El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 finalmente ve la luz. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la propuesta final de la ministra Isabel Rodríguez que propone triplicar la financiación hasta los 7.000 millones de euros y blinda la oferta pública con el principio de protección indefinida para los inmuebles que se adquieran y promuevan con fondos del plan. «Que ni un euro de la financiación va a ir a la especulación sino a garantizar el derecho», ha asegurado la ministra.
Estipula que todas las viviendas construidas o adquiridas con recursos procedentes del PEV se tendrán que adjudicar con criterios objetivos, medibles, transparentes y trazables
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El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 finalmente ve la luz. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la propuesta final de la ministra Isabel Rodríguez que propone triplicar la financiación hasta los 7.000 millones de euros y blinda la oferta pública con el principio de protección indefinida para los inmuebles que se adquieran y promuevan con fondos del plan. «Que ni un euro de la financiación va a ir a la especulación sino a garantizar el derecho», ha asegurado la ministra.
Como estaba previsto, la cofinanciación con las comunidades autónomas se mantiene, el punto de choque con los gobiernos autonómicos presididos por el PP. Contempla que el Estado asuma el 60% de la inversión prevista, mientras que las CCAA pasarán de aportar el 25% en el pasado al 40% en este nuevo plan. La ministra ha asegurado que recoge las aportaciones de las autonomías con las que ha tenido más de 28 encuentros y ha recibido alrededor de 400 aportaciones del sector. La ministra ha apuntado que se trata de un paso importante para dar solución al problema de la vivienda de hoy y para siempre y recalca que «no valen parches», ni hay una «varita mágica» y que la ciudadanía está demandando un acuerdo de país en torno a la vivienda.
Rodríguez ha destacado que es el primer plan bajo el paraguas de la Ley de Vivienda, por lo que el Gobierno dejará de ser una «caja pagadora», lo que cambia con esta nueva normativa. Así, pone especial atención a la construcción y rehabilitación con el objetivo de ampliar el parque público y asequible, para lo que destina al menos el 40% de su presupuesto a este objetivo. Otro 30% se destina a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente y el 30% a ayudas para facilitar la emancipación juvenil, la reducción de la tasa de esfuerzo financiero y la intervención en zonas tensionadas.
Rodríguez ha detallado que se articula en torno a cinco ejes principales: el impulso a la construcción y adquisición de vivienda pública; la rehabilitación para mejorar la eficiencia y la accesibilidad; el desarrollo de líneas específicas de apoyo para reducir la edad de emancipación de los jóvenes; la rebaja de la tasa de esfuerzo para garantizar el acceso en condiciones de asequibilidad; y la reversión de situaciones en las zonas de mercado tensionado donde existen mayores dificultades para el acceso a la vivienda.
Entre las novedades del nuevo Plan Estatal de Vivienda están las ayudas a jóvenes para el alquiler con opción a compra de viviendas protegidas con protección permanente de hasta 300.000 euros o ayudas de más de 10.800 euros para jóvenes que compren o construyan su primera vivienda en municipios con riesgo demográfico. Así como una «cláusula antifraude» para combatir posibles amaños en la adjudicación de vivienda de protección oficial tras el caso de las VPO de Alicante que está investigando la Justicia.
Entre otras, se incrementa la cuantía del bono alquiler joven hasta 300 euros al mes, respecto a los 250 euros mensuales actuales; se conceden una ayuda de hasta 250 euros mensuales para el alquiler de vivienda habitual, así como ayudas para el alquiler a colectivos especiales, como víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables. También recoge ayudas a la rehabilitación para actuaciones estructurales de hasta 8.000 euros por vivienda, ayudas de accesibilidad de hasta 13.000 euros por vivienda y ayudas para la rehabilitación energética de hasta 20.500 euro por vivienda.
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