Para que las cuentas públicas de España cumplan con las reglas fiscales nacionales, no bastará con el crecimiento económico. Aunque la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) elevó tres décimas la previsión del PIB -hasta el 2,5% para 2026-, urge un ajuste de seis décimas del PIB, lo que supone más de 10.000 millones de euros en el gasto público este mismo año. Si no se ejecutan estas medidas adicionales, corre el riesgo de incumplir la regla nacional, tanto en la Administración Central como en la mayoría de comunidades autónomas y otras corporaciones locales.
Esta reforma supone seis décimas del PIB, al identificar que hay un riesgo de incumplimiento de las reglas fiscales nacionales para este año
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Para que las cuentas públicas de España cumplan con las reglas fiscales nacionales, no bastará con el crecimiento económico. Aunque la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) elevó tres décimas la previsión del PIB -hasta el 2,5% para 2026-, urge un ajuste de seis décimas del PIB, lo que supone más de 10.000 millones de euros en el gasto público este mismo año. Si no se ejecutan estas medidas adicionales, corre el riesgo de incumplir la regla nacional, tanto en la Administración Central como en la mayoría de comunidades autónomas y otras corporaciones locales.
La Autoridad Fiscal dio esta advertencia luego de elevar el gasto primario neto hasta el 6,4% para 2026, muy por encima de la tasa de referencia fijada para la regla del gasto nacional (3,5%). Si España ejecuta el ajuste de seis décima, el escenario fiscal que prevé actualmente cambiaría mucho. El déficit público de las Administraciones Públicas se reduciría del 2,6% previsto ahora hasta el 1,9% del PIB. Además, el crecimiento del gasto neto para el marco europeo se reduciría al 4,7% y la cuenta de control acumulada -que mide las desviaciones fiscales ante Bruselas- se situaría en un valor cercano a cero, lo que le da mayor margen de seguridad frente a las futuras exigencias europeas.
De hecho, esta situación identifica inconsistencias entre el marco fiscal nacional y el europeo. Mientras que el cumplimiento con la Comisión Europea en 2026 podría «salvarse» gracias a la cláusula de salvaguardia por gastos en defensa y medidas energéticas -siempre que Bruselas acepte el máximo del 0,3% del PIB notificado por España-, la normativa nacional exige actuar ya en este ejercicio. «Si se quiere cumplir con el plan fiscal y estructural de medio plazo, o se toman medidas o no se cumplirá con la variación del gasto primario neto de medidas de ingresos» ha advertido la presidenta de la AIReF, Inés Olóndriz, en la presentación del Informe sobre la ejecución presupuestaria, deuda pública y regla de gasto en 2026 este miércoles; y recordó que el período de vigencia que termina en 2028. Por esto, advirtió que posponer estas medidas solo desplazará la carga del ajuste a 2027 y 2028. Es decir que si no se ponen en marcha las medidas cuanto antes, el Gobierno resultante de las elecciones generales de 2027 tendrá que aplicarlas en el último momento para cumplir con la UE.
El organismo es especialmente crítico con la Administración Central, donde identifica la mayor tensión con un gasto computable que prevé un incremento del 8,8% respecto al año pasado, lo que supone más de cinco puntos respecto a la tasa de referencia nacional del 3,5%. Esta administración sigue, además, sin cumplir con la obligación legal de presentar unPlan Económico-Financiero (PEF) tras haber incumplido la regla de gasto ya en 2025. Aunque las Comunidades Autónomas han mejorado su saldo gracias a la financiación de la dependencia, su gasto sigue creciendo al 4,2%, más cerca del tope pero aún con un elevado riesgo de incumplimiento. Eso sí, la Autoridad Fiscal alertó que los planes de reequilibrio analizados hasta la fecha no garantizan, en líneas generales, la contención necesaria para los próximos dos años.
En menor medida, el análisis por subsectores detecta grietas incluso en las corporaciones locales. A pesar de su superávit agregado del 0,2%, presentan casos críticos de «indisciplina fiscal». Entidades como los ayuntamientos de Barcelona (4,6%) y Murcia (4,5%), la Diputación de Valencia (13,5%) o el Consejo Insular de Mallorca (10,5%) rebasan ampliamente los límites de crecimiento de gasto permitidos. Ante esto, la AIReF considera imprescindible articular una estrategia fiscal de medio plazo que coordine a todas las administraciones y refuerce la transparencia mediante la presentación en plazo de los Presupuestos Generales del Estado para 2027.
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