La invasión a gran escala de Ucrania lanzada por Rusia en 2022 alimenta el éxodo de ciudadanos rusos que rechazan someterse a la política militarista de Vladímir Putin. Los que emigran a Europa para protegerse del autoritarismo del Kremlin forman un conjunto variopinto: en él hay cualificados informáticos, prestigiosos intelectuales, estudiantes, jóvenes temerosos de la movilización, periodistas y activistas políticos prófugos de la justicia rusa.
La falta de una política común europea deja desprotegidos a quienes huyen de la represión del Kremlin, mientras Bruselas debate nuevas restricciones de entrada
La invasión a gran escala de Ucrania lanzada por Rusia en 2022 alimenta el éxodo de ciudadanos rusos que rechazan someterse a la política militarista de Vladímir Putin. Los que emigran a Europa para protegerse del autoritarismo del Kremlin forman un conjunto variopinto: en él hay cualificados informáticos, prestigiosos intelectuales, estudiantes, jóvenes temerosos de la movilización, periodistas y activistas políticos prófugos de la justicia rusa.
Al margen de los cargos incoados contra muchos de ellos en Rusia, todos esos exiliados —centenares de miles de personas— son víctimas potenciales de un régimen que utiliza la Justicia para perseguir a la disidencia real o imaginada. Desde marzo de 2022, manifestarse contra la guerra o criticar a las autoridades y al ejército son delitos punibles con años de cárcel en Rusia.
Para los fugitivos de Putin, la UE es un destino preferente, aunque requieran visado, pues los países postsoviéticos a los cuales pueden viajar libremente resultan menos seguros (por sus vínculos con Moscú) y porque Estados Unidos es una opción arriesgada debido a la política de deportaciones de Donald Trump.
En 2021, unos 550.000 rusos recibieron visados en el espacio Schengen; en 2022 llegaron a ser 618.000 y, tras un bajón en 2023 y 2024, aumentaron hasta los 680.000 en 2025.
Los rusos forman hoy comunidades importantes en ciudades como Berlín, Praga, Varsovia, París o Barcelona y en países como Letonia y Lituania. Fuera de la UE, destacan Serbia y Montenegro, país este último que acaba de introducir los visados para ciudadanos rusos.
El Kremlin ha endurecido su política en relación a sus nacionales condenados por diversos “delitos” y residentes en el extranjero. En agosto, Putin firmó un paquete de leyes dirigido contra los que llama “extremistas”, “traidores a la patria”, que castiga a los “delincuentes” exiliados con medidas como la negativa de asistencia consular y notarial o la prohibición de poseer bienes inmuebles o medios de transporte, de registrarse como empresarios, de recibir créditos, de disponer de cuentas bancarias y de acceder a los servicios públicos.
“El paquete legislativo ayudará a proteger al Estado de los sinvergüenzas que han abandonado el país y siguen vomitando inmundicias desde el extranjero; haciendo todo lo que está en su mano para causar daño a nuestros ciudadanos y a la Federación de Rusia”, dijo Viacheslav Volodin, jefe de la Duma Estatal, según el cual los “sinvergüenzas” “deben entender que el castigo les llegará de un modo u otro”. A principios de 2026, unos 10.500 rusos condenados por algún delito en su país residían en el extranjero, según el diputado Vasili Piskarev, jefe de una comisión de la Duma, citado en el portal informativo RBK.
Mientras Rusia intensifica la represión y continúa enviando soldados a Ucrania, Europa endurece su política inmigratoria. La tendencia es general, pero en el caso de Rusia es también parte de la respuesta comunitaria a los sabotajes y episodios de guerra híbrida atribuidos al Kremlin y a los largos tentáculos de sus órganos de seguridad.
Los rusos emigrados están hoy entre dos fuegos en Europa: la represión que les amenaza desde su país y la posibilidad de que los Estados democráticos elegidos para asentarse los perciban como agentes del Kremlin y los rechacen.
La UE no tiene una política común para proteger al contingente de “rusos europeos”, esas personas que, si llega el caso, podrían facilitar la “reconexión” con la Rusia post-Putin.
Las voces favorables a un mecanismo de acogida común para quienes huyen de la “represión transnacional” suenan en distintos foros, pero son aún aisladas. En julio, el Parlamento Europeo pidió garantías a los Estados de la UE para “que se aborden adecuadamente las circunstancias individuales de los solicitantes que son víctimas de la represión transnacional”.
El pasado 5 de octubre, la rusa Anna-Victoria Politkóvskaia, nieta de la periodista Anna Politkóvskaia, asesinada en Moscú en 2006, exhortó a crear un mecanismo común de visados humanitarios para rusos perseguidos y amenazados con violencia o represión en su propio país, es decir, para todos los que “no pueden quedarse en Rusia de forma segura”.
En un comité de la Eurocámara en Estrasburgo, Anna-Victoria Politkóvskaia, de 19 años, se refirió al caso de su amigo Sasha, un ruso del Cáucaso del Norte, víctima del rechazo y la violencia por su condición de gay. El muchacho quiso huir de Rusia pero, falto de recursos y documentos, acabó suicidándose. “Salvar la vida de gentes como él tal vez podría ser una de las principales tareas de Europa”, dijo la joven.
“Yo tuve la suerte de tener a dónde ir. Otros no la tienen”, afirmó la joven Politkóvskaia, que calificó el cierre progresivo de las fronteras europeas como una “estrategia equivocada” para que “la gente se quede encerrada en Rusia y allí resuelva sus problemas”.
La creación de algún tipo de mecanismo protector común podría ser, salvando las distancias, una nueva versión del pasaporte Nansen, el documento de identidad creado en 1922 bajo la égida de la Sociedad de Naciones, que tan útil fue para los emigrantes del Imperio Ruso despojados de su ciudadanía por los bolcheviques.
Las tendencias restrictivas predominan hoy. El pasado 12 de octubre los ministros de Exteriores de la UE se plantearon restringir más los visados a rusos y la ministra de Exteriores de Finlandia, Elina Valtonen, pidió paralizar su expedición hasta que Moscú retire sus tropas de Ucrania.
“No está bien que los rusos puedan viajar a Europa para disfrutar del modo de vida y las libertades aquí mientras su país bombardea los hogares de los ucranios”, dijo la ministra finlandesa. Valtonen aboga también por acelerar la entrada en vigor de la prohibición de acceso a la UE a los excombatientes rusos, acordada el pasado verano.
Los visados turísticos Schengen son un instrumento potencial para quienes aspiran a protección o asilo. “La verdad es que hay bastante desorden a la hora de expedir visados Schengen a los rusos y cada país hace lo que le parece”, señalaban a esta periodista fuentes diplomáticas europeas conocedoras del tema.
En su práctica consular, los Estados integrados en el mecanismo Schengen oscilan entre un polo restrictivo, formado por los países bálticos, los nórdicos, Polonia y, hasta cierto punto, Alemania; y un polo liberal integrado por Grecia, Italia, España y Francia, explican esas fuentes.
“Es incoherente negar los visados a los jóvenes que huyen de la guerra”, añaden, y señalan que la política actual perjudica en especial a los rusos europeizados de las grandes urbes y a los jóvenes. Cerrar las puertas a los desertores del ejército ruso no es lógico si su huida resta soldados a Putin, opinan. “Tenemos formas de saber quién es quién y evitar la infiltración de agentes”, afirman.
La disparidad de criterios ha generado tensiones internas en la UE, donde la estonia Kaja Kallas, máxima autoridad de la política exterior desde 2024, se inclina hacia el ala de los “duros”, según coinciden en afirmar fuentes diplomáticas europeas. “Falta una política coherente, seria y sistemática a la hora de conceder visados a los rusos”, opinan. “Aun siendo cierta la valoración del peligro ruso que los países del Báltico o Polonia detectaron antes que otros países más alejados de Moscú, la estrategia de la UE frente al Kremlin hoy es corta de miras, porque la UE debería pensar en la Rusia del futuro”, opinan estas fuentes. Rusia, agregan, no desaparecerá aunque algunos de sus vecinos crean que basta con levantar un muro y olvidarse de ella.
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