Maruma Velázquez nunca había trabajado con sistemas de aislamiento térmico en los edificios. El clima en su Venezuela natal no le había obligado a estudiar cómo proteger una casa ante los cambios del frío y el calor ahí fuera, «¿para qué?». Ella, arquitecta, siempre había trabajado a pie de obra y llevando el control de los proyectos en primera fila; se especializó en tareas constructivas y en levantar centros sanitarios hasta que la crisis política y económica en su país la asfixió tanto que resolvió hacer las maletas y venir a España. Ahora cocina para una familia más o menos acomodada de Madrid y ha vuelto a las aulas para tratar de encontrar un hueco en alguna empresa de la construcción española. Pasados los 50, es la única mujer en una clase de 14 personas. No pierde la sonrisa. No siente que haya vuelto a la casilla de salida. No tiene miedo de salir de la zona de confort porque vive fuera de ella. No se marca expectativas. «Quiero ir escalando a medida que adquiera experiencia aquí en España», dice en un descanso del curso de Instalación de sistemas específicos de acondicionamiento y aislamiento térmico y acústico de edificios que está haciendo en el centro que la Fundación Laboral de la Construcción tiene en Vicálvaro (Madrid).
El Banco de España estima un déficit de 1 millón de inmuebles para 2028 pero en el sector alertan de que no hay mano de obra cualificada para levantarlas. Jóvenes, mujeres y migrantes son la esperanza del sector ante la escasez y el relevo generacional
Maruma Velázquez nunca había trabajado con sistemas de aislamiento térmico en los edificios. El clima en su Venezuela natal no le había obligado a estudiar cómo proteger una casa ante los cambios del frío y el calor ahí fuera, «¿para qué?». Ella, arquitecta, siempre había trabajado a pie de obra y llevando el control de los proyectos en primera fila; se especializó en tareas constructivas y en levantar centros sanitarios hasta que la crisis política y económica en su país la asfixió tanto que resolvió hacer las maletas y venir a España. Ahora cocina para una familia más o menos acomodada de Madrid y ha vuelto a las aulas para tratar de encontrar un hueco en alguna empresa de la construcción española. Pasados los 50, es la única mujer en una clase de 14 personas. No pierde la sonrisa. No siente que haya vuelto a la casilla de salida. No tiene miedo de salir de la zona de confort porque vive fuera de ella. No se marca expectativas. «Quiero ir escalando a medida que adquiera experiencia aquí en España», dice en un descanso del curso de Instalación de sistemas específicos de acondicionamiento y aislamiento térmico y acústico de edificios que está haciendo en el centro que la Fundación Laboral de la Construcción tiene en Vicálvaro (Madrid).
Nelson Triana tampoco sabía de aislamiento térmico, sino del otro, en su Cuba natal. También allí trabajó en el sector de la construcción -si se permite el oxímoron- pero hace 15 años que aterrizó en nuestro país buscando una vida mejor. La encontró entre ladrillos, cemento y, más recientemente, entre panes. Pero lo suyo es poner baldosas. Acaba de obtener la nacionalidad española y ha encontrado en este curso el inicio de un camino que quiere continuar. Se emociona cuando le preguntamos qué piensa de que él vaya a ser una de las personas que tendrá en sus manos la responsabilidad de construir casas nuevas en un país que está sumido en la mayor crisis de accesibilidad de su historia. Se siente reconfortado por poder devolver de esta forma el cobijo que España le brindó en su llegada. «Estoy agradecido al país», dice.

En plena carrera para el 29N, los partidos ponen números y promesas en sus programas electorales, pero en el sector hay una máxima que comparten con EL MUNDO: «Las casas no hay que anunciarlas, hay que hacerlas». La siguiente pregunta es: ¿quién las construirá? El país afronta un déficit de vivienda que para 2028 podría llegar a un millón de casas. Cada año se crean entre 240.000 y 250.000 hogares nuevos y, sin embargo, ni siquiera se construyen 100.000 inmuebles. Por dar una visión más amplia, en 2007, en pleno boom inmobiliario, se terminaron 641.419, seis veces más. Las situaciones no son comparables. En aquel momento no solo había una burbuja en el sector, también había muchas más promotoras y constructoras y el número de personas que empleaba el sector superaba los 2,5 millones; ahora apenas rebasa 1,5 millones. Según los datos recopilados por la Fundación Laboral de la Construcción, en octubre el número de afiliados medios del sector se situó en 1.518.556 personas, un 1,5% más que el mes previo. Las mujeres representan el 9,9% y las personas extranjeras, un 25,4% (381.862 en septiembre, último dato publicado disponible). De ellos, el 78,5% tienen una nacionalidad no perteneciente a la UE.
No es el caso de Álex Martín, que es brasileño pero también español y que llegó a las aulas de la Fundación buscando la estabilidad y el futuro que no vislumbra ni en la hostelería ni en el mundo del espectáculo donde ha trabajado antes. «La construcción es un oficio en el que siempre se van a necesitar constructores y trabajadores. Da igual cuánto avance la tecnología o cómo sea el gobierno de un país, siempre se va a necesitar a alguien que construya viviendas», dice, por eso confía en aprender, evolucionar y acabar montando una empresa de construcción en su Brasil natal.

Jóvenes, mujeres y migrantes como Álex, Maruma o Nelson son la gran esperanza del sector constructor para revertir la escasez de mano de obra y la falta de relevo generacional que amenaza el futuro del sector y la viabilidad de cumplir cualquier promesa electoral. Pedro Fernández-Alén, presidente de la patronal CNC y de la Fundación Laboral de la Construcción, considera «evidente» que el sector tiene «un problema importante de mano de obra», ya que faltan unos 700.000 trabajadores. «Necesitamos incorporar profesionales, jóvenes, mujeres, migrantes… reforzar la formación en las nuevas técnicas constructivas y facilitar el relevo generacional. Pero también creemos que no debemos confundir los problemas y, sobre todo, no debemos equivocarnos al identificar cuál es el principal obstáculo que dificulta al sector cumplir sus objetivos de vivienda e infraestructuras».
En su opinión, «el primer gran tapón está en el bloqueo de la Ley del Suelo», cuya reforma ha sido imposible en esta legislatura. «Es incomprensible que una reforma tan necesaria siga paralizada cuando el diagnóstico técnico está hecho y existe un amplio consenso sobre la necesidad de facilitar la disponibilidad de suelo y agilizar los desarrollos urbanísticos. Estamos ante un bloqueo que responde, fundamentalmente, a una alarmante falta de voluntad política. Y mientras seguimos instalados en esa parálisis, estamos constriñendo la posibilidad de aumentar la oferta de vivienda, que es donde está el principio de la solución al problema».
En primera línea de obra, el deterioro de la mano de obra es evidente. Lo sabe bien Juan Navarro, director de Gilmar Soluciones Constructivas, para quien la escasez de personal cualificado es un obstáculo para cumplir los plazos de ejecución y los costes comprometidos. «Este problema es especialmente crítico en oficios donde la destreza de un buen montador o carpintero marca la diferencia; ese cuidado por el detalle que antes se daba por hecho, hoy requiere una búsqueda y supervisión constantes», explica. A ello añade la lentitud administrativa y la volatilidad de los mercados internacionales, por su impacto en los suministros. Desde su experiencia, aumentar la mano de obra especializada debe ser una «prioridad» y para ello propone «impulsar la Formación Profesional y ofrecer incentivos fiscales y ayudas directas a las empresas que acojan alumnos en prácticas para formar a los nuevos profesionales. Es fundamental que las empresas perciban la formación como un beneficio y no como una carga: cada vez que un oficial (ebanista, fontanero, electricista, etc…) enseña su oficio a un aprendiz, ralentiza su propio ritmo de trabajo, lo que supone un coste directo de tiempo y dinero debido a la caída temporal de la productividad», justifica. Agilizar procesos burocráticos, incorporar la IA en esa gestión o reforzar las plantillas de las administraciones para impulsar la concesión de permisos se suman a la petición de avanzar en la aprobación de una nueva Ley del Suelo.
Para Fernández-Alén, el desbloqueo de la norma es fundamental para empezar a deshacer el nudo que paraliza los desarrollos y convertir la construcción en un sector atractivo en el que trabajar. «Estamos convencidos de que, si damos ese primer paso, los trabajadores acabarán llegando. Si hay actividad, proyectos y perspectivas de crecimiento, las empresas tendrán capacidad e incentivos para contratar, formar profesionales y atraer talento. No es tarea del Gobierno crear directamente esos puestos de trabajo; esa es una responsabilidad de las empresas. Lo que necesitamos de las administraciones es que generen las condiciones adecuadas para que podamos hacerlo», demanda.
Para Xavier Vilajoana, presidente de la patronal APCEspaña (Asociación de Promotores y Constructores de España), quien asegura que «la primera dificultad es encontrar suelo listo para construir allí donde hay demanda. Según nuestras estimaciones, en determinados desarrollos pueden pasar entre 15 y 20 años desde el inicio de la tramitación urbanística hasta que se puede empezar a edificar. Para una promotora, eso significa mantener capital inmovilizado y revisar presupuestos y calendarios. A veces, cuando el proyecto por fin puede arrancar, los costes ya han cambiado lo suficiente para que deje de ser viable», apunta. En su opinión, la prioridad pasa por «convertir más suelo en parcelas listas para edificar donde haya demanda. Eso exige coordinar el planeamiento con la urbanización, el transporte y los servicios, y dar a los ayuntamientos medios técnicos para tramitar licencias con plazos previsibles». Además, «para transformar ese suelo en urbanizado es necesario contar con financiación para el proyecto de urbanización y actualmente se financia con recursos propios en la gran mayoría de casos». Y añade: «También hace falta una programación plurianual de vivienda protegida y de alquiler asequible. El suelo público y la colaboración público-privada pueden contribuir si los concursos fijan desde el principio las condiciones de asequibilidad y permiten financiar y ejecutar los proyectos».
Las principales fuerzas políticas sitúan la colaboración público-privada como uno de los ejes de acción para los próximos años. Tanto las administraciones públicas como las empresas coinciden en que el Estado no puede abordar la falta de vivienda sin contar con las compañías y que las compañías no van a incrementar su actividad de manera considerable si el poder político no rema en la misma dirección. Jorge Ginés, director general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), aporta una perspectiva más: «Hasta que la sociedad civil no exija a sus políticos que asuman sus competencias, este problema de la vivienda no se va a solucionar». Lo dice muy convencido y con cierto pesar desde su despacho en Madrid. Admite que se están moviendo cosas y que hay líneas de trabajo que resultan interesantes, pero lamenta también los escollos administrativos con los que se encuentran los promotores y constructores demasiado a menudo. Cita iniciativas como la Ley LIDER (Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región), que es la nueva normativa urbanística y de ordenación del territorio de la Comunidad de Madrid, y confía que permita agilizar los cuellos de botella con los que lidian a diario las empresas en la comunidad. Entre ellos, cita la negativa y la resistencia de algunos ayuntamientos a aplicar todas las fórmulas posibles para desarrollar vivienda y soluciones habitacionales en sus municipios porque choca con el interés de algunos de sus vecinos y pone en riesgo papeletas electorales: cambios de usos de oficinas, flex-living, densificación… fórmulas que la Comunidad de Madrid intenta facilitar pero que no pocos consistorios rechazan en un momento crítico en el mercado del alquiler y la compraventa.
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