En la investigación judicial del ‘caso Plus Ultra’ se va evidenciando la libertad con la que contó esta aerolínea para utilizar dinero del rescate sin que el Gobierno mostrara prisa o interés en enterarse.
El instrumento de la Sepi para vigilar el uso del dinero no se creó hasta marzo de 2022 y la Udef critica la falta de información sobre su actuación
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En la investigación judicial del ‘caso Plus Ultra’ se va evidenciando la libertad con la que contó esta aerolínea para utilizar dinero del rescate sin que el Gobierno mostrara prisa o interés en enterarse.
Una muestra es el correo que acaba de aportar a la Audiencia Nacional el ex consejero delegado de Plus Ultra, Roberto Roselli, y al que ha tenido acceso EL MUNDO. Este gestor venezolano recibió de la estatal Sepi el 8 de febrero de 2022 que «se ha previsto constituir formalmente la Comisión de Seguimiento, por lo que de cara a la próxima reunión necesitaríamos nos indicarais las tres personas que serían integrantes de la misma». El remitente era José Angel Partearroyo, el directivo de la Sepi, que se había enterado a su vez por sus superiores. Es decir, que se iba por fin a crear un instrumento oficial de seguimiento a los 53 millones que habían sido concedidos por el Consejo de Ministros a Plus Ultra un año antes, el 9 de marzo de 2021.
Ya era extraño que la hasta entonces desconocida Plus Ultra fuera considerada la tercera empresa estratégica de España que había que rescatar de la pandemia junto a Air Europa y Duro Felguera. También lo era que fue la única de estas tres en la que el Gobierno decidió no interferir en la gestión nombrando miembros en su consejo de administración. Y ya el remate es que ni siquiera tenía prisa por montar la llamada comisión de seguimiento, que era un foro conjunto formado por la Sepi y la empresa rescatada para vigilar el uso del dinero.
Fuentes conocedoras atribuyen la tardanza a la inquietud de los miembros del Gobierno con Plus Ultra. El rescate se había judicializado y los secretarios de Estado que formaban el Consejo Gestor, -incluidas las actuales vicepresidenta del Gobierno, Sara Aagesen o la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva- se resistían a tomar más decisiones al igual que María Jesús Montero y la presidenta de la Sepi, Belén Gualda.
De la documentación aportada por Roselli se deduce que los mecanismos de seguimiento eran totalmente laxos y tardíos, pese a que el caso se había judicializado y archivado -en falso como se ha visto- a petición de la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
Plus Ultra había empezado ya meses antes a remitir informes mensuales a la Sepi. Un ejemplo es el remitido en el otoño de 2021 por Plus Ultra. Daba cuenta a la Sepi en 20 páginas de sus actividades en el mes de septiembre sin mención alguna a un movimiento bancario que ha confirmado ahora Roselli al juez José Luis Calama: la transferencia de cinco millones de dólares -con dinero del rescate – al AndCapital Bank de Puerto Rico. Fue el inicio de un periplo del dinero que siguió en el Commonwealth de Dominica para terminar en Bancamiga de Venezuela sin mención expresa en los informes a la Sepi.
¿Supo algo la comisión de seguimiento de qué hacía realmente Plus Ultra con el dinero? La Udef, que actúa como policía judicial, criticó en su informe sobre la documentación recibida de la Sepi que «algunas de las carpetas facilitadas entre la documentación aportada se encuentran vacías de contenido y no tienen documentación, destacando especialmente las que contienen información relativa a las comisiones de seguimiento». Es decir, que la comisión se constituyó un año después y, cuando el juez ha requerido a la Sepi el contenido de lo tratado en sus reuniones, la sociedad estatal ha enviado carpetas vacías. Todo en un caso en que se investiga cobro de comisiones de José Luis Rodríguez Zapatero por este rescate.
En la comisión de seguimiento de Plus Ultra participaron finalmente, según ha podido saber este diario, la entonces directora financiera de la Sepi, María Jesús Álvarez y, el director de Área del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, César Hernández. También estuvo hasta su marcha a Sepides en 2022, el mencionado Partearroyo. Éste, que ha sido llamado a declarar como testigo, era el contacto habitual de la Sepi con Roselli, aunque declaró en el Senado el pasado 12 de mayo que su papel era meramente técnico a las órdenes del actual vicepresidente de la Sepi, el imputado Bartolomé Lora.
El descontrol con tanto dinero público en juego es asombroso en esta sociedad estatal que preside Gualda desde marzo de 2021. Ella sigue en el cargo -con respaldo expreso de Pedro Sánchez – aunque se encuentra imputada por otra trama, la de las llamadas «cloacas del PSOE». Es la que afecta a las mordidas que recibió el grupo de Leire Díez en rescates públicos gestionados por la Sepi.
La Fiscalía Anticorrupción quiere las actas de estas comisiones de seguimiento y saber por qué se consideró española a una aerolínea que, como insiste Roselli, estaba controlada por el venezolano Rodolfo Reyes. El ex CEO sostiene además que el gran emisor de créditos puente a Plus Ultra sospechosos de blanqueo chavista era finalmente Valerian Corp, con sede en Gibraltar y que Reyes vinculaba a sí mismo. ¿Se pueden dar 53 millones públicos a un grupo con tal montaje sin que tenga contactos? ¿Y por qué una supervisión tan tardía y desganada?
La efeméride/ EL GASÓLEO, 100 MESES DESPUÉS
Se van a cumplir 100 meses de la famosa frase de la entonces ministra de Energía de España, Teresa Ribera, que recién llegada al cargo proclamó que «los días del gasóleo están contados». Desveló en aquel 2018 la que iba a ser una política gubernamental de enterrar demasiado pronto fuentes de energía que, como la nuclear, siguen siendo claves para la sociedad en la necesaria, pero larga y costosa transición energética hacia las renovables. Ahora, aunque van ganando cuota otro tipo de vehículos en España, los que funcionan con gasóleo son el 60% e incluso más que los 15 millones que circulaban en 2018. El desajuste entre política medioambiental y realidad industrial, unido a las guerras de Irán y Ucrania, conduce al drama actual en que el mismo Gobierno, quién lo iba a decir, financia al diésel más que a la gasolina para aliviar precios.
El personaje/ PRIMER AÑO SIN WALL STREET
Pedro Sánchez siempre ha querido incluir en su agenda anual en Nueva York un encuentro a puerta cerrada con representantes de fondos de Wall Street. La relevancia de los asistentes ha ido decayendo con el paso de los años hasta que en el viaje de este año, Moncloa ya no ha informado de ningún encuentro de este tipo. Sánchez solo incluyó una breve intervención económica pública en un foro sin presencia de primeros espadas y dio prioridad a encuentros de mayor interés electoral como el que mantuvo con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, u otro en la Universidad de Harvard sobre la IA. Sin embargo, siguen siendo los grandes fondos de Wall Street los cruciales para la economía española, y, particularmente, para colocarles deuda. Sin Presupuestos ni capacidad legislativa, es difícil convocarles a alto nivel.
Para seguir/ EL RIESGO DE «LEGISLAR EN CALIENTE»
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, afronta uno de los grandes peligros de un regulador: el de «legislar en caliente» como respuesta al impacto del deshaucio de Maricarmen. Uno de los mayores teóricos de este riesgo, el jurista italiano, Luigi Ferrajoli, escribió en su día en contra de «campañas populistas de apoyo a medidas penales tan duramente represivas como inútiles y eficaces». La llamada Ley del Sí es Sí es una muestra y lo último que necesita el drama de la vivienda en España -que cabalga ya a una carencia de un millón de pisos para satisfacer la demanda- es otra norma contraproducente para el reto de generar oferta. Rodríguez ya intentó comprar el piso en que vivía Maricarmen sin cobertura legal y debe medir sus pasos. La alarma social no se puede ignorar, pero aplacarla con populismo termina siendo peor.
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