La entonces vicepresidenta de la Comisión Europea garante de la libre competencia, Margrethe Vestager, lo dejó claro en aquel duro mes de julio de 2020 al autorizar ayudas de Estado por el Covid: «Se trata de proporcionar ayuda específica a empresas viables que han entrado en dificultades financieras como consecuencia del brote de coronavirus. Por lo tanto, las empresas que ya se encontraban en dificultades antes del 31 de diciembre de 2019 no pueden acogerse a estas ayudas«.
Las investigaciones judiciales destapan cómo se usó el fondo Covid en contra del reglamento europeo para empresas que ya estaban en crisis antes de la pandemia. Duro espera devolver ahora en 2035
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La entonces vicepresidenta de la Comisión Europea garante de la libre competencia, Margrethe Vestager, lo dejó claro en aquel duro mes de julio de 2020 al autorizar ayudas de Estado por el Covid: «Se trata de proporcionar ayuda específica a empresas viables que han entrado en dificultades financieras como consecuencia del brote de coronavirus. Por lo tanto, las empresas que ya se encontraban en dificultades antes del 31 de diciembre de 2019 no pueden acogerse a estas ayudas«.
Tanto la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como la de Economía, Nadia Calviño, aseguraron que así se haría con el llamado Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee), dotado con 10.000 millones de euros a, teóricamente, empresas que iban bien antes de marzo de 2020 y que eran relevantes para la economía española.
Sin embargo, las que ya iban mal antes de 2020 lograron igualmente el rescate recurriendo a las diferentes tramas del partido en el poder o, directamente, a influencia política.
El resultado es que tres de las primeras empresas rescatadas ya están incumpliendo el calendario de pagos original y muestran que no pueden devolver a tiempo sumas al contribuyente por valor de más de 250 millones que, con intereses, superan ampliamente los 300.
Se trata de la inefable aerolínea Plus Ultra, que consiguió en marzo de 2021 53 millones de euros del Gobierno de Pedro Sánchez con ayuda, según ellos mismos, «del pana Zapatero«. También de Tubos Reunidos (TR), que logró 112,8 millones en julio de 2021 con el apoyo de, según ellos mismos, la trama de Santos Cerdán y el ex presidente de la Sepi, Vicente Fernández, al que califican de «muy amigo de la ministra de Hacienda».
Es el caso además de Duro Felguera, que arrancó 120 millones el mismo día que Plus Ultra. Las investigaciones no la incluyen por ahora en las tramas de las últimas semanas, pero tiene un feo historial de pagos en el pasado a altos cargos chavistas y se sabe que Vicente Fernández acompañó, sin ser teóricamente nadie en la Sepi, al que sí presidía en funciones este grupo estatal, Bartolomé Lora, a reuniones con los directivos de la empresa asturiana para tratar el rescate.
También es conocido que, en contra de lo previsto en el reglamento del Fasee, acudió a las reuniones organizadas por la Sepi para conceder la ayuda a Duro Felguera el director de la Oficina Económica de Moncloa, Manuel de la Rocha, muy sensible con el Gobierno asturiano de Adrián Barbón. Difícil que algún miembro del Consejo Gestor se opusiera -ponía objeciones inicialmente la entonces secretaria de Estado de Economía, Ana de la Cueva– con De la Rocha presente.
La ayuda estatal a estas tres empresas con el mecanismo permitido por la UE merecía, como mínimo, reflexión, porque arrastraban fuertes pérdidas desde 2015. Plus Ultra, ni siquiera registró nunca beneficios. TR y Duro, sí tuvieron algún ejercicio con ganancias, pero sin que compensaran las fuertes pérdidas anotadas en la mayoría de los años.
El Gobierno se saltó así claramente el espíritu del reglamento europeo con estas concesiones, otra cosa es que la letra permitía margen a los asesores jurídicos de la Sepi para justificar la concesión. Un ejemplo es cómo se encajó a martillazos el rescate de Plus Ultra. Se dijo que no estaba en quiebra en 2019, porque había recibido un préstamo participativo de Panacorp. Pero resultaba ser un grupo panameño vinculado precisamente a los socios venezolanos que controlaban la aerolínea.
¿Y ahora? Plus Ultra debió haber devuelto ya todo el pasado año, porque los socios venezolanos salieron del capital y, como muy tarde el pasado marzo la parte ordinaria del préstamo del Estado, por valor de 19 millones. La presidenta de la Sepi, Belén Gualda, ha hecho la vista gorda. TR debió pagar en 2025 10 millones, pero, tras reunirse sus directivos en la sede del PSOE con Santos Cerdán, se les permitió no hacerlo hasta junio de 2026 y justo este mes ha entrado en concurso de acreedores. ¿Y Duro? Se le permite ya retrasar los pagos de 2028 a 2035.
El Gobierno vasco pide alivio de deuda para TR y también Plus Ultra. ¿Qué hará la Sepi? «Se trabaja con un doble objetivo: recuperación del préstamo público y mantenimiento del tejido económico y el empleo«, afirman fuentes oficiales. Patada adelante y a ver si terminan pagando en la próxima década.
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