<p class=»ue-c-article__paragraph»>En la política y en los negocios, el orden de los factores sí altera el producto. La <strong>presión pronuclear</strong> se ha disparado en España desde que a finales del 2024 Red Eléctrica tuvo que desconectar a la gran industria varias horas en días sucesivos para equilibrar el sistema eléctrico, principalmente, por no contar con dos de los reactores de la central catalana de Ascó. «Marcó un antes y un después en la negociación entre el Gobierno y las eléctricas», exponen fuentes conocedoras de los contactos. Iberdrola y Endesa mantienen un frente común para arrancarle a Sara Aagesen una moratoria, pero, como se ha encargado de <a href=»https://www.elmundo.es/economia/empresas/2025/02/19/67b5a24ce9cf4a34018b4572.html»>recordar una y otra vez</a> la vicepresidenta tercera, ninguna de ellas ha solicitado oficialmente la extensión de su vida útil, ni siquiera en el caso de <strong>Almaraz</strong>, que en solo unos meses entrará en el punto de no retorno. No es casualidad.</p>
Las eléctricas se resisten a solicitar por la vía oficial la extensión de la vida útil de centrales como Almaraz para apretar al Ejecutivo a tomar la iniciativa en la negociación
En la política y en los negocios, el orden de los factores sí altera el producto. La presión pronuclear se ha disparado en España desde que a finales del 2024 Red Eléctrica tuvo que desconectar a la gran industria varias horas en días sucesivos para equilibrar el sistema eléctrico, principalmente, por no contar con dos de los reactores de la central catalana de Ascó. «Marcó un antes y un después en la negociación entre el Gobierno y las eléctricas», exponen fuentes conocedoras de los contactos. Iberdrola y Endesa mantienen un frente común para arrancarle a Sara Aagesen una moratoria, pero, como se ha encargado de recordar una y otra vez la vicepresidenta tercera, ninguna de ellas ha solicitado oficialmente la extensión de su vida útil, ni siquiera en el caso de Almaraz, que en solo unos meses entrará en el punto de no retorno. No es casualidad.
Las grandes eléctricas buscan poner al Gobierno frente al espejo de su propio Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC), la hoja de ruta a 2030 que fijó unos objetivos de renovables y almacenamiento para suplir a la nuclear, y que no está avanzando con la rapidez prevista. En su día, Red Eléctrica, la empresa pública que gestiona la red de alta tensión en España, acreditó que el PNIEC asegura la cobertura de la demanda, pero también alertó de que cualquier desviación del mismo comprometería «el nivel deseado de seguridad de suministro». Precisamente, a lo que están esperando las dueñas de las centrales es a que el Gobierno admita ese decalaje entre la realidad y los hitos del PNIEC.
No sin motivo, los primeros ejecutivos de Iberdrola y Endesa han empezado a aderezar públicamente el debate nuclear con conceptos como la «seguridad nacional» o la «garantía de suministro», a los que no recurrían con tanta vehemencia hace apenas un año. Todo con el fin de llevar al Gobierno al límite de tener que admitir que el calendario de cierre (2027-2035) podría amenazar la estabilidad del sistema, o lo que es lo mismo, aumentar el riesgo de apagón.
Las eléctricas han obtenido en las últimas semanas otro argumento de peso en su pulso con el Gobierno. Se trata del primer reconocimiento por parte de la empresa que dirige Beatriz Corredor de que el cierre nuclear podría «aumentar el riesgo de incidentes operacionales que puedan afectar el suministro», como adelantó El Confidencial y ha podido comprobar EL MUNDO en el último informe anual del grupo. «Ha sido el párrafo más viral en el sector en muchos años», asegura una fuente empresarial. «Si las titulares de las centrales solicitan la prórroga, eso se remite al Consejo de Seguridad Nuclear, que lo estudiaría en las actuales condiciones». Pero si, finalmente, fuera Aagesen la que tomase la iniciativa y llamase a las eléctricas, daría la sensación de que el ministerio está dispuesto a darles algo a cambio», apuntan fuentes técnicas. Así, Iberdrola y Endesa tendrían más fuerza para negociar una bajada de impuestos, la verdadera razón por la que aún no han pedido la prórroga por la vía oficial.
«Si Aagesen se convence de que el cierre conlleva un riesgo para la seguridad, el ministerio debería tomar la iniciativa de replantear el calendario, entonces, allí estaremos», desliza un alto directivo del sector. «Si el Gobierno decide que por razones de seguridad la nuclear no puede cerrar, el debate saltaría al plano económico», enfatiza otro. Ahí arrancaría el segundo asalto.
En el sector detallan que, en ese momento, las eléctricas elaborarían «una suerte de auditoría de costes». Con los números en la mano, las dueñas de las centrales apretarían al Gobierno a elegir entre mantener las nucleares en manos privadas, y que las eléctricas asuman los costes a cambio de una determinada rentabilidad, o llevar la milmillonaria factura a Presupuestos Generales. «Si lo quieren asumir vía PGE, que lo asuman».
Sara Aagesen y su antecesora, Teresa Ribera, quien en 2019 condujo el acuerdo de cierre entre las eléctricas y Enresa, el ente público que gestiona los residuos nucleares, han sido contundentes: los ciudadanos no pueden pagar la factura del desmantelamiento, que actualmente asciende a 20.000 millones. Las eléctricas los van pagando con aportaciones anuales a un fondo, a través de la llamada ‘tasa Enresa’.
En 2024, el Gobierno subió la tasa un 30%, por encima del tope pactado en 2019. En parte, por decisiones del ministerio que han encarecido la gestión de residuos. En suma, la carga fiscal sobre la nuclear ha crecido un 71% desde 2019, hasta los 28,99 euros/MWh, según PwC. Hasta 2005, cuando se empezó a aplicar el fondo Enresa, los consumidores costeaban el desmantelamiento con sus facturas. La derrama para el conjunto de hogares y empresas llegó a alcanzar los 3.000 millones.
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