La Comisión Europea se ha puesto en contacto con el Gobierno español para darle un toque de atención y recordarle la obligación de activar el mecanismo Tris y poner en su conocimiento determinados proyectos legislativos, a raíz de la tramitación express del decreto de centros de datos
Se pone en contacto con el Ejecutivo tras las denuncias del sector y la recomendación de la CNMC de que se adhiriera al proceso
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La Comisión Europea se ha puesto en contacto con el Gobierno español para darle un toque de atención y recordarle la obligación de activar el mecanismo Tris y poner en su conocimiento determinados proyectos legislativos, a raíz de la tramitación express del decreto de centros de datos
En este caso, el Gobierno ha decidido no aplicarlo para acelerar los trámites, lo que ha provocado varias protestas de los afectados a nivel comunitario. En una de las contestaciones a una de las empresas que se puso en contacto con la Comisión a la que ha tenido acceso EL MUNDO, la Comisión asegura haberse puesto en contacto con sus homólogos españoles para recordarles sus obligaciones.
«Tras su comunicación, hemos contactado con las autoridades españolas para recordarles la obligación de notificar los anteproyectos técnicos de las regulaciones sobre los aspectos mencionados en el artículo 5.1 de la directiva 2015/1535», señala el texto enviado desde la Dirección General de Mercado Interior.
Este artículo hace referencia al conocido como mecanismos Tris, por las siglas en inglés de Sistema de Información sobre Reglamentaciones Técnicas, que se aplica para verificar que las normas nacionales no van en contra del mercado interior en varios segmentos. Uno de los afectados es el de los servicios digitales, el amparo bajo el que el sector considera necesario que se haga lo propio ahora con la regulación de los centros de datos.
Una vez se activa, hay un plazo de tres meses para el análisis del texto y posibles dictámenes en contra de otros estados miembros.
La industria no es el único vertical que muestra su preocupación sobre que se haya obviado este procedimiento, que permite ver si hay distorsiones en la unión y plantear objeciones al resto de estados miembros. En su informe sobre el decreto, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) también hizo alusión a que, a su juicio, el decreto en especial y sobre todo las consideraciones de soberanía podrían merecer activar ese mecanismo y que se encuentran en el artículo 5 del proyecto de decreto.
Ahora es el turno del Consejo de Estado, que se ha visto obligado a emitir dictamen en dos semanas al activar el Ejecutivo el procedimiento de emergencia con vistas a llevar el texto al BOE antes de las elecciones. Este jueves se espera una resolución de estos aspectos.
Si el texto siguiera adelante y se aprobara, la norma sería declarada nula si la Comisión estima que la gestión del procedimiento no ha sido la correcta y las empresas podrían recurrirla.
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