La Comisión Europea acaba de imponer a Google una multa de 890 millones de euros por infringir el Reglamento de Mercados Digitales (DMA). Esta norma introduce un régimen de competencia ex ante para las plataformas designadas como gatekeepers. Frente a la legislación tradicional, que actúa tras una conducta abusiva, la regulación ex ante impone obligaciones preventivas a plataformas con poder estructural. Alphabet fue designada gatekeeper en septiembre de 2023 por su buscador, entre otros servicios.
Abrir los mercados y contener el poder de los ‘gatekeepers’ es necesario, pero el usuario puede acabar pagando el coste
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La Comisión Europea acaba de imponer a Google una multa de 890 millones de euros por infringir el Reglamento de Mercados Digitales (DMA). Esta norma introduce un régimen de competencia ex ante para las plataformas designadas como gatekeepers. Frente a la legislación tradicional, que actúa tras una conducta abusiva, la regulación ex ante impone obligaciones preventivas a plataformas con poder estructural. Alphabet fue designada gatekeeper en septiembre de 2023 por su buscador, entre otros servicios.
La multa responde a dos incumplimientos: uno en Google Search, el buscador, y otro en Google Play, la tienda de aplicaciones. En Search, la Comisión considera que Google favorece a sus propios servicios -como Shopping, Hotels o Flights- al situarlos en posiciones destacadas y presentarlos con imágenes, filtros y formatos enriquecidos que no ofrece en condiciones equivalentes a sus competidores. En Google Play, impide que los desarrolladores promocionen ofertas alternativas y contraten con los usuarios a través de otros canales, incluidas webs y tiendas de terceros. Además, continúa cobrando comisiones sobre algunas transacciones externas durante un periodo considerado excesivo.
El impacto sobre el diseño y funcionamiento de los productos es considerable. Un buscador funciona en tres fases: descubre y descarga contenido, lo analiza y organiza en un índice y, cuando recibe una consulta, recupera y ordena la información más relevante.
Es en esta última fase donde surge el problema de la autopreferencia: en la decisión sobre qué resultados mostrar, en qué orden y con qué formato. Para cumplir con la DMA, Google podría tener que modificar los sistemas que deciden cuándo aparecen determinados bloques de resultados, qué posición ocupan y qué información muestran. También podría crear formatos equivalentes para servicios propios y rivales o simplificar elementos visuales.
Google Play distribuye, instala y actualiza aplicaciones, y procesa las compras digitales realizadas dentro de ellas. Google gestiona el pago y facilita servicios como el procesamiento de transacciones, la gestión de impuestos y el cumplimiento normativo.
La DMA separa dos funciones antes unidas: distribuir una aplicación a través de Google Play y cobrar al usuario mediante su sistema de pagos. La aplicación puede seguir disponible en la tienda, pero el desarrollador debe poder informar sobre ofertas alternativas y dirigir al usuario a su web o a otra tienda para completar la compra. Google tendrá que permitir estos pagos externos con menos restricciones y limitar las comisiones que aplica sobre ellos. Los desarrolladores ganarán más control, pero también deberán asumir directamente la gestión de pagos, suscripciones, fraude, impuestos, reembolsos y atención al cliente.
La regulación está comenzando a determinar cómo deben diseñarse los productos digitales y cómo pueden monetizarse. Esto hace que su desarrollo sea más complejo, puede exigir versiones específicas para Europa y aumenta los costes de prueba, mantenimiento y gestión.
El impacto también puede trasladarse al usuario. Si Google elimina mapas, filtros o formatos enriquecidos que no puede ofrecer en las mismas condiciones a sus competidores, la página de resultados puede resultar menos visual y directa. En Google Play, trasladar una compra a una web externa añade pasos a la experiencia de usuario y puede complicar la gestión de suscripciones, incidencias y reembolsos.
A largo plazo, una aplicación demasiado rígida de todas estas obligaciones puede ralentizar la innovación. La Comisión ya supervisa si el despliegue de AI Overviews cumple la prohibición de autopreferencia de la DMA. AI Overviews muestra en la parte superior de algunas búsquedas resúmenes generados por IA a partir de distintas fuentes.
Si Google no introduce los cambios exigidos en 60 días, se expone a multas coercitivas de hasta el 5 % de su facturación mundial media diaria. Pero el reto no es decidir si Google debe cumplir la ley, sino cómo hacerlo sin que la protección de la competencia termine degradando el producto. Abrir los mercados y contener el poder de los gatekeepers es necesario, pero si el resultado son servicios más fragmentados, menos intuitivos y más difíciles de desarrollar y gestionar, el usuario puede acabar pagando parte del coste. La DMA se juega su legitimidad ahí: en demostrar que puede controlar el poder de las grandes plataformas sin perjudicar la calidad y la evolución de la tecnología. La competencia no habrá ganado si el producto termina perdiendo.
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