El Congreso de los Diputados vota este jueves una iniciativa parlamentaria para eliminar los coeficientes reductores en las jubilaciones anticipadas de trabajadores con largas carreras de cotización. Una medida que beneficiaría a los cerca de 900.000 jubilados que en estos momentos sufren recortes en sus pensiones por haberse retirado del mercado laboral antes de la edad legal, a pesar de haber cotizado durante más de 40 años. Y también a quienes a partir de ahora anticipen su jubilación, bien sea de manera voluntaria o forzosa.
El Congreso vota una enmienda de Podemos para suprimir los coeficientes reductores en la jubilación anticipada de trabajadores con largas carreras
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El Congreso de los Diputados vota este jueves una iniciativa parlamentaria para eliminar los coeficientes reductores en las jubilaciones anticipadas de trabajadores con largas carreras de cotización. Una medida que beneficiaría a los cerca de 900.000 jubilados que en estos momentos sufren recortes en sus pensiones por haberse retirado del mercado laboral antes de la edad legal, a pesar de haber cotizado durante más de 40 años. Y también a quienes a partir de ahora anticipen su jubilación, bien sea de manera voluntaria o forzosa.
El colectivo de afectados, que según cálculos del Gobierno supera los 870.000 jubilados, lleva años reclamando al Estado que elimine las penalizaciones que aplica a sus pensiones por haberse jubilado anticipadamente después de haber contribuido al sistema de la Seguridad Social con sus cotizaciones durante más de cuatro décadas de sus vidas. Y ha llegado el día en el que podrían ver revertido ese castigo.
El Congreso vota hoy la supresión de estos recortes gracias a una iniciativa de Podemos, que ha introducido una enmienda en la proposición ley por la que los colegiados mutualistas podrán transferir sus derechos económicos acumulados al Régimen de Autónomos (RETA). La formación morada ya presentó una moción en este sentido en noviembre de 2025 y salió adelante sin nigún voto en contra, con 180 síes (Podemos, PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, Compromís, BNG, UPN y CC) y 170 abstenciones (PP y Vox).
Aquella iniciativa no tenía valor jurídico pero la votación de esta enmienda sí es vinculante, por eso para Podemos sería «incomprensible» que los partidos que votaron a favor rechazaran ahora un texto con idéntico contenido y que busca acabar con «una injusticia histórica«. Básicamente, la enmienda morada pide acabar con las penalizaciones por jubilación anticipada para quienes hayan cotizado más de 40 años y permitir que quienes ya estén afectados por los coeficientes puedan recalcular su pensión (sin carácter retroactivo).
Fuentes de la formación que dirige Ione Belarra avanzan que la votación de este jueves «va a demostrar qué partidos están del lado de los trabajadores y qué partidos les apoyan en sus discursos pero les dejan tirados a la hora de la verdad». Podemos recoge así el guante de Asjubi40, la asociación más activa en la lucha del colectivo. Su presidente, Antonio Matinero, se muestra «ilusionado» y «con expectativas» en las horas previas al Pleno. En conversación con EL MUNDO, afirma que ve posibilidades de que la iniciativa salga adelante y advierte al PSOE de que si la rechaza iniciarán una «campaña agresiva» en su contra. «Sería hipócrita, falso y una burla al colectivo y a la democracia», denuncia.
Su advertencia al ala socialista -y mayoritaria- del Gobierno no es baladí. Aunque el PSOE votó a favor de la moción hace siete meses, recientemente ha rechazado eliminar los coeficientes reductores argumentando que supondría un incremento anual del gasto de 3.358 millones de euros: 1.345 millones por las pensiones de jubilación anticipada voluntaria y otros 2.013 millones por las de jubilación anticipada involuntaria.
Desde Asjubi40, no obstante, cuestionan estas cifras porque, según sus estimaciones, se están proyectando con niveles de pensiones medias superiores a los reales. Además, recuerdan que unos 800 millones de euros de ese total de algo más de 3.000 millones revierten al Estado por la vía del IRPF. En todo caso, su presidente advierte de que «una injusticia reconocida por todos los grupos políticos no puede no solucionarse por razones económicas».
Los propios registros del Ministerio de Seguridad Social arrojan un recorte medio de hasta el 19% en las jubilaciones anticipadas involuntarias y de más del 11% en las voluntarias. Y desde el departamento que pilota Elma Saiz calculan que eliminar las penalizaciones supondría un incremento de la pensión de entorno al 13% en las voluntarias y cercano al 23% en las forzosas. No obstante, esto son valores medios, de modo que en algunos casos los coeficientes llegan a reducir la cuantía de la pensión en hasta un 28%, según denuncian desde Podemos.
En el Gobierno son conscientes del impacto de estas penalizaciones sobre las nóminas de los jubilados, pero hasta ahora han defendido el modelo de los coeficientes reductores para garantizar la sostenibilidad del sistema. En una entrevista reciente el secretario de Estado del ramo, Borja Suárez, descartó cualquier cambio porque, a su juicio, eliminar los coeficientes «cuestiona algunos de los elementos estructurales» del modelo de pensiones. «A todos nos gustaría que las pensiones fueran el doble, pero tenemos que preservar un sistema capaz de garantizar pensiones dignas para todos», sentenció. Preguntado directamente sobre la viabilidad de la medida, dejó el asunto en manos del Pacto de Toledo y zanjó el debate: «Esta cuestión ahora mismo no está encima de la mesa».
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