regularización extraordinaria no retrasaría ni afectaría a los trámites que ya estaban en marcha en estas oficinas con anterioridad al anuncio de la medida y su puerta en marcha.
«Este escenario evidencia una vez más la falta de músculo de nuestra Administración, a la que se le vuelven a ver las costuras en momentos de máxima actividad», denuncia CSIF. El sindicato pide al Ministerio de la Función Pública (Óscar López) a que «se tome en serio las necesidades de nuestra Administración y se comprometa a aprobar una oferta de empleo público adecuada», sobre todo de cara a la segunda etapa de la regularización, ya entrado julio, cuando se trasladen al «al SEPE, Seguridad Social, Justicia (por petición de nacionalidad), Interior (solicitudes de residencia), etc» las «situaciones de desbordamiento».
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