Las narcolanchas como problema español

Sucedió hace un par de años. En una clase en la universidad hablé sobre los desafíos a los que ha debido responder la democracia surgida de la Transición en los últimos 15 años. Mi selección fue bastante predecible: la crisis de 2008, la impugnación del sistema bipartidista, el auge de los nuevos populismos, el procés catalán, la pandemia, las nuevas presiones sobre el Estado del bienestar, etc. Hacia el final de la clase, una estudiante levantó la mano y preguntó muy educadamente si iba a decir algo sobre el narcotráfico y el crimen organizado. Explicó que ella era de una localidad de la provincia de Cádiz y que, en su entorno, aquello era visto como un problema mucho más cercano y grave que casi todo lo que había mencionado hasta entonces.

Aquello resultó muy ilustrativo, tanto por lo que señaló la chica como por algo que quedó claro en el debate posterior: hasta aquel momento, ni yo ni el resto de sus compañeros habíamos pensado en el narcotráfico como un problema español. Si alguna vez lo habíamos visto como un fenómeno cercano -y no algo propio de países americanos, o de Italia si pensábamos en el contexto europeo-, no se nos había ocurrido que fuese más allá de unas zonas muy concretas. El Estrecho, la Galicia de Fariña… nada que afectase al conjunto de nuestro Estado y nuestra democracia.

Viene la anécdota a cuento de la muerte hace unos días en Huelva de dos guardias civiles mientas perseguían una narcolancha. La tragedia ha tenido repercusión nacional, tanto por haberse producido en plena campaña de las andaluzas –Feijóo y Moreno hablaron de ella en su mitin del fin de semana- como por las críticas que ha recibido el ministro Marlaska. Unas críticas que también remiten al debate que se produjo en 2024, tras el asesinato de dos guardias civiles en Barbate. Sin embargo, parece que el problema mayor -la creciente presencia y fuerza del crimen organizado en nuestro país- sigue sin ser visto por la opinión pública como un desafío auténticamente nacional. El tema más bien guadianea por nuestra conciencia, dependiendo de que una tragedia -o una infamia- lo devuelva a las portadas, o de si unas elecciones autonómicas en alguno de los lugares más afectados por este fenómeno lo suban a la noria de temas considerados «de actualidad». Y pronto se baja.

El caso es que el narcotráfico y el crimen organizado no son -no pueden ser- problemas locales. Claro que sus efectos resultan mucho más visibles y dañinos en unas provincias que en otras. Pero esto no significa que su impacto se quede allí. El crimen organizado tiene un efecto corrosivo sobre aspectos y estructuras fundamentales del propio Estado de Derecho, empezando por la capacidad de las fuerzas de seguridad de asegurar el cumplimiento de la ley en todo el territorio. Y siguiendo por la capacidad de la propia ley -y de la Justicia- de hacer frente a los delincuentes. Lo que es peor: el crimen organizado siempre busca infiltrar, condicionar o imposibilitar el trabajo de esos dos elementos nucleares en cualquier Estado moderno que son las fuerzas de seguridad y el poder judicial. Y una vez se produce ese tipo de infiltración, el proceso es muy difícil de revertir. Cuando al fin veamos las narcolanchas del Guadalquivir como un problema de todos -como un problema español-, puede que ya sea demasiado tarde.