«El gran parque público y protegido de vivienda permanente será la herencia de quienes no tienen herencia», reza el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 recién aprobado este martes. El Gobierno cambia su estrategia y vuelca los esfuerzos en aumentar este parque de forma permanente, pero empieza en un terreno complicado. La compraventa de viviendas protegidas desciende un 7,9%en febrero frente al mismo mes el año pasado, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este jueves. Una caída mayor que la de la oferta libre y un síntoma de que su producción ya no es suficiente. En 2025, poco más de 11.100 proyectos en vivienda protegida recibieron una calificación definitiva, lo que supone un 22,7% menos.
Desde 2008, se han otorgado un 83,8% de calificaciones definitivas menos, alrededor de 57.483 viviendas protegidas en plena crisis de acceso al mercado inmobiliario
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«El gran parque público y protegido de vivienda permanente será la herencia de quienes no tienen herencia», reza el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 recién aprobado este martes. El Gobierno cambia su estrategia y vuelca los esfuerzos en aumentar este parque de forma permanente, pero empieza en un terreno complicado. La compraventa de viviendas protegidas desciende un 7,9%en febrero frente al mismo mes el año pasado, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este jueves. Una caída mayor que la de la oferta libre y un síntoma de que su producción ya no es suficiente. En 2025, poco más de 11.100 proyectos en vivienda protegida recibieron una calificación definitiva, lo que supone un 22,7% menos.
Este tipo de calificación, recogida por las estadísticas del Ministerio de Transportes, se otorga una vez se finalizan las obras para verificar que cumplen la normativa. Tuvo uno de sus picos más altos en 2008, en pleno estallido de la crisis inmobiliaria, con más de 68.5800 calificaciones. Desde entonces, se han producido un 83,8% de viviendas protegidas menos, alrededor de 57.483. Esta caída se da en medio de una fuerte crisis de vivienda, donde la oferta libre es tan escasa que presiona los precios al alza y ya desplaza a muchas familias del mercado inmobiliario tradicional.
Las viviendas protegidas ofrecen precios regulados por debajo del mercado, tanto para su alquiler como para su venta, pero su escasa producción resta las opciones para los colectivos más vulnerables. Incluso las calificaciones provisionales -otorgadas antes de iniciar las obras- tampoco tienen un mejor panorama. Han descendido un 54,6%, hasta las 15.503 en 2025; y desde 2006 -cuando casi llegó a 98.000- ha caído un 84,1% las que recibieron su calificación para iniciar su construcción.
El sector en sí ve paralizados proyectos, tanto de vivienda protegida como libre, con los largos procesos administrativos, incluyendo el bloqueo del suelo, y una crisis de materiales y mano de obra. Por esto, aunque el sector ha destacado puntos fuertes del nuevo Plan Estatal de Vivienda, también recalcan aspectos insuficientes en este acceso. La Asociación de Promotores y Constructores de España (APCEspaña) insiste en la «necesidad urgente de modificar la regulación urbanística en nuestro país, que dificulta -e incluso paraliza- desarrollos urbanísticos una media de 16 años», una situación que afecta a planeamientos de construcción de oferta asequible y protegida.
Por otro lado, el nuevo Plan Estatal de Vivienda promete triplicar su financiación total hasta los 7.000 millones de euros, lo que incrementa también la partida para que las comunidades autónomas inviertan en aumentar este parque protegido de caracter permanente (ya que hasta el momento perdían su calificación automáticamente en un periodo de 10 a 30 años). Sin embargo, desde la presentación de su borrador hasta su aprobación esta semana, ha generado choques con las autonomías -sobre todo en las presididas por el PP- por la financiación (que exige aumentar el esfuerzo autonómico al 40%) y por dudas sobre su efectividad.
De hecho, la presidenta autonómica de Cantabria, María José Sáenz, rechazó el plan del Gobierno y aseguró que seguirán el camino que marca «su propio plan de vivienda» ya que «no acepta» que se imponga un modelo que «empeore la situación en lugar de afrontarla y solucionarla». Del lado de la Comunidad de Madrid, que se mostró muy en contra desde el inicio, el consejero de vivienda, Jorge Rodrigo, consideró que «se ha hecho de manera errónea», pero «en principio» no se negará a firmarlo si se debate con las autonomías.
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