Bajo sus pies discurren kilómetros y kilómetros de tuberías. Más concretamente, en el caso de distribución hay alrededor de 300.000 kilómetros, aunque si se suma la de saneamiento se superan los 400.000 kilómetros con una edad media de 45 años. El lector probablemente no recuerde este dato hasta que abra el grifo y el agua no corra; bien por cortes puntuales o bien porque a su región ha llegado la siguiente sequía.
Pese a la urgencia que requieren las lluvias torrenciales y las sequías periódicas, los planes hídricos apenas se ejecutan en un 30%. Detrás se encuentra el caos de la gobernanza y la falta de «valentía política»
Bajo sus pies discurren kilómetros y kilómetros de tuberías. Más concretamente, en el caso de distribución hay alrededor de 300.000 kilómetros, aunque si se suma la de saneamiento se superan los 400.000 kilómetros con una edad media de 45 años. El lector probablemente no recuerde este dato hasta que abra el grifo y el agua no corra; bien por cortes puntuales o bien porque a su región ha llegado la siguiente sequía.
Tampoco lo recordarán las figuras políticas responsables, y así lo lamentan los principales agentes del sistema de aguas del país: nadie avanza en esta materia hasta que la tragedia o la necesidad golpean. Y cuando esto ocurre, las infraestructuras tampoco están listas para reaccionar porque tardan muchos años en construirse. No hay presupuesto extraordinario, medida urgente o decreto ley que salve esta brecha en la ejecución de los planes hídricos.
Ello cobra cada vez más importancia en un país donde conviven sequías e inundaciones. Ambos fenómenos se están intensificando, advierten la patronal Seopan y la empresa Typsa en su último informe: «el país sufre situaciones de escasez de agua en uno de cada cuatro años» y las proyecciones climáticas oficiales estiman que la cantidad de agua que llega de forma natural a ríos, embalses y acuíferos podría reducirse entre un 7% y un 11% en las próximas décadas. A la par, España está cada vez más expuesta a inundaciones provocadas por lluvias intensas y concentradas que afectan a más de 2,7 millones de personas en zonas inundables.
«Hay falta de voluntad en las clases políticas» por activar mecanismos o planes «realistas», argumenta Antolín Aldonza, portavoz de la Asociación Española de Empresas de Tecnologías del Agua (Asaguas). Los planes hídricos vigentes resultan demasiado ambiciosos con tan pocos recursos, apostilla. En la misma línea se pronuncian los analistas de Funcas en el estudio La economía de las infraestructuras en España: realidad, retos y recomendaciones: «La solución es un mantenimiento preventivo, lo que requiere planes de inversión. Pero como no suele ser el caso, las averías que surgen se reparan con presupuestos extraordinarios y no poca improvisación». Improvisación que, ante el avance progresivo del cambio climático, cada vez cuenta con menos antecedentes para prever.
En las últimas décadas España ha sufrido grandes sequías en Cataluña (2007-2008 y 2023-2024) con importantes pérdidas económicas y restricciones periódicas para la población. Pero el último gran suceso fue el desbordamiento del barranco del Poyo en Valencia (2024), con 229 víctimas mortales. Las obras de este habían sido proyectadas en 2011, pero nunca ejecutadas.
España sufre un «evidente envejecimiento» de sus tuberías, con un porcentaje de renovación del 0,54% en abastecimiento y del 0,12% en el alcantarillado, lejos del 2% de renovación anual que sería necesario y que ya le exige una vida útil de 50 años, explica Carmen Hernández desde la Asociación Española de Entidades Gestoras de Abastecimiento y Saneamiento (Daquas). «Le estamos pidiendo a las tuberías llegar hasta unos hasta unos 1.000 años de vida útil«, concluye.
El volumen de agua no registrada en el país alcanzó el año pasado el 19,4%. De este, las pérdidas reales por fugas de agua fueron del 10,1%. En algunos casos se llega al 40%, exigiendo cortar el agua en periodos secos y otras, por insuficientes, obligan a «mantener en servicio insalubres aljibes domésticos», advierten los analistas de Funcas. Y de las tuberías no solo depende solo que el lector pueda ducharse hoy: el 66% del agua urbana es de uso doméstico, el 20% se dedica al consumo industrial y el 14% restante tiene usos municipales o institucionales. En términos de actividad económica, el sector agrícola es el principal consumidor con alrededor del 80% del consumo total solo para el regadío. Y cualquier alteración en ellos afecta a los rendimientos de los cultivos, encarece la ganadería… y todo repercute en los precios de la cesta de la compra, explican expertos de la Universidad Internacional de Valencia. También extienden los daños al sector energético, donde en las semanas de menor reserva hídrica la producción hidroeléctrica puede llegar a reducirse a la mitad; y a las industrias química, de papel y textil, con procesos hidrointensivos que exigen caudal constante y agua de alta pureza. Otro foco de conflicto es la concentración del turismo en las zonas sensibles a sequías y con restricciones.
«Todos los usos tienen frentes abiertos», matizan desde Funcas. Porque además de las tuberías, hay grandes infraestructuras que requieren atención urgente: depuradoras, desaladoras y presas. Estas últimas -el 88% del total disponible tiene más de 50 años, mientras que el 64% supera los 75 años- son prioritarias y estratégicas, al igual que los embalses. Pero las depuradoras son la «asignatura pendiente de España», y el motivo por el que el país acumula varias multas millonarias de Bruselas (90 millones de euros y en aumento).
Se establecen planes, «pero nunca se acaba de actualizar el sector porque las acciones no se acompañan de las inversiones necesarias, no se cumplen en su totalidad o no tienen la necesaria continuidad», explica Aldonza. «Además, las administraciones competentes no tienen los medios necesarios y los procedimientos administrativos no son lo suficientemente ágiles y se alarga mucho el proceso de licitación», resume.
La inversión total de los planes vigentes alcanza los 22.844 millones de euros, de los que 6.660 millones de euros corresponden a la mejora de la red de saneamiento y la depuración y 2.200 millones de euros a la red de abastecimiento. En cuanto a las medidas, superan las 6.500 previstas. Asaguas ve estos planes «ilusorios» pese al refuerzo de los fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia que contemplan hasta 2026 una inversión pública de 140.000 millones de euros. Porque de estos, 69.528 millones de euros corresponden a trasferencias en el periodo 2021-2023. Y solo el 3% se dedican al agua. «Escasa apuesta monetaria cuando estamos hablando de un déficit que supera los 35.000 millones de euros», concluye Aldonza.
Por lo general, en el reparto de financiación, las infraestructuras hidráulicas absorben en torno al 69% del gasto total. El resto se destina a actuaciones administrativas y de gestión (8%), restauración del dominio público hidráulico (6 %) y otras medidas complementarias, explica Funcas.
«Resalta la falta de uniformidad en las series presupuestarias», continúa Aldonza en base al histórico de Presupuestos Generales (PGE) analizado por la plataforma, «la inversión no se sostiene en el tiempo«. En infraestructuras, desde los planes de 2008 -el último periodo de gran presupuesto público destinado a las políticas del agua- y los 1.048 millones de euros presupuestados (se ejecutó el 67,2%), en la actualidad se prorrogan los de 2023, con créditos definitivos de 231 millones de euros. La diferencia de inversión es un recorte del 77%. En términos de calidad del agua, con 401 millones de euros presupuestados en 2008 (76% de ejecución) a los 217 millones actuales, la caída es del 45%, según los datos de la plataforma. Con el actual Ejecutivo ha caído un 18,16%.
Otra cuestión que destaca es el grado de cumplimiento, también irregular en el tiempo, que en algunos años no llega al 50% de los créditos totales. Responsabiliza de ello a los ajustes fiscales para controlar el déficit del sistema: «En la práctica supone gastar menos de lo presupuestado en el año que se incumple y restar dinero a los créditos del año siguiente, ya que ese dinero que no se gastó no viene ampliado en los PGE. En definitiva, se pierde».
El (vasto) patrimonio hidráulico tiene un valor de unos 452.000 millones de euros. «Si se considera una vida útil de 50 años, requeriría un esfuerzo sostenido de reposición y mantenimiento cercano a 9.000 millones de euros anuales para preservar su funcionalidad, muy lejos de la inversión actual», inciden desde Funcas. A lo que se añade que las inversiones previstas rara vez se materializan íntegramente en el ciclo establecido, porque superan el techo de gasto aprobado en los PGE. Los últimos, los de 2023.
La Planificación Hidrológica es la herramienta fundamental para estructurar todos estos proyectos, que actualmente toman forma en los planes hidrológicos 2022-2027.El reparto de la financiación se realiza entre las CCAA (47%) y la AGE (39%). Pero como señalan distintos expertos del sector consultados, la historia demuestra que su ejecución no es completa: en los planes del primer ciclo (2009-2015) se cumplieron en cerca del 42% de las medidas; los del segundo ciclo (2016-2021) en un 30%. Y no esperan grandes cambios para los vigentes, que engloban distintas medidas en función de la demarcación, pero donde las principales son para el saneamiento y depuración, restauración fluvial y de riveras, o garantías del suministro.
Mantener en buen estado la infraestructura, que ya está sujeta a necesidades olvidadas, no es fácil. Distints plataformas han hecho las cuentas a este respecto; las más recientes, Typsa y Seopan en 2025 -por lo que la cifra no recoge el alza actual de los precios de la construcción, ni los nuevos planes hidrográficos de cuarto ciclo en desarrollo-: es preciso invertir 103.824 millones de euros en los próximos 10 años. Para minimizar los efectos de las sequías, 84.644 millones de euros, y para reducir los de inundaciones, 19.180 millones de euros. Este esfuerzo inversor debe, además, incrementarse como consecuencia de la degradación de las infraestructuras.
«A las inversiones para la renovación de redes se deben unir aquellas necesarias para la construcción de nuevas infraestructuras, imprescindibles para cumplir con las nuevas normativas comunitarias como son la Directiva de Aguas de Consumo Humano y la Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbana», apostillan desde Daquas. Actualizan el déficit a partir de 2025 en unos 8.100 millones de euros anuales.
«España sigue sin resolver la depuración de ayer mientras Europa le exige preparar la de mañana», resume Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS).
Y ahora que el Ministerio está redactando los planes de cuarto ciclo (2027-2033), «realmente no se está volviendo a hacer una planificación realista, no estamos pensando qué presupuestos se van a tener en el futuro y quién se responsabiliza de que en el pasado no se hayan ejecutado bien las actuaciones», destacaba Manuel Menéndez, consejero de Typsa, en la jornada Infraestructuras clave para el desarrollo de Cataluña celebrada esta semana en Barcelona junto a Seopan.
«En España tenemos una planificación muy buena, desde el punto de vista de diagnóstico», pero falla «en el programa de medidas» y en canalizar cómo llevarlas a cabo, expresó Menéndez. «Si ahora el sector dispusiera de financiación ilimitada, esos problemas administrativos, regulatorios o de gobernanza, harían que no pudiese invertirse».
El consenso general de los expertos reclama una simplificación administrativa. Existe una división competencial compleja a tres niveles administrativos: el Gobierno central gestiona las cuencas intercomunitarias y el abastecimiento «en alta» a través de las Confederaciones Hidrográficas; las Comunidades Autónomas tienen competencias en ordenación del territorio, y más de 8.000 entidades locales son las responsables de la distribución «en baja» y el alcantarillado. «Esta dispersión de responsabilidades dificulta la coordinación de actuaciones urgentes y la ejecución ágil incluso de los fondos ya aprobados y disponibles, como demuestra el hecho de que el PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua, aprobado en marzo de 2022, siga aún en fase de ejecución a mitad de 2026″, subrayan desde la Universidad de Valencia.
A modo de resumen, «el 35% de la población es abastecida por entidades públicas, el 33% por empresas privadas, el 22% por empresas mixtas y el 10% restante por servicios municipales», detalla Daquas. Pero quien paga las tarifas es el consumidor de aguas urbanas. En el año 2025, el precio medio del agua para uso doméstico se situó en 2,23 euros por metro cúbico; de esta cantidad, el 58% pagó el servicio de abastecimiento y el 42% el de saneamiento. En 2018 el gasto total fue de 1,84 euros por metro cúbico. Y pese al alza de los precios, «siguen estando muy lejos de llegar a cubrir el coste de los servicios», insisten desde Daquas. Por el déficit acumulado: «la tarifa actual solo cubre, y no siempre, los gastos operativos del servicio, pero no los relativos a las infraestructuras: amortización, renovación y nuevas actuaciones para la mejora de prestaciones o calidad del agua y servicio», señalan en Daquas. Reclaman una subida escalonada tarifaria progresiva. Pero claro, «nos encontramos con que, a nivel local, no se toman las decisiones políticas que se debiera para financiar estas necesidades de inversión». Porque la solución de los alcaldes sigue siendo pasar la patata caliente al siguiente en el puesto, reflexiona Hernández.
El peso de la tarifa del agua en el presupuesto familiar es del 0,84%, muy por debajo del 3% marcado por la ONU como límite. Según Funcas, aumentar el precio del agua 1,5 euros por metro cúbico al consumidor final, «cifra que, exceptuando los pequeños municipios, no es un problema. Al ciudadano medio le supondría dedicar el 1% de sus ingresos». Pero «los servidores públicos consideran que, si se incrementa, pueden perder votos. De ahí las diferencias de precios entre distintas localidades aún próximas», opina Aldonza.
Abaratar los costes del agua pasa por innovar en nuevos métodos. Aquí cobran importancia los sistemas alternativos, aunque ahora mismo, el 65% del agua captada viene de la superficie, el 25% de aguas subterráneas y de manantiales, y el 10% restante son aguas desaladas. Esta última cuesta entre 0,50 y 1 euro por metro cúbico, detalla Belén Gutiérrez, presidenta de la Asociación Española de Desalación y Reutilización (AEDyR). A modo orientativo, Funcas estima que el precio medio del agua superficial es 0,02 euros por metro cúbico, mientras que el del agua subterránea ronda los 0,09 euros por metro cúbico.
Gutiérrez defiende que España es líder en innovación en desarrollo de estos sistemas alternativos, que pueden ayudar a paliar el estrés hídrico crónico del país. Por normativa, su uso generalmente se destina al riego agrícola y urbano, industrial, limpieza de alcantarillado o recarga de acuíferos, explica, pero ello no le resta importancia, dado que la presencia de una de las desaladoras de mayor producción en España en Barcelona cubrió el 25% del consumo total del área metropolitana en la última gran sequía. Así que AEDyR urge a integrar este tipo de infraestructuras en la planificación hidrológica, como un recurso complementario. Y no esperar a que llegue la próxima sequía, dado que su planificación puede requerir entre cinco y seis años… si no hay cambios normativos de por medio.
El del agua es un sector, señala Gutiérrez, que requiere una visión a largo plazo, y «que no sea un tema político, sino uno técnico«.
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