<p>El real decreto para la <a href=»https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2026/02/04/69838a01e4d4d8413b8b45c0.html»>regularización extraordinaria </a>de aproximadamente medio millón de inmigrantes está en la pista de lanzamiento, y la oposición preparada para evitar su despegue. El Gobierno prevé aprobarlo este martes en el <strong>Consejo de Ministros </strong>tras haber estado «trabajando» en el texto legislativo «sobre la base del dictamen del Consejo de Estado». </p>
La medida entrará en vigor contrarreloj: el plazo acaba el 30 de junio y coincide con la aplicación efectiva del Pacto Europeo de Migración y Asilo en su totalidad
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El real decreto para la regularización extraordinaria de aproximadamente medio millón de inmigrantes está en la pista de lanzamiento, y la oposición preparada para evitar su despegue. El Gobierno prevé aprobarlo este martes en el Consejo de Ministros tras haber estado «trabajando» en el texto legislativo «sobre la base del dictamen del Consejo de Estado».
Así lo confirmó ayer el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que aseguró que esta medida «la pide la Patronal, la pide la Conferencia Episcopal, la pide el Vaticano, y sólo están en contra de ella el Partido Popular y Vox«. Y es que los partidos de la oposición manifestaron ayer su voluntad de frenar la regularización, que se hará efectiva en cuanto se publique mañana en el Boletín Oficial del Estado.
De ahí que Vox vaya a llevar el real decreto al Tribunal Supremo para solicitar su suspensión cautelar. Así lo anunció el secretario general de la formación, Ignacio Garriga, que valoró que la regularización supone «lanzar al mundo» el mensaje de que «venir pegando una patada a la puerta tiene premio en España». Además de abrir fuego en la guerra judicial contra la medida, los de Santiago Abascal impulsarán una «campaña» frente al Congreso «para que los españoles conozcan con detalle cuánto nos está costando y qué consecuencias tiene esta invasión migratoria», informa Paloma H. Matellano.
El PP, en su cruzada particular, sostuvo ayer que emplearía «todos los instrumentos» a su alcance para detener lo que la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, calificó como la «barbaridad» de la «regularización masiva». La dirigente popular afirmó que la combatirá desde las 11 comunidades autónomas en las que gobierna su formación, desde el Senado y, si es necesario, desde las calles. O desde los tribunales, pero no especificó cómo, ni confirmó que lo haría.
El Tribunal Constitucional es una de las vías, pero la principal sería la de acudir a la justicia europea. Por ejemplo, el TJUE de Estrasburgo. «La puerta de Europa quizá sea más accesible que la de la justicia española», aseguran en Génova. «Un partido político no puede llevar esto al Supremo», creen, informa Juanma Lamet.
La regularización se encontraba pendiente del pronunciamiento del Consejo de Estado después de que el Consejo de Ministros aprobara el pasado 27 de enero iniciar el trámite de urgencia tras un pacto entre PSOE y Podemos. El pasado viernes, el órgano consultivo remitió al Gobierno el dictamen en el que cuestionaba los criterios de vulnerabilidad, la acreditación de antecedentes penales y la compatibilidad de ser beneficiario de un permiso por Protección Internacional y otro por la nueva disposición.
Si bien el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones celebró ese viernes el «aval» del Consejo, las observaciones del mismo apreciaban «un considerable desorden y falta sistemática en sus estructura y distribución de materias». En esta línea, su presidenta, Carmen Calvo, recalcó que «la función del Consejo no es avalar ni rechazar decisiones políticas, sino mejorarlas desde el punto de vista jurídico». Los Ministerios implicados en la redacción de la norma trabajaron en las horas previas al Consejo de Ministros de hoy con la intención de aprobar el decreto.
Así, la regularización entrará en vigor mañana miércoles 15 de abril, con un retraso considerable -estaba previsto que la iniciativa arrancara a principios de este mes- y a contrarreloj: el plazo acaba el 30 de junio y coincide con la aplicación efectiva del Pacto Europeo de Migración y Asilo. La mayoría de sus disposiciones entrarán en vigor ya el día 12 de junio, mientras que el resto lo hará el 1 de julio.
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