<p>»El independentismo pide la amnistía, algo que este Gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución española». Era noviembre de 2022 cuando <strong>Pedro Sánchez</strong> descartó, en una entrevista en La Sexta, la posibilidad de conceder una amnistía a los encausados por el <i>procés </i>si así se lo exigía el independentismo. No era la primera vez que rechazaba otorgar esa clase de <i>perdón</i>, ni fue la última. Tampoco lo hizo solo: al menos una decena de quienes fueron -o son- ministros de su Gobierno la veían inviable. <strong>María Jesús Montero</strong>, <strong>Félix Bolaños</strong>, <strong>Fernando Grande-Marlaska</strong>, <strong>Salvador Illa</strong>… Todos dijeron <i>no </i>bajo el mismo argumento: la amnistía «no está reconocida» en el ordenamiento español y «no cabe en la Constitución». El Alto Tribunal, valiéndose de su mayoría progresista, <a href=»https://www.elmundo.es/espana/2025/06/26/685cf128e85ece26708b4593.html»>ha desestimado hoy aquella tesis</a>, dando <i>luz verde </i>a una norma cuyo debate fue de los despachos a los tribunales, pasando por la calle.</p>
Incluso el presidente cuestionó la constitucionalidad de la norma, pero viró en su discurso para lograr los votos de Junts / La ley cuyo debate fue de los despachos a los tribunales, pasando por la calle, recibe hoy el primer aval de la Justicia
«El independentismo pide la amnistía, algo que este Gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución española». Era noviembre de 2022 cuando Pedro Sánchez descartó, en una entrevista en La Sexta, la posibilidad de conceder una amnistía a los encausados por el procés si así se lo exigía el independentismo. No era la primera vez que rechazaba otorgar esa clase de perdón, ni fue la última. Tampoco lo hizo solo: al menos una decena de quienes fueron -o son- ministros de su Gobierno la veían inviable. María Jesús Montero, Félix Bolaños, Fernando Grande-Marlaska, Salvador Illa… Todos dijeron no bajo el mismo argumento: la amnistía «no está reconocida» en el ordenamiento español y «no cabe en la Constitución». El Alto Tribunal, valiéndose de su mayoría progresista, ha desestimado hoy aquella tesis, dando luz verde a una norma cuyo debate fue de los despachos a los tribunales, pasando por la calle.
A 48 horas de que se abrieran las urnas, aquel julio de 2023, Sánchez rechazó por última vez conceder el perdón a los líderes del procés: «Llevo cinco años gobernando. El independentismo pedía la amnistía y no la ha tenido», aseguró en una entrevista en TVE. Era viernes, 21 de julio, y el presidente dijo no a conceder esa medida a cambio de su investidura. Dos días después, el resultado electoral le haría cambiar de opinión para seguir en La Moncloa.
El PP fue el partido más votado el 23-J y, Alberto Núñez Feijóo, el primer candidato a presidir el Gobierno. Los populares reconocieron, meses más tarde, que se dieron «24 horas para estudiar la amnistía» en su negociación con Junts, pero la descartaron por «inconstitucional». Aquello condujo al fracaso de la investidura de Feijóo el 29 de septiembre de 2023. Cinco días antes, el PP gastó una última bala y convocó la primera manifestación contra la amnistía, que reunió en Madrid a más de 40.000 personas. Ya entonces los socialistas barajaban el perdón en la sombra.
El silencio sobre la amnistía se impuso en Ferraz tras la cita con las urnas. De cara al público, nadie afirmaba ni negaba nada. Y, en privado, pronto empezaron a estudiarse «fórmulas» para que la medida pudiera tener encaje dentro de los límites de la Constitución. Los hilos se movían con la máxima discreción, hasta que la fallida investidura de Feijóo dio paso al turno de Sánchez.
El 5 de octubre de 2023 fue la primera vez que Sánchez reconoció estar «negociando» con los independentistas el perdón a los encausados por el procés. Y al día siguiente, en el marco de la Cumbre de la Unión Europea que se celebró en Granada, defendió abiertamente la medida: «Es una forma de superar las consecuencias judiciales de la situación que se vivió en España».
Desde entonces, los dirigentes socialistas viraron su discurso en consonancia con lo expuesto por Sánchez -emergieron también las voces críticas, con Emiliano García-Page al frente-. El Comité Federal del PSOE, celebrado a finales de aquel octubre, sirvió para dar el sí definitivo a la norma de perdón. «Hay que hacer de la necesidad virtud: es la única vía posible para que haya Gobierno», sostuvo Sánchez ante los socialistas.
Ferraz incluso consultó a sus bases para reforzar la postura, aunque sin hacer referencia explícita a la amnistía. La pregunta fue: «¿Apoyas el acuerdo para formar un Gobierno con Sumar y lograr el apoyo de otras formaciones políticas para alcanzar la mayoría necesaria?». El 87% de los militantes dijo que sí y la dirección lo entendió como un aval a la medida.
Refrendo en mano, el PSOE concedió a Junts la imagen que acreditó el comienzo de la amnistía política -a la judicial aún le quedaban muchos frentes por derribar-. El entonces secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, se fotografió en Waterloo (Bélgica) junto a Carles Puigdemont el 30 de octubre de 2023. Hoy, la imputación del ex número tres del PSOE, responsable máximo de las negociaciones con Junts, enturbia aún más la concesión del perdón.
El lunes 13 de noviembre de 2023, el Grupo Parlamentario Socialista registró, en solitario, la «Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña». Un día antes, el PP había reunido a más de 400.000 personas en distintas ciudades de España en la segunda manifestación contra esta medida y, por aquellas fechas, se sucedían las concentraciones nocturnas a las puertas de Ferraz. Nada de ello impidió que, el 16 de noviembre, Sánchez fuera reelegido presidente con el sí de Junts.
La negociación con Junts enfrentó su mayor varapalo en enero de 2024, cuando la norma -con enmiendas incluidas- se sometió a referéndum en el Congreso. Los neoconvergentes votaron en contra porque el PSOE no había accedido a suprimir de la lista de delitos no amnistiables el terrorismo y la traición.
Los socialistas volvieron entonces a sentarse a la mesa con los de Puigdemont para perfilar la norma de tal forma que ninguno de los encausados quedará excluido del perdón. Junts exigió modificaciones referidas a delitos de terrorismo y malversación, con el objetivo de blindar causas como la de Tsunami Democràtic. El 14 de marzo, con el sí de los neoconvergentes, el Congreso dio luz verde a la amnistía.
En la campaña para las elecciones catalanas, los socialistas optaron por mantener un perfil bajo respecto a la amnistía. Sánchez no presumió de ella, por la oposición entre su propio electorado, y, al contrario, viró la agenda al publicar su «carta a la ciudadanía» en el arranque de la campaña.
Sin embargo, un mes después, otro camino a las urnas sí tuvo como protagonista la norma de perdón. En vísperas de las elecciones europeas, el 30 de mayo de 2024, la amnistía recibió el sí definitivo del Congreso. El PP convocó otra manifestación -la quinta- y buscó rentabilizar en los comicios la oposición a la norma, mientras Sánchez presumía de ser el artífice del perdón días antes de que su esposa fuera llamada a declarar como imputada.
La Ley de Amnistía entró en vigor el 11 de junio de 2024. Los líderes del procés, desde el ex vicepresident Oriol Junqueras (ERC) a los ex consellers Raül Romeva, Dolors Bassa, Carles Mundó y Meritxell Serret, se apresuraron a solicitar que se les aplicara la medida y presentaron sendos escritos ese mismo día. El ex conseller de Interior Miquel Buch sería el primero en beneficiarse oficialmente del perdón: el 25 de junio, el TSJC aplicó la medida de gracia al ex dirigente de Junts, condenado por malversación y prevaricación. En julio, los 46 policías procesados por el 1-O en Barcelona fueron amnistiados, como la entonces secretaria general de ERC, Marta Rovira, que regresó a España tras siete años fugada.
Sin embargo, no todo fueron buenas noticias en las filas independentistas. Hace casi un año, el lunes 1 de julio de 2024, el Tribunal Supremo declaró no amnistiado el delito de malversación de caudales públicos que se le atribuye a Puigdemont y dictó mantener la orden de detención contra él. El ex presidente catalán ha recurrido ese veredicto por todas las vías, y fue ayer cuando el Supremo dio su pronunciamiento final: confirmó su decisión de no aplicarle la amnistía -ni a Toni Comín– y le despejó el camino para recurrir en amparo al Tribunal Constitucional. Esto ya lo han hecho otros condenados por el 1-O a los que no se les ha aplicado el perdón total, como Junqueras, Romeva y Bassa.
El Constitucional no es solo responsable de los recursos que, por una parte, presenten los encausados para solicitar que se les aplique la amnistía. También es la instancia a la que se dirigieron quienes se oponen a la concesión de este perdón.
Tras la aprobación de la Ley, diversas administraciones la recurrieron ante el Constitucional. Primero lo hizo el Tribunal Supremo, alegando que la norma «repugna a la igualdad ante la ley» y considerando «transgredidos» los límites constitucionales. Las comunidades presididas por el PP se sumaron a la cascada de recursos, y también Castilla-La Mancha -bajo mandato del socialista Page-. El Partido Popular, como formación política, presentó su propia alegación de inconstitucionalidad, que es la única que ha resuelto el Alto Tribunal, dando hoy su aval a la norma.
En paralelo a todos los procesos abiertos en el Tribunal Constitucional, la Ley de Amnistía también enfrenta cuestionamientos judiciales en otra instancia: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Primero el Tribunal de Cuentas y después el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) presentaron cuestiones de inconstitucionalidad sobre la norma de perdón por el procés, pidiendo que la Justicia europea se pronuncie. El TJUE celebrará el 15 de julio las primeras vistas sobre la Ley de Amnistía -el PP solicitó que el Tribunal Constitucional esperara al veredicto comunitario para resolver el recurso, pero la petición fue desestimada por el órgano que preside Cándido Conde-Pumpido-.
Durante este año, el debate previo a la deliberación sobre la amnistía en el Tribunal Constitucional ha versado sobre qué magistrados debían participar en dicho veredicto. El ex ministro Juan Carlos Campo decidió abstenerse de la deliberación porque, cuando fue ministro de Justicia -con Sánchez-, se había posicionado en contra de conceder el perdón.
Y, por otro lado, el Constitucional decidió apartar del debate sobre la amnistía al magistrado conservador José María Macías porque, como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se pronunció en contra de la constitucionalidad de dicha norma. Sin embargo, el Alto Tribunal rechazó dejar fuera de las deliberaciones a Conde-Pumpido, tal y como solicitaba el PP alegando que su esposa participó en un informe del CGPJ sobre la Ley.
Hace 25 días, el 1 de junio de este año, la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Inmaculada Montalbán, dejó por escrito en el borrador de ponencia sobre la amnistía lo que hoy se ha confirmado como el primer aval a la norma. El escrito, que el Alto Tribunal ha ratificado este jueves por seis votos a favor -los de los magistrados progresistas- y cuatro en contra -los conservadores-, expone una sucesión de argumentos para justificar que la Ley de Amnistía sí es compatible con la Carta Magna: defiende que el legislador «puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente» y que, «respetando este límite, ningún contenido puede considerarse exento de la posibilidad de que el Parlamento lo atraiga hacía sí».
La norma más polémica del Gobierno de Sánchez ha superado así su primer escollo. Pero aún quedan muchos otros. El Tribunal Constitucional debe resolver el resto de recursos y la Justicia comunitaria tiene que pronunciarse. De esto, de momento, solo se sabe que la Comisión Europea remitió un escrito de alegaciones al TJUE en el que señala que la norma en cuestión «parece una autoamnistía, parte del acuerdo para la investidura del Gobierno». El Gobierno, además, tiene un tercer frente abierto respecto a su medida de perdón: sin Puigdemont beneficiado por ella, Junts aún tiene margen de maniobra para imponer sus exigencias.
España
