La cantante iraní Parastoo Ahmadi (Nowshahr, 29 años) ofreció el 11 de diciembre de 2024 un concierto sin público —pero que se retransmitió en directo a través de su canal de YouTube— desde el caravasar (posada medieval para las caravanas de mercaderes) de Deir Gachin, en la ciudad de Qom, a 156 kilómetros al suroeste de Teherán. La actuación fue un éxito, pero también le valió a la artista la apertura de una causa penal por difundir contenido “inmoral” y “ofender la moral pública”: Ahmadi había cantado sin velo. La artista y ocho miembros de su equipo han sido condenados esta semana a recibir 74 latigazos. Tampoco podrán actuar ni viajar fuera de Irán en los próximos dos años, según informa este jueves la cadena BBC Persia.
La intérprete y ocho miembros de su equipo, acusados de difundir “contenido inmoral”, no podrán trabajar ni salir del país durante dos años
La cantante iraní Parastoo Ahmadi (Nowshahr, 29 años) ofreció el 11 de diciembre de 2024 un concierto sin público —pero que se retransmitió en vivo a través de su canal de YouTube— desde el caravasar (posada medieval para las caravanas de mercaderes) de Deir Gachin, en la ciudad de Qom, a 156 kilómetros al suroeste de Teherán. La actuación fue un éxito, pero también le valió a la artista la apertura de una causa penal por difundir contenido “inmoral” y “ofender la moral pública”: Ahmadi había cantado sin velo. Ahora, la artista y ocho miembros de su equipo han sido condenados a recibir 74 latigazos. Tampoco podrán actuar ni viajar fuera de Irán en los próximos dos años, según informa este jueves la cadena BBC Persia.
Interpretar sin hiyab composiciones y versiones de poemas en persa y mazandaraní —la lengua autóctona de la región de Mazandarán— no fue el único delito que esta artista cometió a ojos de las autoridades de su país en el concierto del caravasar. Ahmadi, ataviada con un elegante vestido negro de tirantes que dejaba ver sus hombros, cantó sola, acompañada de sus músicos, algo que la República Islámica de Irán prohíbe desde su advenimiento, en 1979. El régimen iraní considera que una voz de mujer puede promover el pecado, al excitar sexualmente a los hombres.
Organizaciones como Amnistía Internacional consideran la flagelación una forma de tortura y un castigo cruel e inhumano que viola el derecho internacional.
La condena se ha conocido muy poco después de que Irán y Estados Unidos hayan firmado un memorando preliminar para acabar con la guerra iniciada el pasado 28 de febrero. Un documento de 14 puntos que no menciona ni los derechos humanos ni la situación de los numerosos presos políticos en el país asiático.
Muchos de esos disidentes fueron detenidos en la última oleada de protestas contra el régimen, en enero. Las organizaciones de derechos humanos calculan en varios miles los muertos por la represión, pero las autoridades iraníes solo reconocen algo más de 3.000.
A las supuestas infracciones de Ahmadi y su banda de músicos se une el hecho de que esta cantante, graduada también en dirección cinematográfica, no oculta su oposición al régimen iraní. Ahmadi se dio a conocer durante las manifestaciones del movimiento social que popularizó el lema “Mujer, vida, libertad”, desencadenadas en septiembre de 2022 por la muerte de Yina Mahsa Amini, una joven kurda que había sido detenida en Teherán por llevar el velo “de forma inapropiada”, por una paliza de la policía.
Como otros artistas iraníes, Ahmadi mostró su apoyo a esas protestas en las que murieron por la represión más de 550 iraníes, según Naciones Unidas, interpretando una canción patriótica de título revelador “Sobre la sangre de la juventud de la patria”, del compositor Aref Qazvini. La joven fue citada entonces por los servicios de seguridad, al mismo tiempo que otros músicos y profesionales con proyección pública, como los deportistas, eran condenados a largas sentencias de cárcel por mostrar apoyo a los manifestantes. Uno de ellos, el rapero Toomaj Salehi, fue condenado a muerte, antes de que una intensa campaña de movilización internacional propiciara su liberación y que esa pena fuera derogada.
Aunque desde entonces muchas mujeres y adolescentes iraníes han prescindido del velo, en lo que se considera una valerosa campaña de desobediencia civil, la legislación iraní no ha cambiado. El velo sigue siendo obligatorio desde los nueve años, si bien la enorme resistencia mostrada por las ciudadanas del país ante las multas, la cárcel y todo tipo de castigos y presiones, ha forzado a las autoridades a tolerar la presencia pública de mujeres con el cabello descubierto.
Cuando no habían pasado ni unas horas de la retransmisión del Concierto del Caravasar de finales de 2024, Ahmadi, el pianista Ehsan Beiraqdar y el guitarrista Soheil Faqih-Nasiri fueron arrestados. Cuatro días después, los dos músicos fueron liberados bajo fianza. Al día siguiente, la cantante recuperó la libertad en las mismas condiciones. Una semana después, la artista tuvo que abonar una fianza de 30.000 millones de riales (unos 37.000 euros al cambio actual), una cantidad astronómica para un país donde muchos salarios no llegan ni a los 200 euros.
Como también ocurre en otros regímenes conservadores islámicos, el sistema político iraní tiene una relación de desconfianza hacia la música, que los clérigos más radicales consideran pecaminosa. En Irán, la radio y la televisión públicas no emiten actuaciones de mujeres solas, ni siquiera cantando a dúo con varones.
Aunque no hay constancia de que exista una ley que prohíba esas actuaciones de forma explícita, a Ahmadi y sus músicos probablemente se les haya aplicado el artículo 638 del código penal iraní que permite condenar hasta a dos meses de prisión y a 74 latigazos todo “acto prohibido” en público. En Irán, las mujeres empezaron a actuar en grupo tras la llegada al poder en 1997 del presidente reformista (moderado) Mohamed Jatamí, pero solo ante audiencias completamente femeninas.
El Tribunal Penal de la provincia de Qom ha condenado finalmente esta semana a Ahmadi y a ocho miembros de su equipo a ser flagelados. También les ha prohibido salir de Irán y participar en actividades artísticas. Los cargos contra los acusados incluían “ofender la moral pública mediante la producción y publicación de contenido vulgar e inmoral en plataformas cibernéticas”.
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