Primero llegaron las dimisiones, luego los cambios normativos y ahora hasta 15 imputaciones. El escándalo por la adjudicación de 140 viviendas de protección pública en la urbanización Les Naus, en el codiciado barrio alicantino de Playa de San Juan, sigue escalando. La jueza de Alicante que investiga las presuntas irregularidades, Amparo Rubio, ha citado como investigados a ex cargos políticos del Ayuntamiento que dirige el popular Luis Barcala, pero también a técnicos municipales, un funcionario de la Generalitat Valenciana, el empresario promotor y una decena de propietarios que se hicieron con uno de los pisos bajo sospecha.
La jueza imputa a 15 personas en una causa que salpica al Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat Valenciana
Primero llegaron las dimisiones, luego los cambios normativos y ahora hasta 15 imputaciones. El escándalo por la adjudicación de 140 viviendas de protección pública en la urbanización Les Naus, en el codiciado barrio alicantino de Playa de San Juan, sigue escalando. La jueza de Alicante que investiga las presuntas irregularidades, Amparo Rubio, ha citado como investigados a ex cargos políticos del Ayuntamiento que dirige el popular Luis Barcala, pero también a técnicos municipales, un funcionario de la Generalitat Valenciana, el empresario promotor y una decena de propietarios que se hicieron con uno de los pisos bajo sospecha.
La primera imputada es la ex concejala de Urbanismo Rocío Gómez, que dimitió en cuanto trascendió que era una de las beneficiarias de uno de los pisos. Fichaje estrella de Barcala para las últimas elecciones municipales, Gómez fue exonerada por un informe municipal, que concluyó que, pese a ser la responsable de un área tan sensible del consistorio, no intervino en ninguno de los expedientes. Según argumentó ella misma para negar cualquier tipo de irregularidad, entró en política en 2023, es decir, después de formalizar su inscripción como socia de la cooperativa.
La investigación que abrió el Ayuntamiento también libró a la segunda investigada, María Pérez-Hickman, actual jefa de servicio de Contratación en el consistorio. Este puesto de libre designación lo ocupa como funcionaria, si bien dimitió del cargo de directora general de Organización Interna y Contratación Pública. Lo hizo cuando se supo que cuenta con tres familiares entre los vecinos de Les Naus: dos hijos y un sobrino. Según el informe municipal, como jefa de servicio no firmó nada, aunque participó en las mesas de contratación, con voz pero sin voto.
Francisco Nieto, arquitecto municipal, figura también entre los imputados. Participó en la tramitación de los pisos, intervino en el contrato con la cooperativa y finalmente resultó ser uno de los agraciados.
Francisco Ordiñana, otro de los señalados, es el administrador único de la mercantil Fraorgi, gestora de la cooperativa que promovió los pisos sobre suelo municipal tras adquirirlo por 6,6 millones de euros. Según apuntó en su querella Ciudadanos, que ejerce una de las acusaciones populares, la adjudicación de los pisos se hizo «por riguroso orden de inscripción» en la cooperativa promotora, lo que «en la práctica favorecía a quienes tuvieron conocimiento previo del momento exacto de apertura» del proceso. La cooperativa tenía, de hecho, 2.000 personas en lista de espera.
Pero el escándalo salpica también a la Generalitat Valenciana, con un funcionario entre los investigados. Se trata de Roberto Palencia, jefe de la sección de Vivienda Protegida en la dirección territorial de la Consejería autonómica de Vivienda. Fue señalado por el Gobierno valenciano como el técnico que visó y dio el visto bueno a los 140 expedientes de Les Naus. La Generalitat lo suspendió de empleo y sueldo, pero con el inicio del procedimiento penal volvió a pedir el reingreso y se le tuvo que conceder, aunque en otras tareas. Como técnico encargado, omitió que una de las beneficiarias fue su mujer. Ante sus superiores reconoció que la había «cagado».
Elsa Lloret es su mujer y otra de las investigadas junto a otros nueve propietarios de pisos. Es, además, arquitecta en el Ayuntamiento de Alicante y su expediente fue validado por su marido. Y ello a pesar de que, según recoge un informe de la Consejería de Vivienda remitido al juzgado, no justificó documentalmente sus ingresos de 39.979 euros y ocultó los de su marido.
El límite de renta para hacerse con un piso estaba en los 54.600 euros. Aun así, entre los investigados figura una propietaria que, por ejemplo, no declaró los 57.000 euros percibidos en Alemania. El informe de Vivienda señala que los vecinos investigados no han aportado los datos económicos ni de propiedades del cónyuge. Es el caso del suegro de la ex concejala, otro propietario imputado.
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