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Dicen que pasar un día en un juzgado es la mejor forma de conocer un país. Sus costumbres, sus vicios, sus clases sociales. El juicio del caso Mascarillas puede servir. Si en las cuatro primeras sesiones prevaleció el aroma de los arribistas venidos a más, las queridas, los enchufes y las «chistorras», al quinto día el paisanaje escaló. La élite gubernamental se hizo carne. Las amantes de Ábalos, la ex mujer de Koldo y las vidriosas Pano dejaron paso a una serie de señores trajeados que, al fin, hablaron sobre las mascarillas. Y con perfectas oraciones subordinadas, dibujaron el mapa de órdenes ministeriales, órganos de contratación, áreas competenciales y profusos procedimientos que permitió el pelotazo de la trama.
El arquetipo de esta estirpe podría ser Jesús Manuel Gómez García, licenciado en Económicas y miembro del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado. En el pandémico marzo de 2020 era subsecretario de Transportes, pero a los periódicos saltó en 2024, fotografiado por la UCO en La Chalana. A Koldo, que ya estaba siendo investigado, le entregó unos papeles del Ministerio para Ábalos, lo cual empujó a Óscar Puente a destituirle.
Ayer Gómez García llegó impoluto, repeinado, con un botellín de agua. Contestó educadísimo. Él no tuvo nada que ver con nada. La orden de comprar cuatro millones de mascarillas que en 38 minutos se convirtieron en ocho se la transmitió Koldo, el hombre del ministro («ocho millones o nada»). También fue el asesor quien le llevó a su despacho la oportunísima oferta de Soluciones de Gestión. Y su relato sonó tan lógico: eran momentos de emergencia extrema, su equipo hizo un análisis jurídico excelso y todo se regía estrictamente por el decreto del estado de alarma.
La declaración de Gómez García no le vino bien a Ábalos, que en el Senado descargó en él toda la responsabilidad de estos contratos. Como se sabe, el infierno son los demás. Igual pasó con Michaux Miranda, ex jefe de personal de Adif. Según dijo, el nombre de Soluciones de Gestión se lo dio Isabel Pardo de Vera, que comparece hoy. Él no tuvo nada que ver con nada.
Tampoco la videoconferencia de Víctor Francos, por entonces asesor del ministro Salvador Illa, ayudó demasiado a los principales acusados. Se vio con Koldo tres veces, sí, pero él no pintaba nada. «No estaba dentro de mis funciones», repetía. Y cuando Koldo le fue con el cuento de alguna empresa, él le derivó al organismo competente, que, como la bolita, siempre está en otra ventanilla.
Y mientras asomaba el monstruo de la administración, emergía también el agujero negro que aún es el Ministerio de Transportes.La prueba más clara la regaló Pedro Luis Marco de la Peña. Al pobre presidente de Adif le interrogaron por la auditoría con la que Puente respondió a los presuntos amaños de obra pública señalados por Aldama, que están siendo investigados en otra causa, cuando sólo unas horas antes estaba dando una rueda de prensa para atacar a la Guardia Civil por su último informe sobre la tragedia de Adamuz. Normal que se mostrara desconcertado: en esta cartera maldita llega un momento en que uno no sabe sobre qué desastre le toca pronunciarse.
Quizá convenga acabar con un testimonio balsámico: el de Carlos García Liberal, chófer de Transportes, que, armado con un chubasquero, explicó cómo llevó un lote de las polémicas mascarillas al Ministerio de Interior. El hombre tampoco ayudó mucho a Ábalos y Koldo, por no decir nada, pero al menos no se anduvo con rodeos. «Yo», dijo, «sólo llevaba la furgoneta».
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