La Comisión Europea quiere impedir la compra de segundas residencias en zonas tensionadas con el fin de reducir los precios de los inmuebles en esas zonas. Así se recoge en el Plan de Vivienda Asequible que este miércoles presentará el Ejecutivo comunitario y al que ha tenido acceso EL MUNDO. En esa normativa y en la propuesta de restricción de compra de viviendas que no constituyan la residencia principal, el papel de la vicepresidenta para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, ha sido fundamental.
El texto de la Comisión Europea se aleja de la norma española que buscaba la intervención directa en el precio y en el mercado del alquiler
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La Comisión Europea quiere impedir la compra de segundas residencias en zonas tensionadas con el fin de reducir los precios de los inmuebles en esas zonas. Así se recoge en el Plan de Vivienda Asequible que este miércoles presentará el Ejecutivo comunitario y al que ha tenido acceso EL MUNDO. En esa normativa y en la propuesta de restricción de compra de viviendas que no constituyan la residencia principal, el papel de la vicepresidenta para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, ha sido fundamental.
La ex vicepresidenta del Gobierno ha coordinado esa labor y hoy presentará el documento junto con el comisario de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen. Consultadas por la medida concreta de la restricción en la compra de segunda vivienda, fuentes cercanas a Ribera explican que se trata de un «paraguas» que desde la Alianza de Alcaldes para la Vivienda habían pedido. «No es una obligación», inciden, sólo una opción para los que quiere utilizarla.
«El reglamento se aplicará a medidas que restrinjan la adquisición o el uso de terrenos y bienes inmuebles residenciales que no se adquieran o utilicen con fines de residencia habitual, ya sea ocupada por el propietario o por otra persona», dice el texto. Y añade: «Una autoridad competente podrá adoptar medidas que restrinjan la adquisición o el uso de terrenos y bienes inmuebles residenciales que no se adquieran o utilicen con fines de residencia habitual».
El texto que este miércoles se conocerá públicamente es la propuesta de la Comisión. Después tendrá que pasar por el Consejo y por el Parlamento, en donde el Partido Popular Europeo ya ha trasladado a este periódico que se mostrará totalmente en contra de la restricción en la compra de segunda vivienda. En su opinión, la experiencia europea demuestra que limitar las segundas residencias no es sinónimo de conseguir vivienda asequible.
Quienes quieran aplicar a esta medida deben pasar, primero, por una declaración de una zona bajo estrés residencial (area under housing stress), lo que implica considerar requisitos técnicos y temporales que la Comisión ha impuesto con el fin de evitar un uso discrecional de las limitaciones al mercado inmobiliario. En concreto, la norma europea exige cumplir de forma acumulativa que el precio medio de la vivienda sea «igual o superior a ocho veces la renta mediana disponible» de la población en la zona, demostrar que este indicador haya «aumentado en los 10 años anteriores» y que las proyecciones confirmen que la tensión «no remitirá en los tres años siguientes».
De hecho, esta exigencia marca una de las principales diferencias con el modelo que impulsaba España en la propuesta. Frente a la polémica Ley de Vivienda que está vigente en el país desde 2023 -que permite declarar zona tensionada si el esfuerzo familiar supera el 30% de la renta o si los precios suben tres puntos sobre el IPC-, el filtro de la Comisión impone un umbral matemático mucho más estricto, que tendrá que basarse en los datos publicados en el portal oficial Mapadomo. Además, la norma europea obliga a aportar evidencias de que la compra por no residentes ha causado un impacto negativo en los tres años anteriores, exige revisar cada veto «al menos cada cinco años» y ordena su retirada inmediata si el mercado se distensiona.
Entre otras cosas, la Comisión evita topar o regular las rentas del alquiler residencial a nivel comunitario, una de las grandes banderas del Gobierno español. El texto aclara que «quedan fuera de este marco regulatorio aquellas medidas de política de vivienda que regulen los alquileres bajo contratos de arrendamiento residencial». Y no es la primera vez que deja claro su posición frente a esta medida. En el Plan Europeo para la Vivienda, presentado en diciembre del año pasado, decidió no abordar la cuestión de intervención en términos de precios total sobre las zonas tensionadas.
Asimismo, insiste en que «las restricciones por sí solas no pueden resolver las causas estructurales de la escasez de vivienda a largo plazo». Por esto, el texto argumenta que cualquier limitación debe concebirse como un «parche temporal» que solo es válido si se acompaña con un plan real para construir o movilizar más inmuebles -la construcción de vivienda pública, incentivos a la edificación asequible o movilización del suelo-; es decir; debe «complementarse con medidas destinadas a incrementar la oferta de vivienda, en particular de vivienda social y asequible», reza.
Por otro lado, las condiciones también aplican a medidas en los alquileres de corta duración y ya ha levantado reacciones en el sector. La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) subraya que la Comisión fija «condiciones muy estrictas» para justificar cualquier restricción a este tipo de viviendas. A su juicio, esto evidencia «carencias del Decreto-ley 2/2023 de la Generalitat, que ampara la eliminación de los pisos turísticos en Barcelona» y resulta «incompatible» con el Derecho de la UE, como ya habían advertido anteriormente.
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