Desconcierto y desbarajuste en la Administración por la entrada en vigor de la llamada nueva ley de lobbies, forzada en agosto para poder recibir fondos europeos. Altos cargos de Moncloa y ministerios económicos se han visto obligados a improvisar fórmulas legales como la petición de «declaraciones responsables» o levantamiento de actas para evitar incumplir su propioReal Decreto-ley 21/2026, de 25 de agosto, de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés. En otros casos, funcionarios afectados han cancelado reuniones con empresas a la espera de instrucciones de sus superiores.
Bruselas impuso al Gobierno que la gestión no la lleve la oficina del Ministerio de Óscar López
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Desconcierto y desbarajuste en la Administración por la entrada en vigor de la llamada nueva ley de lobbies, forzada en agosto para poder recibir fondos europeos. Altos cargos de Moncloa y ministerios económicos se han visto obligados a improvisar fórmulas legales como la petición de «declaraciones responsables» o levantamiento de actas para evitar incumplir su propioReal Decreto-ley 21/2026, de 25 de agosto, de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés. En otros casos, funcionarios afectados han cancelado reuniones con empresas a la espera de instrucciones de sus superiores.
El origen del descontrol es que, según han confirmado desde el Gobierno a empresas consultadas, la Comisión Europea ha impuesto que sea un organismo independiente, el Consejo de Transparencia, el que gestione el nuevo registro clave donde deben inscribirse los lobbies. Bruselas se ha negado al proyecto inicial del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública de Óscar López, de encomendar la gestión a la Oficina de Conflictos de Interés, que depende de este mismo departamento.
La Comisión Europea, al igual que la oposición parlamentaria, ha querido que sea un organismo independiente pero éste, falto de medios, ha tardado varios días en declarar operativa la inscripción en el nuevo Registro. Teóricamente, ni la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno ni los distintos ministerios pueden recibir a asociaciones o empresas que no estén inscritas previamente, pero han querido evitar cancelar reuniones buscando alguna salida legal. Lo que están haciendo, según empresas y asociaciones consultadas que han tenido reuniones en Moncloa y otros ministerios es exigirles que presenten una «declaración responsable» de que se van a inscribir en el Registro de Grupos de Interés cuando esté realmente operativo y acepten que se levante un acta de la reunión con un resumen de asistentes y contenido. Los funcionarios que quebranten la nueva ley y se reúnan con no inscritos ni informen de sus reuniones se exponen a duras sanciones personales que pueden implicar incluso su retirada del servicio, pero con estas fórmulas creen que pueden salvar su responsabilidad.
Otros no quieren correr ese riesgo. «Quería informaros del nuevo Real Decreto (…)Estamos a la espera de recibir instrucciones internas a la hora de poder seguir manteniendo estas reuniones o sesiones y del procedimiento adecuado para ello. Esto aplica tanto para las sesiones como para las reuniones que podamos mantener de organización o coordinación», ha comunicado por ejemplo un funcionario del Ministerio de Transición Ecológica a asociaciones empresariales de su ámbito de competencia.
Uno de los empresarios que ha firmado «declaración responsable» asegura a este diario que se ha comprometido por escrito a asumir que «conoce las obligaciones que el Real Decreto-ley 21/2026» y que «con relación a la obligación de inscribirse en el Registro de Grupos de Interés de ámbito estatal, manifiesta el compromiso de la entidad de solicitar su inscripción tan pronto se encuentre en funcionamiento dicho Registro«. Y en todo caso, firma «que se compromete a conservar la documentación relativa a las reuniones y contactos que se hayan mantenido, a efectos de su comunicación al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno una vez se haya implementado el Registro y los formularios oportunos». Otros consultados se niegan: «Se están cancelando reuniones, porque no queremos firmar formularios de una ley que no se se sabe ni si se va a mantener». Todavía hay muchas dudas con solicitar la inscripción.
El Real Decreto cumple teóricamente con Bruselas, tiene respaldo de la Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales, y era una regulación pendiente en España, pero, puede decaer este mismo mes, si no recibe convalidación parlamentaria. Fuentes de Junts no garantizan a este diario su aprobación por incumplimiento hasta ahora por parte del Gobierno de otras peticiones y pérdida de confianza.
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