“La era de las deportaciones ha comenzado”. Hace unos meses, la frase del eurodiputado sueco de derecha radical Charlie Weimers sonaba como una provocación. Ahora, tras el acuerdo sobre el reglamento de retornos entre la Eurocámara, los Estados y la Comisión, parece más bien una descripción precisa del rumbo político de la Unión Europea. Con el marco legal para enviar migrantes a campos de deportación fuera de Europa prácticamente cerrado, varios Estados miembros —Alemania, Austria, Países Bajos, Dinamarca y Grecia— han intensificado la busca de países para albergarlos; principalmente en África, lejos del Viejo Continente, según fuentes diplomáticas. La batalla política ha terminado, pero la geográfica acaba de empezar.
La aprobación del nuevo reglamento de retorno de la UE lanza la carrera para crear campos de deportación y consolida el giro migratorio de la Unión
“La era de las deportaciones ha comenzado”. Hace unos meses, la frase del eurodiputado sueco de derecha radical Charlie Weimers sonaba como una provocación. Ahora, tras el acuerdo sobre el reglamento de retornos entre la Eurocámara, los Estados y la Comisión, parece más bien una descripción precisa del rumbo político de la Unión Europea. Con el marco legal para enviar migrantes a campos de deportación fuera de Europa prácticamente cerrado, varios Estados miembros —Alemania, Austria, Países Bajos, Dinamarca y Grecia— han intensificado la busca de países para albergarlos; principalmente en África, lejos del Viejo Continente, según fuentes diplomáticas. La batalla política ha terminado, pero la geográfica acaba de empezar.
Las organizaciones de defensa de derechos humanos han criticado la nueva regulación europea —que se suma a otras también muy duras— y han comparado la deriva de la UE con las políticas agresivas de la Administración estadounidense de Donald Trump. “Este reglamento va a crear un sistema draconiano de detención y deportación”, dice Silvia Carta, responsable de incidencia política en PICUM, en un comunicado.
Las ONG advierten de que expondrá a cientos de miles de personas al encarcelamiento en centros de detención de inmigrantes en terceros países durante un tiempo indefinido (dentro de la UE, el tiempo máximo será de 30 meses), así como a la separación de familias y el envío de personas a países que ni siquiera conocen y con los que no tienen ningún tipo de vínculo. “Al otro lado del Atlántico vemos la violencia y el miedo generados por la brutal aplicación de la ley de inmigración por parte del ICE. Europa debería aprender de los perjuicios de ese modelo, en lugar de construir su propia versión”, sigue Carta.
La Comisión Europea insiste en que el nuevo reglamento, unido a otras medidas, ayudará a aumentar el número de deportaciones de solicitantes que no hayan recibido asilo. Hoy, solo un 28% de los migrantes que han visto rechazada su petición regresan a su país de origen, según datos de Eurostat que Bruselas repite como un mantra. Para sus defensores, los campos de deportación funcionarían como una solución, pero también como un elemento disuasorio. “Estamos poniendo en orden Europa. Con las nuevas normas tenemos mayor control sobre quién puede entrar y quién debe marcharse”, ha defendido el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, favorable a una política migratoria europea más dura.
La cuestión decisiva ahora es ver si esa estrategia logra superar los obstáculos que frustraron iniciativas anteriores. Como el modelo de Italia en Albania, donde ha abierto campos para enviar a los solicitantes de asilo que han costado miles de millones y que por ahora ha sido un fracaso. La nueva legislación ya está prácticamente cerrada. Ahora, queda por ver la capacidad de los Estados miembros interesados en encontrar dónde abrir esos campos de deportación.
El viceministro chipriota para Migración y Protección Internacional, Nicholas Ioannides, ha explicado este martes que la idea general es crearlos en áreas quizás de África o Asia. “No cerca de las fronteras europeas”, ha dicho Ioannides, que ha subrayado que, en cualquier caso, los países “anfitriones” deberán garantizar los derechos de los deportados.
Mientras, el eurodiputado liberal holandés Malik Azmani, principal negociador del reglamento por parte de la Eurocámara —aunque el texto final no fue el suyo, sino el acordado por el Partido Popular Europeo (PPE) con los grupos más a la derecha de la Eurocámara—, no ha descartado que pueda firmarse algún acuerdo con algún país extracomunitario de Europa del Este. Aunque “probablemente sea África”, ha coincidido con el chipriota. En cualquier caso, ha subrayado, eso es algo que tienen que negociar los países que estén interesados en crear esos centros.
Hay prisa para hacerlo. Fuentes diplomáticas explican que el marco legal para abrir esos campos de deportación puede estar listo antes del verano. “Cada mes de retraso es un mes en el que el sistema falla”, ha defendido Azmani. Europa no puede permitirse otro estancamiento”, ha dicho en rueda de prensa este martes.
Tanto Azmani como Ioannides, cuyo país ostenta este semestre la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, han subrayado que el texto, muy endurecido respecto de la propuesta original de la Comisión, en reflejo del giro a la derecha del continente, expresa el sentir de la gran mayoría de Estados miembros y de la Eurocámara respecto a la cuestión migratoria.
Muestra de ello, han coincidido en diferentes encuentros con la prensa, es el hecho de que varios países ya están activamente discutiendo cómo crear estos centros en terceros países. Una lista a la que, ha confiado Ioannides, se irán añadiendo más Estados con el tiempo.
Pero prueba al mismo tiempo lo poco avanzadas que están aún estas negociaciones —“por el momento no hay resultados tangibles”, ha reconocido el viceministro chipriota en un encuentro con un grupo reducido de periodistas en Bruselas, entre ellos EL PAÍS—; es el hecho de que ni siquiera están claros los parámetros de dichos centros.
La UE es enfática en que la nueva ley establece como “línea roja” el respeto de los derechos fundamentales de los migrantes transportados a un tercer país, que deberá garantizar el cumplimiento de esos derechos. Pero no está claro aún qué significa realmente eso. Por ejemplo, si acaban familias con menores en esos centros —puerta que abrió el Parlamento Europeo y que ha quedado fijada en el texto final acordado—, ¿cómo se garantizará que continúan con su educación, siendo de diferentes países y habiendo sido deportados también de distintos Estados europeos, para acabar en el limbo en un tercer país con el que no tienen por qué tener ningún vínculo y del que no está claro cuándo saldrán, ya que no se ha fijado por ley una estancia máxima en dichos centros?
Ni siquiera está claro cómo definir a los deportados —o retornados, según Bruselas— por la fuerza. Hay reticencia a llamarlos “detenidos”, pero a eso apunta en cualquier caso la medida, aunque solo sea de facto, puesto que a priori no tendrán libertad para salir del recinto al que sean llevados salvo para regresar a su país de origen y tampoco hay una fecha tope para mantenerlos ahí. Aunque ni eso está aún claro, reconocen las fuentes.
Con el acuerdo alcanzado, “ahora tenemos una base legal sólida para establecer” los centros de detención, pero todavía hay “cuestiones prácticas, de logística” por resolver, ha señalado al respecto Ioannides.
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