<p class=»ue-c-article__paragraph»>La salida de <strong>Jordi Pujol</strong> de la presidencia de la Generalitat en 2003, tras 23 años de gobiernos de CiU y de un control hegemónico de todos los ámbitos de Cataluña, fue celebrada por los votantes progresistas y/o antinacionalistas que apoyaron la candidatura socialista de <strong>Pasqual Maragall</strong> como la oportunidad para un cambio de régimen. Una explosión de optimismo que duró apenas unos días, exactamente hasta que el PSC firmó el Pacto del Tinell con ERC e Iniciativa: una alianza con el independentismo y la izquierda soberanista que se articuló en torno a la elaboración de un nuevo Estatuto de Autonomía que sustituyera al de 1979 y enterrara simbólicamente el pujolismo.</p>
El aniversario de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la reforma de la ley fundamental catalana
La salida de Jordi Pujol de la presidencia de la Generalitat en 2003, tras 23 años de gobiernos de CiU y de un control hegemónico de todos los ámbitos de Cataluña, fue celebrada por los votantes progresistas y/o antinacionalistas que apoyaron la candidatura socialista de Pasqual Maragall como la oportunidad para un cambio de régimen. Una explosión de optimismo que duró apenas unos días, exactamente hasta que el PSC firmó el Pacto del Tinell con ERC e Iniciativa: una alianza con el independentismo y la izquierda soberanista que se articuló en torno a la elaboración de un nuevo Estatuto de Autonomía que sustituyera al de 1979 y enterrara simbólicamente el pujolismo.
Este proceso contó con el aval de José Luis Rodríguez Zapatero -primero en la oposición y luego ya como presidente- y acabó propiciando un choque institucional entre Cataluña y el Estado, sin precedentes desde la restauración de la democracia, que concluyó con la sentencia del Tribunal Constitucional del 28 de junio de 2010, anulando 14 artículos y reinterpretando otros 27. Dicha decisión judicial, que cumple ahora 15 años coincidiendo con la Amnistía, fue utilizada en su momento por el nacionalismo como excusa para iniciar, en el otoño de 2012, el proceso unilateral de independencia.
Con el aura de haber sido el alcalde de la Barcelona olímpica y el pedigrí de pertenecer a una de las familias patricias del catalanismo, Maragall asumió en 2003 la misión de sustituir el pujolismo. Pero, a diferencia de lo que muchos votantes esperaban, lo hizo por elevación: no reemplazó ni desmontó el entramado pujolista, sino que fue más lejos de lo que se había atrevido CiU y planteó modificar el acuerdo de relación competencial con el Estado. Un proyecto que no nacía de una demanda social o política, más bien de un capricho de grandeza de Maragall. Mientras el socialista defendía la necesidad de que Cataluña viera reconocida su singularidad, Pujol consideraba que cambiar el Estatuto en ese momento podría ser perjudicial. Una opinión opuesta a la de sus herederos políticos en Convergència -encabezados por Artur Mas, Oriol Pujol, Felip Puig, David Madí y Francesc Homs, entre otros-, apodados «los talibanes» por su posición claramente soberanista.
Estos cachorros del pujolismo decidieron «matar al padre» político y enarbolaron la reforma del Estatut como una bandera propia. «Pujol no veía clara la reforma y sabía que podía traer problemas. Si lo tocamos, perdemos», avisó, recuerda el escritor y diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro. Para el economista Antoni Fernández Teixidó, exconseller y exdiputado de CiU, Mas vio en el Estatut la posibilidad de generar «una nueva correlación de fuerzas favorable y que CiU recuperara las mayorías amplias. Obviamente calcularon mal sus fuerzas y el riesgo que corrían».
DE MARAGALL A PIQUÉ
El primer movimiento lo dio Maragall en marzo de 2004, presentando la propuesta del PSC de reforma estatutaria. El socialista incorporó en el preámbulo del documento que «Cataluña es una nación» dentro de una «España plural», enlazando su proyecto con el discurso que hacía Zapatero como líder de la oposición al entonces presidente José María Aznar. Los socialistas nunca ocultaron que el Estatuto fue alumbrado tras el Pacto del Tinell con la voluntad de dar más autogobierno a Cataluña, pero también de expulsar al PP de la mayoría de las instituciones. «Se quiso hacer una reforma de espaldas al primer partido de España, para excluirlo», sostiene Santi Rodríguez, secretario general del PP catalán.
El líder de los populares catalanes en ese momento, Josep Piqué, intentó que el partido estuviera presente en el debate parlamentario sobre el EstatuT, que se inició el 9 de febrero de 2004. Piqué consideraba que la participación del PP ayudaría a moderar el texto final y obligaría a un acuerdo amplio. Tesis que no convenció a Aznar ni al núcleo duro de Génova 13, encabezado por Miguel Ángel Acebes y Federico Trillo. Piqué fue fulminantemente destituido en 2007.
En el proceso de reforma de la ley fundamental catalana desempeñó un papel determinante Zapatero y su célebre compromiso público expresado el 13 de noviembre de 2003, durante un multitudinario mitin del PSC en el Palau Sant Jordi. Ante casi 20.000 personas, declaró: «Apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento catalán».
El aval de Zapatero reforzó sus vínculos con el PSC e hizo que el voto catalán fuera determinante en las elecciones generales de 2004, en las que se impuso a Mariano Rajoy. No obstante, con el paso de los años el Estatut se le volvió en su contra como un bumerán de críticas y reproches cuando el PSOE lo «cepilló» -en palabras de Alfonso Guerra– en el Congreso, enmendando al texto que había aprobado el Parlamento catalán el 30 de septiembre de 2005. Uno de los cambios que soliviantaron al PSC fue sustituir en el articulado el término «nación» por el de «nacionalidad», además de suavizar el régimen lingüístico que consagraba la supremacía del catalán en la administración, la escuela y el sistema de justicia.
BRECHA PSC-PSOE
Estas modificaciones también abrieron una brecha en la posición catalana y ERC, impulsora de la reforma, votó en el Congreso junto al PP contra su aprobación el 30 de marzo de 2006. Dos meses después, el texto fue ratificado en un referéndum en Cataluña, que contó con una baja participación -inferior al 47 %- pese al esfuerzo de la Generalitat y el Gobierno para fomentarla. Por su parte, el PP consideró que el nuevo Estatuto era el «principio del fin» del Estado autonómico. El 31 de julio de 2006 presentó un recurso de inconstitucionalidad al que se sumaron posteriormente el Defensor del Pueblo y cinco comunidades autónomas (Aragón, Baleares, Valencia, Murcia y La Rioja).
El enfrentamiento entre socialistas y populares fue total, al tiempo que surgían las primeras diferencias entre el PSC y el PSOE. «Toda la legislatura estuvo marcada por el momento en el que iba a llegar la sentencia», recuerda José Montilla, exministro de Industria y ex presidente de la Generalitat, quien sustituyó a Maragall como presidente catalán con la promesa de rebajar la tensión en el para y «poner orden» en el tripartito.
Sin embargo, Montilla replicó la política de Maragall y se fue distanciando de Zapatero por la negociación de un nuevo sistema de financiación. Una pugna entre el PSC y el PSOE que Montilla verbalizó en 2009, en el cierre del XI Congreso de los socialistas catalanes. «Presidente, los socialistas catalanes te queremos bien y mucho, pero aún queremos más a Catalunya», fue el inesperado aviso de Montilla, un hombre habitualmente parco en palabras y ajeno a la épica, ante un estupefacto Zapatero que respondió con su amplia sonrisa.
«El gran culpable de aquella crisis fue Zapatero y los socialistas catalanes al creer en su promesa», asegura Fernández Teixidó. El compromiso del presidente del Gobierno de aceptar el Estatut y el hecho de que este se hubiera votado en referéndum reforzaron la defensa argumental del PSC y el nacionalismo frente a una posible sentencia adversa del TC.
HACIA EL CHOQUE INSTITUCIONAL
El poder político y económico catalán impuso una espiral del silencio que expulsó a casi todas las voces críticas con el Estatuto, lo que no impidió la irrupción de Ciudadanos en 2006. Primero como plataforma cívica contraria a la alianza del PSC con ERC y luego como partido. «Muchos catalanes descubrimos que el PSC no era una alternativa real al nacionalismo, sino un partido que se sumó entusiasmado a la construcción nacional de Cataluña», recuerda el ex dirigente de Cs Jordi Cañas.
En ese contexto, el Tribunal Constitucional que presidía María Emilia Casas afrontó la deliberación sobre el Estatuto bajo las presiones del Gobierno, la Generalitat y el PP, y recusaciones cruzadas entre los magistrados «conservadores» y «progresistas». Montilla recuerda ser «consciente del impacto que iba a tener la sentencia en Cataluña» y reconoce que habló «con mucha gente de Madrid en las semanas previas para pararla».
Cataluña empezaba a oler a insurrección concertada y los diarios La Vanguardia y El Periódico impulsaron un editorial conjunto con otras nueve cabeceras, publicado el 24 de noviembre de 2009 bajo el título Por la dignidad de Cataluña. El texto, siciliano, advertía al TC: «Que nadie yerre el diagnóstico, no estamos ante una sociedad débil, postrada y dispuesta a asistir impasible al menoscabo de su dignidad».
LA SENTENCIA Y EL PROCÉS
Finalmente, el 28 de junio de 2010, el Tribunal Constitucional hizo pública su sentencia, declarando inconstitucionales 14 artículos, entre ellos el que definía a Cataluña como nación. Tal como habían anticipado, el nacionalismo y el PSC reaccionaron con indignación y victimismo, y fue el presidente Montilla quien convocó para el 10 de julio una manifestación bajo el lema Somos una nación, nosotros decidimos. La participación desbordó la previsión, con alrededor de un millón de personas según la Generalitat, y derivó en una gran expresión independentista de la que el propio Montilla tuvo que huir escoltado y entre insultos.
«Nuestro error fue centrarnos demasiado en conseguir una unidad política y social en Cataluña, y descuidar la explicación del nuevo Estatut en el conjunto de España. Eso permitió al PP elaborar un relato contrario a la reforma», afirma la jurista Laia Bonet, actual concejal del PSC en el ayuntamiento de Barcelona y durante el proceso estatutario, secretaria del Gobierno de Montilla.
¿Fue aquella sentencia del TC el detonante del procés que dos años después pondría en marcha Artur Mas? En 2010 el apoyo a la independencia rondaba el 12 %; en 2013 alcanzaba el 48 %. Sin embargo, para Gabriel Colomé, ex director del CEO y actual senador del PSC, el principal motivo fue la sensación de agravio económico: «Si Rajoy hubiera aplicado mejoras fiscales, el impacto habría sido menor».
Artur Mas y los nuevos dirigentes de CiU, a pesar de pactar con el PP sus primeros presupuestos tras regresar a la Generalitat a finales de 2010 y que en la Diada de 2011 nadie se acordara del Estatut, utilizaron aquel desencuentro institucional para desviar la atención de la crisis financiera y de los duros recortes que estaban aplicando, entre una importante contestación social en la calle. Alarmada por la evolución de aquellas protestas, CiU abrazó el independentismo como ideario y provocó el choque con el Estado. «La sentencia fue solo la excusa», subraya Santi Rodríguez.
En septiembre de 2012, Mas se presentó en Moncloa exigiendo a Rajoy una nueva financiación. Tras la negativa del presidente, que intentaba que España no fuera rescatada por Bruselas, regresó a Cataluña y proclamó el inicio del procés: un intento de rebelión que impulsó y quiso liderar, pero que al final acabó devorándolo como a otros de sus hijos, mientras el independentismo avanzaba sin freno hacia el 1-O y la sedición.
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