España se ha quedado sola entre las grandes economías de los Veintisiete en defender el reglamento de metano, la norma que obligará a las energéticas europeas a demostrar que sus proveedores cumplen estándares medioambientales equivalentes a los comunitarios. El problema es que ningún país exportador cumple hoy estos requisitos, lo que amenaza con dejar fuera de juego buena parte de las importaciones de gas o petróleo que el Viejo Continente necesita hoy más que nunca.
España defiende aprobar en tres meses el nuevo reglamento de metano, que Francia o Alemania piden aplazar porque complica la importación de combustibles
España se ha quedado sola entre las grandes economías de los Veintisiete en defender el reglamento de metano, la norma que obligará a las energéticas europeas a demostrar que sus proveedores cumplen estándares medioambientales equivalentes a los comunitarios. El problema es que ningún país exportador cumple hoy estos requisitos, lo que amenaza con dejar fuera de juego buena parte de las importaciones de gas o petróleo que el Viejo Continente necesita hoy más que nunca.
La norma debía entrar en vigor en tres meses, el 1 de enero de 2027. Pero los vientos han cambiado en Europa al calor de la crisis de Ormuz. El viernes pasado, el comisario de Energía, Dan Jørgensen, indicó que estudiaba retrasar un año, al menos, la parte que afectaría a los combustibles importados.
Uno de los últimos en sumarse a la crecinete presión sobre Bruselas ha sido Francia, un país que hasta ahora se había mantenido relativamente alineado con el marco de metano. remitió el 18 de septiembre una carta a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, a la que ha tenido acceso este periódico. En ella el mandatario recuerda que a raíz de la guerra en Irán las reservas mundiales de crudo han caído en más de 500 millones de barriles, y dibuja un escenario de alarma: si Ormuz no reabre a corto plazo, el mercado mundial podría perder al menos 4 millones de barriles diarios adicionales, una vez se agoten las reservas saudíes, lo que agravaría más la escalada de precios.
En la misiva, el presidente francés admite que los operadores de hidrocarburos de Francia ya están señalando «dificultades crecientes para confirmar las entregas [de combustible] de las próximas semanas».
Respecto al reglamento de metano, Macron califica de «insatisfactoria» su preparación y, aunque reconoce que la propia Comisión llegó a recomendar a los gobiernos retrasar tres años, hasta finales de 2029, las multas por incumplirlo; «incluso en ausencia de sanciones, la existencia de una obligación insuficientemente preparada hace pesar un riesgo adicional de litigios sobre los importadores de energías fósiles, justo cuando las condiciones de suministro siguen degradándose».
España no se mueve. El Gobierno mantiene su posición, pese a reconocer los efectos del shock energético mundial que, de puertas adentro, ha obligado a renovar un escudo anticrisis al que ya ha destinado 12.000 millones. Ayer mismo, el Consejo de Ministros optó por incrementar las reservas nacionales de gas licuado, un colchón de cara al invierno por lo que pueda pasar.
Preguntada ayer en Dublín, antes de la reunión informal de ministros de Energía, la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, fue clara: «No queremos reabrir el reglamento de metano ni posponerlo».
La lista de países que piden enmendar la norma -o su calendario- asciende a catorce, entre ellos Bélgica, Polonia, Italia, Hungría, Grecia o Austria.A ellos se sumaría Alemania, si la Cancillería formaliza la posición que ya trasladó su ministra de Economía y Energía, Katherina Reiche, recogida por Politico: «No solo impediría la importación de gas a Alemania, también la de productos petrolíferos a partir de 2027». Al lado de España, en la foto seguirían Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo y Portugal.
Con Berlín, París, Roma y Varsovia en contra, nuestro país queda como el verso suelto entre las grandes economías de los 27. La presión llega también desde el otro lado de las fronteras. En junio, EEUU, Qatar, Nigeria y Argelia instaron por escrito a la Unión a aplicar una suerte de periodo transitorio, un mecanismo para «detener el reloj», que eximiese del nuevo marco a los contratos videntes y retrasase las sanciones.
El reglamento, diseñado para atajar las fugas de metano se da de bruces con la realidad del mercado. Un estudio de la consultora Wood Mackenzie, encargado por asociaciones ligadas al sector petrolero, cifró en hasta el 43% del gas y el 87% del crudo que la UE importó en 2024 el volumen de combustible que incumpliría los requisitos si la norma se llegase a aplicar aplica tal cual está redactada. Ningún país productor se ajusta, ni siquiera Noruega.
Según el documento, varias refinerías se verían obligadas a suspender operaciones, lo que podría desplomar su actividad a la mitad hasta 2030. Fuentes del sector calculan que el reglamento también aumentaría los precios del diésel y de la gasolina, alrededor de un 16% y un 24%, respectivamente. Ello, en mitad de una carrera mundial sin precedentes para acaparar cada nuevo barco de gas y petróleo.
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