La Comisión Marítima Federal (FMC en sus siglas en inglés), la agencia federal independiente que regula el transporte marítimo en el comercio exterior de EEUU, ha propuesto este miércoles aplicar un recargo de 200.000 dólares a cada barco español que quiera operar en puertos estadounidenses así como una serie de restricciones comerciales a productos españoles como la cerámica, el aceite o los cosméticos, además de artículos de piedra y azúcar y confitería. La decisión no ha sido adoptada todavía y es la respuesta a la decisión de prohibir el uso de instalaciones a los barcos con destino u origen Israel con material de Defensa.
La Comisión Marítima Federal, que no ha tomado la decisión final, sostiene que se crearon «condiciones marítimas desfavorables» al no permitir el acceso a puerto a tres buques estadounidenses por llevar material de Defensa con origen o destino en Israel
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La Comisión Marítima Federal (FMC en sus siglas en inglés), la agencia federal independiente que regula el transporte marítimo en el comercio exterior de EEUU, ha propuesto este miércoles aplicar un recargo de 200.000 dólares a cada barco español que quiera operar en puertos estadounidenses así como una serie de restricciones comerciales a productos españoles como la cerámica, el aceite o los cosméticos, además de artículos de piedra y azúcar y confitería. La decisión no ha sido adoptada todavía y es la respuesta a la decisión de prohibir el uso de instalaciones a los barcos con destino u origen Israel con material de Defensa.
La legislación estadounidense da poderes a la FMC para investigar y reaccionar para «contrarrestar o ajustar» condiciones desfavorables para el transporte marítimo que provengan de las leyes o reglamentos de otro país. Y «tras investigar informes sobre prácticas portuarias restrictivas por parte del Gobierno de España», la Comisión «ha determinado que España ha creado condiciones marítimas desfavorables para los buques con bandera estadounidense. En consecuencia, la CMF propone medidas correctivas para contrarrestar dichas condiciones, incluyendo el cobro de tasas a todos los buques con bandera española y la restricción de la importación de ciertos productos».
El aviso insiste en que la investigación no trata de las sanciones de España Israel, sino de la «fiabilidad de la cadena de suministro», y concluye que en la práctica España mantiene una política que impide a buques estadounidenses atracar, por lo que muchos han dejado de hacer escala en puertos nacionales y se desviaron, por ejemplo, a Tánger.
En realidad, no entra en las razones, sino que simplemente concluye que las condiciones para EEUU son por todo ello «desfavorables» y como consecuencia abre la puerta a posibles multas y sanciones. «Estas condiciones desfavorables tienen graves consecuencias para la eficiencia y fiabilidad de la cadena de suministro del transporte marítimo internacional, así como para la capacidad de la FMC de promover el crecimiento y desarrollo de las exportaciones estadounidenses, fomentar el desarrollo de una flota de buques de línea estadounidenses capaz de satisfacer las necesidades de seguridad nacional y apoyar el comercio, y respaldar la marina mercante estadounidense», dice la resolución.
El proceso no es nuevo. La investigación se abrió en diciembre de 2024 y el detonante fue que España negó acceso a puerto en noviembre de ese año a tres buques estadounidenses del programa de seguridad marítima (MSP) por llevar carga con origen o destino en Israel, aplicando las restricciones al comercio de armas en el contexto de la guerra de Gaza. Ahora, la agencia propone una posible sanción que obligaría de materializarse a pagar 200.000 dólares adicionales a cada embarcación. Pero no es un proceso cerrado. De momento es una propuesta de norma (notice of proposed rulemaking), no una decisión firme. Las sanciones solo entrarían en vigor si la FMC da el paso final, algo que no ocurriría en todo caso antes de final de año como poco.
Con la notificación de hoy se abre un plazo de comentarios de 60 días e igualmente, España puede solicitar una audiencia ante la Comisión. El Gobierno español ya respondió a la apertura del expediente sosteniendo que esta comisión no tiene ninguna jurisdicción, apuntando que es una cuestión diplomática que debe ser abordada a través del Departamento de Estado y explicó que estaba obligada a esas acciones en los puertos por la ley española y europea. Añadiendo que no hay ninguna discriminación hacia buques estadounidenses, que pueden operar en aguas e instalaciones españolas con total normalidad. Salvo que lleven o traigan carga de Israel.
«España presentó un comentario en respuesta a la notificación de la Comisión de diciembre de 2024, pero no a la de diciembre de 2025. En su comentario, España argumentó que la Comisión no tiene potestad para obligarla a participar en este procedimiento, que la Comisión carece de jurisdicción sobre España debido a su inmunidad soberana y que la solución apropiada es que la Comisión busque una solución diplomática a través del Secretario de Estado de los Estados Unidos. Además, España alegó que debe cumplir con las leyes españolas, de la UE e internacionales que le exigen impedir el tránsito de bienes de defensa y de doble uso por sus puertos, y que lo está haciendo de manera no discriminatoria», dice la documentación de la FMC.
Sin embargo, los técnicos estadounidenses sostienen que «los argumentos de España no abordan las cuestiones planteadas por la Comisión, y la soberanía indiscutible de España para actuar dentro de sus fronteras no afecta la autoridad de la Comisión para investigar y regular las condiciones desfavorables para el transporte marítimo exterior estadounidense en virtud del Capítulo 421″.
La Comisión admite que no puede obligar a España a participar en este procedimiento, si bien ha vuelto a invitar a que lo haga ahora en tiempo y forma. Pero al mismo tiempo insiste en que «la potestad de la Comisión para remediar las condiciones desfavorables para el transporte marítimo en el comercio exterior es la potestad de actuar dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos. La Comisión puede denegar la entrada de buques a Estados Unidos, imponer tasas a los buques que lleguen a Estados Unidos y adoptar otras medidas apropiadas para ajustar o subsanar condiciones marítimas desfavorables. La Comisión no puede obligar a España a adoptar ninguna medida ni a derogar ninguna ley o reglamento español o de la UE. Del mismo modo, España no puede vulnerar la soberanía de Estados Unidos exigiendo a la Comisión que adopte o se abstenga de adoptar ninguna medida», zanja.
La investigación de la Comisión se centra en si las condiciones creadas por España dan lugar a condiciones desfavorables que afectan al transporte marítimo en el comercio exterior, y no en si España estaba obligada por su propio ordenamiento jurídico a crear esas condiciones. El texto recalca que por ser un asunto de política exterior, no estaría obligada a abrir consulta pública, pero decide hacerlo voluntariamente. La anterior consulta, la de diciembre de 2024, recibió nada menos que 8.000 comentarios. Muchos fueron de organizaciones palestinas, por ejemplo. Pero también varios congresistas estadounidenses lo hicieron posicionándose con España.
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