«No va a haber más desahucios en España cuando haya gobierno socialista», decía Pedro Sánchez en 2015 durante un mitin electoral. Aún no era presidente, pero fue una promesa que se repitió incluso los años siguientes. Hoy sí que hay gobierno socialista… pero también han habido alrededor de 90 desahucios al día por parte de las autoridades españolas, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y a estos están por unirse una veintena más.
Más de 272.400 lanzamientos se han producido desde que Sánchez llegó a la Moncloa, alrededor de 90 por día, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
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«No va a haber más desahucios en España cuando haya gobierno socialista», decía Pedro Sánchez en 2015 durante un mitin electoral. Aún no era presidente, pero fue una promesa que se repitió incluso los años siguientes. Hoy sí que hay gobierno socialista… pero también han habido alrededor de 90 desahucios al día por parte de las autoridades españolas, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y a estos están por unirse una veintena más.
Se trata de 20 viviendas okupadas que pertenecen al parque de Casa 47, a las que el Gobierno ya ha denunciado para que la «gran» empresa pública de vivienda pueda «ejercitar las acciones judiciales oportunas». Así lo ha confirmado en una respuesta escrita al Grupo Parlamentario Popular en el Senado -por los senadores electos por Córdoba, Murcia y Madrid- y a la que ha tenido acceso EL MUNDO. El documento detalla que 19 de estas se encuentran en la Comunidad Valenciana y una en el Principado de Asturias.
El inicio de estos desahucios se conoce en medio de la conmoción social provocada por el caso de Maricarmen Abascal (83 años) y la ola de protestas que han desembocado en una acampada en la Puerta del Sol desde el sábado pasado. A pesar de haber llegado a un acuerdo para volver a su casa en el Retiro, ha obligado a revisar las cifras del CGPJ, que contabilizan más de 272.400 lanzamientos desde que Sánchez llegó a la Moncloa y ha puesto sobre la mesa otros casos en los que es el propio Gobierno el que actúa directamente como casero.
Gema (54 años) y Óscar (54años) lo saben perfectamente. Son dos vecinos del barrio de Lavapiés (Madrid) a los que la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) obliga a dejar la casa donde han vivido 14 años, sin posibilidad de prórroga. Cuando iniciaron su contrato lo hicieron con la Sociedad Pública del Alquiler (SPA) -la medida estrella de vivienda de Zapatero-, pero una vez extinta en 2012 pasaron a manos de la TGSS sin estar sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), por lo que quedan fuera de las protecciones. «No tenemos vida. Llevamos en el barrio más de 20 años y nos quieren echar, pero no por dejar de pagar sino porque nos han duplicado el alquiler. Nos están obligando a marcharnos y en el mercado inmobiliario actual seríamos víctimas del rentismo».
Ellos son parte del grupo de más de 30 familias afectadas por la TGSS y que también están presentes en la manifestación en la Puerta del Sol, porque denuncian que sus pisos «se están vendiendo a entidades que buscan lucrarse con ellos». «Seguimos esperando que el compromiso político que nos prometieron cuando entramos a la Tesorería se lleve a cabo. Pero nuestros desahucios están llegando. Ya han llegado cartas del inicio del proceso judicial a dos familias, porque según los responsables, no es posible parar el proceso judicial porque eso lleva a otro camino», explica la pareja.
A pesar de que el ministerio de Isabel Rodríguez había llegado en mayo a un acuerdo con el de Elma Saiz para incorporar estas viviendas al parque público de Casa 47, los inquilinos actuales no eran parte de los planes. Ariadna de la Rubia, quien vivía desde 2006 en una vivienda del TGSS, recibió una carta que confirmaba que no se paralizaría su desahucio. Para esto, también están siendo asesorados por el Sindicato de Inquilinas de Madrid, que abandera la manifestación en el caso de Maricarmen. «Nuestra petición era la misma, respetar los contratos haciéndolos indefinidos y partiendo de la base de seguir en nuestras casas», señalan Gema y Óscar.
Una historia parecida viven los inquilinos de aquellas viviendas que pertenecieron a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que es mayoritariamente del Gobierno español. En Fuenlabrada, 17 familias llevan desde octubre de 2022 sin poder pagar la renta porque la entidad no pasa a cobrársela tras la quiebra de su promotora. A pesar de guardar el dinero mes a mes y pedir un contrato para regularizar su situación, siguen amenazadas.
Un poco más allá, a finales de 2025, seis familias afrontaban en Carabanchel una orden de desahucio ejecutada por la Sareb. Aunque la entidad estatal ofertó alquileres sociales a otros ocho vecinos del bloque, estos rechazaron firmar de forma individual por considerar abusivas las cláusulas contractuales, organizándose junto al Sindicato de Vivienda de Carabanchel para exigir una negociación colectiva.
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