Se acumulan los responsables de empresas rescatadas por el Estado tras la pandemia que terminan imputados por pagar a comisionistas para que les consiguieran el favor del Gobierno de Pedro Sánchez.
El ex presidente del grupo vasco, su actual CEO y su principal consejero, investigados por el rescate de 112,8 millones mientras que el Gobierno de Pradales quiere que esa deuda se «reestructure»
Se acumulan los responsables de empresas rescatadas por el Estado tras la pandemia que terminan imputados por pagar a comisionistas para que les consiguieran el favor del Gobierno de Pedro Sánchez.
Según ha podido confirmar EL MUNDO de fuentes próximas a la investigación, tienen ya la condición de investigados (imputados) los tres directivos del grupo vasco Tubos Reunidos (TR) que acordaron presuntamente pagos a la trama del entonces secretario de Organización, Santos Cerdán. Se trata del anterior presidente de TR, Francisco Irazusta, al que se atribuye haber pagado 114.950 euros a Mediaciones Martínez, la sociedad controlada por el trío dirigido por Cerdán formado por el ex presidente de la Sepi, Vicente Fernández, la fontanera Leire Díez y el dirigente de Servinabar, Antxón Alonso. Irazusta logró que, semanas después de sus contactos con esta trama, el Consejo de Ministros desbloqueara el rescate de 112,8 millones a TR en julio de 2021. Un pellizco fue para la trama.
También la UCO ha comunicado su condición de imputados e intentado tomar declaración al actual consejero delegado del grupo industrial vasco, Carlos López de las Heras, y el veterano y principal miembro del consejo de administración, Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia.
El CEO y el principal consejero acudieron al despacho de Cerdán en noviembre de 2024 para conseguir, según la UCO, un aplazamiento de unos 10 millones que debía pagar Tubos Reunidos al Estado por el rescate concedido tres años antes. En efecto, semanas después, la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), Belén Gualda, concedió el aplazamiento.
La UCO ha detectado pagos de 40.000 euros a Vicente Fernández por aquella gestión de la trama y, además, éste ha estado contratado como «asesor» durante cuatro años, desde diciembre de 2021 hasta su detención a finales de 2025, como publicó este diario el pasado lunes.
Los tres directivos de Tubos tendrán que responder si cometieron delitos de tráfico de influencias, entre otros, para arrancar el rescate al Gobierno y su alivio a través de esta trama de Ferraz. De las Heras se negó a declarar el pasado jueves ante la UCO por consejo de su abogado y en la empresa se limitan a asegurar que su «único interés» es «colaborar con la Justicia».
Estos directivos se unen así al festival de gestores salpicados en empresas rescatadas. El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, está imputado por abonos a la organización del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Y en Air Europa, Javier Hidalgo, niega haber sobornado a José Luis Ábalos por la ayuda recibida.
La cuestión es si las empresas que querían rescate debían pagar previamente a algún miembro del Gobierno o próximo a él. La fachada era que la Sepi formalizaba un procedimiento aparentemente serio de contratación, pero el caso decaía o se aceleraba en función de pagos a las tramas, según los indicios recopilados por la UCO.
¿Para qué vale tanto personal en la Sepi si los aplazamientos de deuda de una rescatada como Tubos Reunidos se decidían en el despacho de Cerdán en Ferraz? Solo por este caso está claro que no se puede «encapsular» el escándalo en Cerdán o Leire cuando sus «andanzas» -expresión de Sánchez- eran ejecutadas por el Gobierno.
En cuanto a la presidenta de la Sepi, ha recibido ya multitud de requerimientos e incluso lamentables críticas de la policía judicial por no entregar documentación solicitada, pero guarda atronador silencio.
Va aflorando también que la Sepi y el Consejo Gestor -formado por altos cargos del Gobierno- daban ayudas a empresas que ya estaban en crisis antes de la pandemia, algo estrictamente prohibido por la UE. Tanto Plus Ultra (53 millones) como TR pasaron el corte del Consejo de Ministros tras fuertes pérdidas en 2019, pero los asesores de la Sepi firmaron que cumplían los requisitos: Deloitte y DC Advisory en el caso de Plus Ultra y Simmons&Simmons y BDO, en TR. Ahora, la aerolínea negocia alivio de la Sepi tras haberse saltado el pasado marzo el pago de 19 millones y Tubos se encuentra en concurso de acreedores con cero posibilidades de devolver a tiempo la ayuda estatal.
En este último caso hay otro actor: el PNV. La UCO apunta a que este partido intervino con la trama de Cerdán para que el Gobierno desbloqueara el rescate 2022. El mismo Aitor Esteban que mantiene a Sánchez en el poder presiona al tiempo para que, entre otras peticiones, la Sepi «reestructure la deuda» contraída por aquella ayuda. «Hoy en día la deuda de Tubos Reunidos es insostenible, la deuda vale cinco o seis veces más que la empresa», ha afirmado el consejero vasco de Industria, Mikel Jauregui. El PNV quiere quita o fuerte alivio.
Fuentes implicadas en aquel rescate admiten que «la dirección de TR no ha hecho los deberes estos años». Eso no ha impedido que, según el último informe de TR que da datos sobre pagos de bonus a directivos, hubo un reparto de 2,9 millones de «retribución variable plurianual» para «algunos miembros de la alta dirección». Se pagó demasiadas cosas con el rescate y el juez lo debe esclarecer, ya que el Gobierno no lo hace.
La efeméride/APERRIBAY Y LA TRAMA
Ibon Aperribay, uno de los dueños de Sapa y accionista relevante de Indra, apenas recuerda, según su entorno, el contexto del mensaje que recibió hace cinco años del ex presidente de la Sepi, Vicente Fernández. La UCO desvela que en abril de 2021, Fernández aún mantenía relación con Aperribay año y medio después de dejar el grupo público y le informó de que estaba intentando que Leire Díez se integrara en el nuevo equipo de la Sepi, bajo la presidencia de Belén Gualda. ¿Por qué Fernández hablaba de Leire con esa familiaridad con Aperribay? En Sapa relativizan el mensaje y aseguran que el vasco no tuvo relación con Leire. Lo que sí confirman que contrató a Servinabar para un tema puntual inmobiliario, pero niega más relación con la trama. Sólo lo confirmado con Fernández y Servinabar obliga a más explicaciones.
El personaje/ SENTADO CON FEIJÓO
El presidente de Telefónica, Marc Murtra, tuvo un llamativo y correcto gesto al acudir el pasado martes al desayuno privado organizado por la influyente asociación Cercle d’ Economia con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. El gallego ha sido muy crítico con Murtra, próximo al PSC, por considerarlo un alfil del Gobierno en Telefónica, pero el catalán trasladó en el Cercle que no tenía dudas de que su deber institucional era escuchar al jefe de la oposición. Incluso se sentó a su lado despertando morbo en la veintena de altos ejecutivos presentes en la reunión a puerta cerrada en Barcelona. El líder del PP fue correcto con Murtra en privado, aunque después apuntó con dureza en público en el Cercle que, si gobierna, hará cambios: «Quiero al frente de las empresas públicas a los mejores gestores, no a los más serviles».
Para seguir/ CANI NO SE IRÁ EN PLAZO
La presidenta de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia, Cani Fernández, debería dejar el despacho el día 17 por vencimiento de mandato, pero tendrá que seguir algún tiempo más de prórroga, porque el Gobierno aún no ha iniciado el proceso de relevo. No es fácil, porque junto a ella tiene que renovar otros tres puestos que quiere utilizar, de nuevo, para atraer a sus cada vez más alejados socios de investidura en complejo encaje de bolillos. La tradición sería ofrecer alguno al PP, pero no es práctica actual de Moncloa. Presidentes del Ibex como el de Telefónica están pendientes de la nueva CNMC, porque han logrado ya que Bruselas acepte reinterpretar las reglas de competencia para favorecer campeones europeos. Cani ya aceptó públicamente esa doctrina, pero será clave su sucesor.
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