El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles la imposición de un arancel del 25% a determinados productos procedentes de Brasil, una medida ordenada por el presidente Donald Trump tras la conclusión de una investigación comercial iniciada hace un año bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.
La Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) realizó una investigación que concluye que varias políticas y prácticas del Gobierno brasileño son «irrazonables» y restringen el comercio estadounidense
El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles la imposición de un arancel del 25% a determinados productos procedentes de Brasil, una medida ordenada por el presidente Donald Trump tras la conclusión de una investigación comercial iniciada hace un año bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.
La Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) sostuvo que la investigación determinó que varias políticas y prácticas del Gobierno brasileño son «irrazonables» y restringen el comercio estadounidense, de acuerdo con un comunicado de la dependencia.
Entre las medidas citadas están las relacionadas con el comercio digital y los servicios de pago electrónico, aranceles preferenciales considerados injustos, la aplicación de normas anticorrupción, la protección de la propiedad intelectual, el acceso al mercado del etanol y la deforestación ilegal.
El embajador y representante comercial de EEUU, Jamieson Greer, afirmó que los nuevos gravámenes buscan proteger los intereses económicos estadounidenses frente a prácticas comerciales que considera desleales.
Según dijo Greer, las negociaciones mantenidas con Brasil durante el último año no lograron resolver las diferencias, aunque aseguró que Washington mantiene abierta la puerta para continuar el diálogo.
Greer acusó además a Brasil de perjudicar a empresas tecnológicas estadounidenses, de retroceder en la aplicación de medidas anticorrupción y de permitir que agricultores brasileños obtengan ventajas competitivas mediante el uso de tierras deforestadas ilegalmente, lo que, a su juicio, ha dificultado el acceso de trabajadores, productores y exportadores estadounidenses al mercado brasileño.
La investigación incluyó consultas formales con el Gobierno de Brasil, dos audiencias públicas y el análisis de más de 360 comentarios escritos presentados por particulares y organizaciones. Además, 77 testigos comparecieron en las audiencias celebradas este mes antes de que la Administración Trump adoptara la medida definitiva.
Por su parte, el gobierno de Brasil anunció este jueves que iniciará «inmediatamente» los trámites para aplicar la ley de reciprocidad en respuesta a los aranceles del 25% y culpó de ello a la familia del expresidente Jair Bolsonaro.
«El 15 de julio de 2026 pasará a la historia de las relaciones entre Brasil y Estados Unidos como un hito lamentable», señaló la Presidencia brasileña en una nota, compartida por el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva en sus redes sociales.
La Administración de Lula rechazó la decisión de la Administración Trump de «imponer aranceles del 25 % a los productos brasileños, con base en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974».
«No existe justificación para adoptar medidas unilaterales contra nuestro país. Según estadísticas del propio Gobierno estadounidense, Estados Unidos acumuló en los últimos 15 años un superávit de 424.500 millones de dólares en el comercio con Brasil», aseveró el comunicado.
Brasil informó entonces que «iniciará de inmediato los trámites para activar los mecanismos previstos en la Ley de Reciprocidad», y que «volverá a plantear el asunto en el marco del mecanismo de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio (OMC)».
«Brasil no reconoce la legitimidad de investigaciones que no estén amparadas por las normas multilaterales de comercio», sostuvo.
Además, el texto recordó que, en 2025, un 76 % de las importaciones procedentes de Estados Unidos entraron en el país sin pagar aranceles de importación, y que el gravamen medio aplicado efectivamente a los productos estadounidenses fue de apenas el 3,1%.
El Gobierno de Lula subrayó también que nunca ha abandonado la mesa de negociación a lo largo del último año, periodo durante el cual asegura que presentó «pruebas que refutan todas las acusaciones sobre supuestas prácticas comerciales desleales».
El Ejecutivo brasileño también salió en defensa de su sistema de pagos PIX y de la regulación de las redes sociales, y garantizó que no renunciará «a proteger a las familias y a los niños frente a la codicia de un puñado de ‘tecnooligarcas'».
Igualmente, el comunicado acusó de ‘tarifazo’ a las maniobras de la familia Bolsonaro, cuando faltan menos de tres meses para las elecciones presidenciales, que se perfilan como un pulso entre Lula y el hijo mayor del líder ultraderechista, el senador Flávio Bolsonaro.
«Es lamentable constatar que el desafortunado desenlace de las investigaciones basadas en la Sección 301 forma parte de un relato construido con la activa colaboración de la familia Bolsonaro», señaló la nota del Gobierno. Y completó: «Son falsos patriotas que planearon y defendieron públicamente acciones contra nuestro país, movidos por objetivos electorales.
Bolsonaro, actualmente, cumple en casa una pena de 27 años de cárcel por un intento de golpe de Estado contra Lula.
Eduardo Bolsonaro, otro de los hijos del ex madatario ultraderechista, también fue condenado el mes pasado por la Corte Suprema de Brasil a cuatro años de prisión en régimen inicial semiabierto por impulsar desde EEUU sanciones contra Brasil para torpedear el juicio contra su padre por golpismo.
Por último, Flávio Bolsonaro envió una carta a la Administración Trump en la que pidió el aplazamiento de los aranceles hasta después de las elecciones ante el temor de que la medida favorezca a Lula.
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