El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el reparto de 30 millones de euros en ayudas directas e inmediatas, complementarias a las indemnizaciones y un sistema de anticipos por responsabilidad civil para las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), donde hasta el momento se contabilizan 69 fallecidos. Este escudo económico se ejecutará «sin grandes novedades», según ha expresado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, porque seguirá el mismo esquema que el establecido para el accidente de Adamuz (Córdoba) el pasado enero.
En el paquete de medidas se añaden topes a los precios de transportes alternativos y contemplar las bajas laborales derivadas del suceso como «accidente de trabajo»
Audio generado con IA
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el reparto de 30 millones de euros en ayudas directas complementarias a las indemnizaciones y un sistema de anticipos de indemnizaciones por responsabilidad civil para las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo). Este escudo económico se ejecutará «sin grandes novedades», según ha expresado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, porque seguirá el mismo esquema que el establecido para el accidente de Adamuz (Córdoba) el pasado enero. Entonces se contempló que en el caso de los fallecidos se entregaran a sus beneficiarios 72.121,46 euros en ayuda no reembolsables. Para los heridos, una compensación que irá de un mínimo de 2.404,04 euros a un máximo de 84.141,70 euros en función del baremo de los daños recogido en el Real Decreto correspondiente.
Así lo ha anunciado el ministro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros donde estaba presente también la ministra portavoz, Elma Saiz. Puente ha añadido, entre los detalles del programa, que las bajas laborales de los trabajadores afectados por el accidente tendrán la consideración de «accidente de trabajo» desde el día del suceso, de modo que podrán percibir las prestaciones correspondientes.
Tal y como sucedió en Adamuz, el ministro ha insistido en que las víctimas «no pueden esperar a que tramiten los procedimientos judiciales», por lo que ha comunicado que estas ayudas tienen un carácter urgente, no serán reembolsables, están exentas de tributación y son compatibles con otras ayudas.
En la que ha sido su tercera comparecencia con motivo del accidente ferroviario en Urda (Toledo) del pasado miércoles, Puente ha recalcado que los precios de los transportes alternativos se han disparado a raíz del accidente, motivo por el que se han aprobado mecanismos de control de costes en este martes.
Ayer Pedro Sánchez adelantó que el «escudo de ayudas» económica tendría «cuatro ejes», basado en el que se activó tras los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). Estos cuatro puntos principales serían «un esquema de ayudas que dobla la cuantía del seguro obligatorio de pasajeros«, «un mecanismo específico de anticipo de indemnizaciones«, «un procedimiento de incapacidad temporal específico para dar cobertura mejorada a las víctimas del accidente» y «la puesta en marcha de oficinas de atención integral y personalizada en las delegaciones y en las subdelegaciones de las comunidades autónomas de residencia de las personas afectadas».
En aquella ocasión, Moncloa aprobó un paquete económico dotado de 20 millones de euros: 10 millones para las ayudas urgentes y otros 10 para los anticipos.
Nueve días después del primer descarrilamiento y sin perjuicio del avance de las investigaciones, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto que fijaba una indemnización de algo más de 210.000 euros por fallecido como parte de un conjunto de ayudas inmediatas y adelantos a las víctimas. Recoge Efe que de la cifra destinada entonces para los familiares de cada fallecido, 72.000 euros correspondían a una indemnización a fondo perdido, otros 72.000 euros como anticipo del seguro de responsabilidad civil y 72.000 euros más como consecuencia del seguro obligatorio. Dado que hubo 46 fallecidos, el total prometido por Moncloa superaría los 9,66 millones de euros en este concepto.
En paralelo, para los casos de lesiones corporales se estableció un baremo de indemnizaciones por categorías: desde un mínimo de 2.404,04 euros a un máximo de 84.141,70 euros en función de los 14 niveles de gravedad de heridas como la tetraplejía espástica, la pérdida completa de la visión o reducción de la vista -entre los pagos más elevados- hasta facturas, perjuicios en las articulaciones, hernia discal o fractura de la nariz, de acuerdo con el texto del Real Decreto 1575/1989 para estos casos.
Puente explicó entonces que se abonarían en un único pago y estarían exentas de tributación. La urgencia de la decisión se adoptaba, explicó, porque los procedimientos ordinarios y los tiempos judiciales no siempre responden a la urgencia vital de una tragedia, y que las víctimas no pueden esperar para recibir apoyo económico.
Actualidad Económica. Noticias de Economía Nacional e Internacional
