Después de dos años de intervención en el mercado residencial, la pionera en declarar a 271 municipios como zonas tensionadas llega a mínimos históricos en su oferta de alquiler. En concreto, Cataluña proyecta una caída de 7,65%, lo que deja disponible menos de 95.000 viviendas para 2026 respecto al año pasado, según los últimos datos del Barómetro del Alquiler del segundo trimestre del año, elaborado por el Observatorio del Alquiler y al que ha tenido acceso este periódico.
Esta es la primera comunidad en aplicar la declaración de las zonas tensionadas en 271 municipios hace dos años, lo que «condiciona los indicadores del mercado»
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Después de dos años de intervención en el mercado residencial, la pionera en declarar a 271 municipios como zonas tensionadas llega a mínimos históricos en su oferta de alquiler. En concreto, Cataluña proyecta una caída de 7,65%, lo que deja disponible menos de 95.000 viviendas para 2026 respecto al año pasado, según los últimos datos del Barómetro del Alquiler del segundo trimestre del año, elaborado por el Observatorio del Alquiler y al que ha tenido acceso este periódico.
Por número total de inmuebles, Barcelona es («y seguirá siendo») la provincia que mayor volumen de vivienda pierde. La previsión para el cierre de año apunta a que el mercado verá 5.647 viviendas menos respecto al año pasado, lo que dejaría el total en 77.975 casas frente a las 83.622 de 2025. Todo esto, en gran medida, producto de la intervención que «condiciona los indicadores del mercado». Los datos muestran una diferencia entre las comunidades que han aplicado la medida y las que no. Por ejemplo, a pesar de que la Comunidad de Madrid es un foco de turístico y de empleo también, el Barómetro prevé que se mantenga estable rondando las 150.000 viviendas disponibles este año, ya que el pasado cerró con 150.247 exactas y la previsión para 2026 es de 150.244 casas.
«Las medidas más estructurales de intervención pública aplicadas hasta la fecha -Ley de Vivienda y declaración de zonas de mercado tensionado- no han logrado estimular la salida de vivienda al mercado ni contener la presión de la demanda«, reza el informe. Y es que esta comunidad no se ha limitado a esta medida de intervención y no planea quedarse solo en el alquiler. En estas zonas, busca prohibir la compra especulativa de vivienda, a través de una reformulación de la Ley de Urbanismo, además de crear una «Dirección General de Disciplina de Vivienda» para verificar que las limitaciones de adquisición se cumplan (con la propuesta de que sea liderada por Fuensanta Alcalá, que se significó ya en 2015 por sus sanciones a grandes tenerdores en una cruzada contra la propiedad privada).
Además de la oferta, el Observatorio indica que «la presión de la demanda en la región sufrió un cambio drástico tras la declaración de zona tensionada». En el primer trimestre de 2025, la presión en Barcelona no superaba los 101 interesados en los 10 primeros días de publicación de una vivienda. En el segundo trimestre de 2025, ya con la declaración de zona tensionada, la presión se disparó hasta 362 interesados, una subida del 258,4%. El año pasado cerró con 465 interesados, «el hecho de que Barcelona registre valores tan altos en cuanto a presión e interés de los posibles inquilinos se vincula directamente con la contracción de la oferta, que no se ha detenido desde que se declaró zona tensionada», analiza.
A esta medida (una de las que más ha rechazado el sector) se le suma la aprobación de recientes Reales Decretos en el alquiler -como el de marzo que luego cayó en el Congreso de la prórroga extraordinaria de dos años para los contratos y el tope del 2% a la actualización de las rentas- también generan un marco de inseguridad jurídica que «desincentiva la recuperación de la oferta residencial».
Después de Cataluña, País Vasco y Navarra se le unieron en 2025 con la declaración de más municipios, aunque Euskadi ha incorporado seis más este año al listado. De hecho, esta comunidad registra una previsión de «caída importante a nivel autonómico», con un descenso anual del 16,16% respecto al año pasado. La pérdida de oferta es más grande en Vizcaya (12,99%), con más de una docena de municipios como zonas tensionadas, y Guipúzcoa (22,33%), con más de la mitad de su población residiendo en municipios declarados. Aunque también sobre la media nacional, Álava es la provincia en la que menos impacto se ve con una caída del 11,29%.
«La presión de la demanda en esta región se ha disparado correlativamente. La presión ha aumentado progresivamente desde el segundo trimestre de 2024», explica el Barómetro. Aunque en 2025 se mantuvo relativamente estable, en el comienzo de 2026 ha experimentado un repunte que no se ha detenido, con una presión de 173 inquilinos interesados por vivienda. En el caso de Navarra, se sumó a la lista a medidados de 2025 con 21 municipios. La proyección de la oferta en el territorio para 2026 refleja una caída del 14,76%, es decir, un total de 3.009 viviendas frente a las 3.530 que se registraron el año pasado.
Galicia completa el cuadro de comunidades que oficialmente han cumplido con la medida y es «un caso reseñable» para el Observatorio. En A Coruña, el único con declaración, la pérdida de oferta es del 12,36%. Los efectos de la medida se ven con mayor medida en la presión de la demanda para el Observatorio, donde aseguran que «ha aumentado notablemente» hasta los 68 contactos por anuncio. A esta le sigue Pontevedra (-13,2%) y Lugo (-2,17%), mientras que Orense es en la que más ha aumentado con un 10,4% más, hasta las 3.567 viviendas disponibles ahora.
A nivel nacional, la proyección de oferta de alquiler residencial para 2026 apunta a una caída del 3,35%, lo que situaría el volumen total nacional en 660.993 inmuebles, mientras que mantiene una presión de la demanda de 143 interesados por cada inmueble de alquiler en un plazo de diez días y un precio medio de 1.211 euros, lo que representa un incremento anual del 4,85%. El desequilibrio entre la oferta y la demanda «persiste como principal factor de desajuste en el mercado residencial», donde ya son 12 las provincias que superan la barrera de los 1.000 euros mensuales de renta media.
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