<p>El gran <a href=»https://www.elmundo.es/economia/apagon.html»>apagón</a> en España tiene que desencadenar consecuencias políticas. Así lo considera <a href=»https://www.elmundo.es/espana/sumar.html»>Sumar,</a> que reclama «depurar responsabilidades frente al oligopolio energético» y que apuesta por que el Congreso de los Diputados abra su propia investigación para esclarecer las causas y las «responsabilidades». Al mismo tiempo, exige consecuencias en el sector para que el Estado pase a controlar el 100% de la red eléctrica.</p>
El socio minoritario exige que el Estado pase a controlar el 100% de la red eléctrica
El gran apagón en España tiene que desencadenar consecuencias políticas. Así lo considera Sumar, que reclama «depurar responsabilidades frente al oligopolio energético» y que apuesta por que el Congreso de los Diputados abra su propia investigación para esclarecer las causas y las «responsabilidades». Al mismo tiempo, exige consecuencias en el sector para que el Estado pase a controlar el 100% de la red eléctrica.
En un comunicado del socio minoritario del Gobierno, la fuerza política que lidera Yolanda Díaz afirma que los acontecimientos ocurridos el pasado 28 de abril «obligan a tomar la iniciativa» para garantizar que el derecho a la energía se pueda realizar de una manera «justa», permitiendo a España el respeto de su «soberanía», su «independencia» y la construcción de una Europa más preparada.
A este respecto, Sumar establece una serie de líneas de actuación, porque «es necesario analizar las causas» y porque «es absolutamente fundamental saber qué cosas han funcionado y cuáles no». De modo que se puedan extraer lecciones que permitan «mejorar» la red eléctrica española para que este tipo de situaciones no vuelvan a suceder.
Entre las líneas planteadas por Sumar está «depurar responsabilidades frente al oligopolio energético, exigiendo explicaciones e información detallada de las actuaciones». «Es imprescindible transparencia que permita garantizar que no vuelve a ocurrir», subraya. Asimismo, el socio minoritario afirma que han de dilucidarse «los motivos por los que las medidas de protección de la Red Eléctrica no han sido suficientes».
En aras a profundizar en esas explicaciones y las causas, Sumar solicita ya la creación de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados «con vistas a esclarecer responsabilidades». Con la firma de dos grupos parlamentarios se puede registrar esta petición. Luego ya tendría que ser el Pleno del Congreso el que aprobara la constitución de este comité.
El comunicado de Sumar tiene otros cuatro puntos más. Uno de los más sustanciales establece que una «medida necesaria» para garantizar el derecho a la energía es que haya un «control público del 100%» de la red eléctrica.
En cuanto al debate sobre la energía, Sumar remarca su apuesta por seguir con las fuentes de generación limpias. Continuar impulsando «un despliegue renovable y de almacenamiento resiliente, planificado y respetuoso con el territorio y la biodiversidad», remarca, «es la mejor base para garantizar la seguridad de nuestro sistema energético».
Al hilo de esto, Sumar pide «impulsar redes de autoconsumo, la participación ciudadana y los derechos de las y los consumidores» para cimentar esa seguridad energética. Además, también aprovecha para reclamar que el suministro al conjunto de los ciudadanos sea socialmente justo.
La coordinadora de Sumar, Lara Hernández, ha reivindicado que el apagón tiene que servir para extraer «lecciones». Entre las que saca su espacio está el control público de la totalidad de la red eléctrica. En cuanto a la investigación en el Congreso, la dirigente defiende su necesidad para aclarar las causas y poder depurar «las responsabilidades que hagan falta».
Por su parte, Podemos ha reclamado al Gobierno «intervenir las empresas eléctricas», si es necesario echando mano de la Policía o la Fiscalía, para obtener toda la información y los datos que tengan y que puedan servir para esclarecer «hasta el último detalle» de la caída total del sistema eléctrico. Así lo ha señalado el portavoz nacional, Pablo Fernández, quien ha apelado a que se haga esa intervención «en nombre de la seguridad nacional» por «la opacidad de las empresas eléctricas que están ocultando información sobre el apagón».
De hecho, para presionar al Gobierno para que lo haga, la formación morada va a presentar una proposición no de ley en el Congreso que inste al Ejecutivo a dar ese paso si las empresas en cuestión se niegan a colaborar voluntariamente.
En paralelo a esto, Podemos ha anunciado una proposición de ley para crear una empresa pública de energía. En rueda de prensa en las Cortes de Castilla y León, Fernández ha pedido derivar los 10.500 millones del plan de rearme a constituir esta empresas pública. «Seguridad no es comprar más armas, sino tener un sistema público fuerte de energía», ha dicho.
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