<p class=»ue-c-article__paragraph»>El pasado 5 de marzo de 2025, el Ministerio de Justicia convocó cuatro nuevas plazas de fiscales de Sala, es decir, fiscales de la máxima categoría del Ministerio Público. Se trata de la Fiscalía de Sala de Violencia contra la Mujer, tras la designación de la fiscal <strong>Teresa Peramato</strong> como jefa de la Sección Penal; la Fiscalía de Sala de Seguridad Vial, tras el fallecimiento del fiscal <strong>Luis del Río</strong>, y dos plazas de nueva creación: fiscal de Sala coordinador de Delitos Económicos y fiscal de Sala coordinador de Delitos contra la Administración Pública.</p>
El Gobierno convoca la plaza de nueva creación de fiscal de Sala coordinador de Delitos contra la Administración Pública.
El pasado 5 de marzo de 2025, el Ministerio de Justicia convocó cuatro nuevas plazas de fiscales de Sala, es decir, fiscales de la máxima categoría del Ministerio Público. Se trata de la Fiscalía de Sala de Violencia contra la Mujer, tras la designación de la fiscal Teresa Peramato como jefa de la Sección Penal; la Fiscalía de Sala de Seguridad Vial, tras el fallecimiento del fiscal Luis del Río, y dos plazas de nueva creación: fiscal de Sala coordinador de Delitos Económicos y fiscal de Sala coordinador de Delitos contra la Administración Pública.
Entre estas cuatro vacantes de fiscales de la máxima categoría, que serán próximamente propuestos para su elección por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, hay una plaza que desata especial preocupación en el seno de la Carrera Fiscal. Se trata del fiscal coordinador de Delitos contra la Administración Pública, una unidad que dentro de la Fiscalía Anticorrupción ven con absoluto recelo, ya que consideran que se pretende poner en marcha «una fiscalía paralela» para que desde la Fiscalía General del Estado se ejerza «un mayor control» sobre los casos de corrupción más sensibles.
Fuentes fiscales consultadas por EL MUNDO también destacan el momento elegido por el Gobierno de Pedro Sánchez para la creación de esta plaza de fiscal de Sala, es decir, cuando se encuentra cercado por causas de corrupción que afectan a su familia -como son el caso Begoña y el de David Sánchez– o a su Gobierno -el denominado caso Koldo que investigan tanto el Tribunal Supremo como la Audiencia Nacional-. La plaza se creó vía real decreto, con «extraordinaria urgencia», en vez de través de una norma jurídica con rango de ley.
En el departamento que dirige el fiscal de Sala Alejandro Luzón, la idea mayoritaria es que, con la creación de esta unidad, se van a dejar de asignar casos que en la actualidad correspondería investigar a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, conocida también como Anticorrupción. No creen que haya riesgo de arrebatar los que ya están en curso, pero sí de cara a un futuro.
Distintos fiscales Anticorrupción creen que, a través de la Fiscalía especializada en delitos contra la Administración Pública, lo que verdaderamente se pretende es que el actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pueda «controlar» los casos de corrupción más delicados desde Fortuny.
Cuando haya un procedimiento que quieran investigar ambas Fiscalías -Anticorrupción y Delitos contra la Administración Pública- será García Ortiz quién decida sobre la competencia. El artículo 19 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) regula que la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada interviene en los casos «siempre que se trate de supuestos de especial trascendencia, apreciada por el fiscal general del Estado».
La Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera fiscal, emitió la semana pasada un duro comunicado donde señaló que el fiscal coordinador de Delitos contra la Administración Pública se trata de una «figura innecesaria y perturbadora por su posible colisión con las competencias de otros órganos del Ministerio Fiscal». Además, fuentes fiscales dan por sentado que García Ortiz designará a un fiscal afín en la citada plaza dentro del proceso de «colonización» de la institución que ha llevado a cabo el fiscal general, imputado en la actualidad por un delito de revelación de secretos.
Sobre su imputación por la presunta filtración de datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso, la Asociación de Fiscales argumentó que «no es de recibo que el fiscal general del Estado vaya a decidir el nombramiento de la persona que habrá de ocuparse de unificar los criterios de actuación del Ministerio Fiscal sobre unos delitos como, por ejemplo, la violación de secretos, por el que el propio fiscal General del Estado está siendo investigado».
Este colectivo destacó: «Nos negamos a creer que el fiscal general del Estado no sea consciente de esta paradójica situación, que roza el sarcasmo, cuando no el escarnio a la propia Carrera Fiscal y a la sociedad a la que nos debemos». «No debe seguir en el cargo ni un minuto más», agregaron.
De momento, no hay fecha fijada para que las nuevas cuatro plazas de fiscal de Sala sean llevadas al Consejo Fiscal, pero fuentes fiscales apuntan a que los nombramientos se llevarán acabo probablemente en el mes de abril.
España
