«España se incorpora en igualdad de condiciones al proyecto del futuro avión de combate», titulaba el comunicado de Moncloa sobre la firma del esperado programa del futuro sistema de combate aéreo (FCAS) en febrero de 2019. Con ese macroproyecto, valorado en 100.000 millones de euros en 20 años, España se incorporaba como coordinador industrial junto a Alemania y Francia, el puesto que el entonces nuevo Gobierno de Pedro Sánchez quería recuperar a nivel internacional ante la inestabilidad italiana y la salida de Reino Unido. Para ello, se eligió como catalizador a Indra, lo más parecido a una gran empresa de defensa que había en España en el prólogo a la gran ofensiva para controlar la compañía que lanzó el Gobierno en 2022.
La presidenta de la Sepi reconoce que se enteró por los medios pese a ser accionista de Indra y Airbus, dos de los tres coordinadores, y el ministro alemán omite a España de cualquier explicación. Robles reconoce un «fracaso europeo»
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«España se incorpora en igualdad de condiciones al proyecto del futuro avión de combate», titulaba el comunicado de Moncloa sobre la firma del esperado programa del futuro sistema de combate aéreo (FCAS) en febrero de 2019. Con ese macroproyecto, valorado en 100.000 millones de euros en 20 años, España se incorporaba como coordinador industrial junto a Alemania y Francia, el puesto que el entonces nuevo Gobierno de Pedro Sánchez quería recuperar a nivel internacional ante la inestabilidad italiana y la salida de Reino Unido. Para ello, se eligió como catalizador a Indra, lo más parecido a una gran empresa de defensa que había en España en el prólogo a la gran ofensiva para controlar la compañía que lanzó el Gobierno en 2022.
El pasado martes, Robles reconocía que el fin del proyecto era un «fracaso» para Europa y llamó a una reflexión sobre los grandes programas en conjunto europeos: «Esto nos tiene que hacer reflexionar, no vale con hablar de la Europa de la defensa porque cuando llega el momento con los grandes programas algo pasa. Se han antepuesto intereses de la industria a la seguridad y defensa de Europa. Es muy preocupante, es grave», subrayaba la política, que ya había reconocido en abril su preocupación con el programa.
Horas antes, la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), Belén Gualda, reconocía en el Congreso que se había enterado del fin del programa por la prensa y que aún no había hablado con Indra, compañía de la que es máxima accionista y la que se iba a pedir un informe sobre las implicaciones. Notablemente, Robles habló de que mantendría conversaciones a futuro con los países del FCAS y otros países europeos porque «España necesita un caza de sexta generación» y Europa también, pero no hizo alusión a las negociaciones previas, donde el país ha sido orillado por sus socios.
El fin al avión de combate se habría sellado en una llamada entre el canciller alemán, Friedrich Merz, al primer ministro de Francia, Emmanuel Macron. Las negociaciones bilaterales fueron confirmadas por el ministro de Defensa Alemán, Boris Pistorius. «Tanto (el canciller alemán) Friedrich Merz como yo hemos hablado con Dassault y Airbus, de forma intensa, bilateral y multilateral. Emmanuel Macron también lo intentó. Los obstáculos decisivos no pudieron superarse o no quisieron ser superados por la industria», explicó. «Todo proyecto franco-alemán que no tiene éxito es algo que no me gusta, porque sé lo importante que es la cooperación entre Alemania y Francia en Europa», señaló el político alemán en declaraciones a los medios locales recogidas por EFE. Unas palabras en que la ausencia de cualquier mención a España es notoria.
Desde un primer momento, ha dado la impresión que, pese a poner la misma cantidad de dinero sobre la mesa, la opinión de España es secundaria frente a la de Alemania y Francia, cuyos coordinadores, Airbus y Dasault, llevan en guerra desde el minuto uno de proyecto.
Cada una cuenta con su propio caza de cuarta generación, el Eurofighter de Airbus y el Rafale francés y ambos querían imponer el diseño final, lo que ha terminado llegando a la conclusión de que cada uno buscará la vía para diseñar su propio avión de combate.
Por el camino, se ha completado únicamente la fase uno del programa, la de diseño conceptual. La segunda fase para construir el prototipo tenía que haber empezado en 2026. España contaba con más de 2.500 millones presupuestados para estas fases, que sumarían 8.000 millones de euros de inversión previa a la primera prueba de vuelo, esperada para 2029. Ahora, la situación es un limbo con varios escenarios posibles. Las fuentes coinciden en que «es impensable un desarrollo nacional», por lo que se abre un nuevo juego de alianzas entre los países, además de la necesidad de delimitar qué partes se ‘salvan’ del FCAS.
La situación ha cambiado mucho desde que se firmó el programa en 2019. La guerra de Ucrania y la segunda victoria de Donald Trump ha disparado los presupuestos de defensa, lo que hace posible inversiones que antes no se contemplaban. Desde Alemania, se apunta a que Airbus ya ha dado pasos estos meses para constituir su propia alternativa con otras compañías de la industria nacional, pero el Gobierno alemán necesitaría socios y ese podría ser el rol de España.
Otra alternativa es la empresa sueca Saab. Recientemente, hubo un encuentro auspiciado por la embajada sueca sobre defensa al que acudieron las principales compañías del sector, en un síntoma de que los acercamientos han comenzado. Ahora mismo, la hipótesis de unirse a este proyecto que se podría sumar al de Alemania es la que tiene más fuerza, mientras que, más remotas aparecerían terceras opciones como unirse al proyecto turco o al consorcio británico-italiano-japonés. Con todo, entre la industria cunde cierto pesimismo al señalar que España era el único país sin «plan B» al FCAS y la dificultad de tener de nuevo tanto peso, al menos en la teoría, en un consorcio de estas características.
Pese al dramático desenlace, el mercado reacción con moderación sino indiferencia a la noticia y las acciones de los tres protagonistas han incluso subido. Esto permite pensar que esta conclusión ya se descontaba y las acciones incluso celebran el fin del bloqueo de los programas, a la espera de que un nuevo proyecto ocupe el hueco. Las claves estarán en cuánto tarda, sus protagonistas y si, de verdad, España participa en «igualdad de condiciones» o se limita a pagar parte.
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