El PP toca a rebato tras el último paso al frente del Gobierno de Pedro Sánchez para limitar la llegada de centros de datos a España. Según ha podido saber EL MUNDO, Génova convocó el pasado lunes a los consejeros con competencias en la materia de cada autonomía popular para coordinar la ofensiva frente a la propuesta de real decreto de Moncloa que endurece notablemente las exigencias para los data center, cuyo trámite de audiencia termina este viernes.
Dirigentes ‘populares’ mantuvieron el lunes un discreto encuentro para coordinar sus estrategias frente a la propuesta de real decreto del Gobierno que limita el despliegue de ‘data center’. El plazo de alegaciones termina este viernes
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El PP toca a rebato tras el último paso al frente del Gobierno de Pedro Sánchez para limitar la llegada de centros de datos a España. Según ha podido saber EL MUNDO, Génova convocó el pasado lunes a los consejeros con competencias en la materia de cada autonomía popular para coordinar la ofensiva frente a la propuesta de real decreto de Moncloa que endurece notablemente las exigencias para los data center, cuyo trámite de audiencia termina este viernes.
El Gobierno central ha dejado apenas unos días para participar en el trámite de audiencia de una norma que presentó la semana pasada, en plena operación retorno tras el parón veraniego, que está tramitando por vía de urgencia y que lanzó sin contar previamente ni con las CCAA ni con el propio sector.
La instalación masiva de estas infraestructuras, que requieren un ingente consumo de agua y electricidad, ya ha desatado problemas de estabilidad en la red eléctrica y un agresivo encarecimiento del recibo de la luz en países como Estados Unidos o Irlanda. Fuentes del Gobierno justificaron con estos antecedentes la necesidad de anticiparse con una nueva regulación más restrictiva para los data center.
El principal partido de la oposición y la patronal nacional de centros de datos, SpainDC, insisten en que el nuevo marco sería el más estricto de Europa y mataría, de facto, alrededor del 80% de los proyectos en curso, pues afectaría retroactivamente a todos aquellos que aún no se hayan conectado a la red. En el PP confían en desarmar la futura ley si llegan al Gobierno, pero aseguran que traerá efectos irreparables: «El inversor que levanta el vuelo ya no vuelve».
Este es el gran temor de Aragón y Madrid, que han abrazado la economía de la IA y han situado los centros de datos como eje de su política económica. Estos días, los equipos de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el líder aragonés, Jorge Azcón, trabajan a contrarreloj para afinar sus alegaciones al futuro decreto. Ambas regiones liderarán la respuesta autonómica al trámite de audiencia.
Pero la dirección nacional del partido no quiere que esta sea una cruzada individual, por ello abrió este lunes un foro de debate. «Fue una reunión de partido para coordinar estrategias con los consejeros», trasladan fuentes próximas al encuentro, que lideró Alberto Nadal, vicesecretario de Economía de la formación, y se convocó «de un día para otro». La cita se desarrolló telemáticamente con la máxima discreción y no figuró en las agendas oficiales ni de las CCAA ni del partido. Fuentes del PP aseguran que las once comunidades que gobiernan van «todas a una», aunque alegarán «con matices».
Azcón y Ayuso se están involucrando directamente en el trámite. «Es un sinsentido y un golpe de miles y miles de millones al territorio», denuncian desde Aragón, donde los data center han prometido inversiones por 47.000 millones de euros para 2029, más de 10.000 empleos y un retorno fiscal de unos 4.300 millones. En la región madrileña hay 56 proyectos en curso (15 de ellos ya en construcción), cuya inversión rondará los 15.000 millones y que tienen un potencial para crear hasta 24.000 empleos.
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