Irlanda será escenario la próxima semana de una nueva cumbre para intentar pactar una regulación a nivel europeo que rija la presencia de los menores en las redes sociales. Un evento donde Francia y España buscan tener un rol clave y empujar al resto de países hacia una postura ‘dura’ que prohíba las redes sociales a los menores de 16 años, aprovechando el viento de cola que ha traído el juicio a Meta.
Los dos países buscan junto a Irlanda mover la postura de los otros países comunitarios y abrir la puerta a una prohibición dura
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Irlanda será escenario la próxima semana de una nueva cumbre para intentar pactar una regulación a nivel europeo que rija la presencia de los menores en las redes sociales. Un evento donde Francia y España buscan tener un rol clave y empujar al resto de países hacia una postura ‘dura’ que prohíba las redes sociales a los menores de 16 años, aprovechando el viento de cola que ha traído el juicio a Meta.
El pacto milmillonario de Meta y los compromisos para limitar el tiempo de los menores en la red a dos horas diarias, eliminar las notificaciones o activar un modo noche no es un paso suficiente para los distintos órganos de gobierno de la Unión Europea.
Si en Estados Unidos, la tecnológica parece haberse anotado una gran victoria y podría arrastrar a su competencia, el escenario europeo es muy distinto. Un portavoz de la Comisión Europea recordó tras conocerse el pacto estadounidense que en Europa el problema no es que la red social adopte uno u otro compromiso, sino que cumpla con la legislación.
De hecho, el pasado julio, la Comisión acusó a Meta de que sus políticas para proteger a los menores no eran suficientes y no cumplían con la regulación.
Aprovechando este momento, España y Francia llegarán a Irlanda con el objetivo de convencer a otros estados miembros que apuestan por un enfoque más blando, que imponga otros compromisos y refuerce los mecanismos de verificación de edad, pero no prohíba completamente el acceso a los menores.
Fuentes del Gobierno han trasladado que el objetivo es que la legislación comunitaria esté aprobada antes de que termine la presidencia irlandesa del Consejo Europeo, que finaliza en diciembre.
En contra de sus intenciones, podría jugar el bloqueo del Tribunal Constitucional francés al proyecto de ley que impulsaba el Gobierno de Emmanuel Macron. Desde el Ejecutivo, se atribuye esa prohibición a que se mencionaba de forma expresa las redes sociales prohibidas, un elemento que no se incluye en el texto español.
Este sigue parado en el Congreso de los Diputados, aunque la ministra de Infancia, Sira Rego, señaló en una entrevista en agosto a Europea Press que el objetivo era reactivar la tramitación «a la vuelta del verano».
Más allá de regular el acceso a redes sociales, el texto incluye también nuevos tipos penales que pueden prohibier el acceso a los entornos digitales, así como nuevos delitos contra la distribución de material pornográfico a menores o los deepfakes de contenido vejatorio o sexual.
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