La Comisión Europea ha decidido imponer a Google dos multas por un total de 890 millones de euros, cerca de 1.000 millones de dólares, «por favorecer sus propios servicios en Google Search y por imponer restricciones a las empresas para dirigir a los consumidores hacia canales de compra alternativos, a menudo más baratos, en Google Play». Y lo ha hecho en plena revisión arancelaria de Estados Unidos y tras las fuertes críticas del presidente del país, Donald Trump, a la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés). Esto es, se ha avivado el riesgo de que magnate tome represalias y en Bruselas son muy conscientes de ello.
La Comisión sanciona a la compañía «por favorecer sus propios servicios en Google Search y por imponer restricciones a las empresas para dirigir a los consumidores hacia canales de compra alternativos, a menudo más baratos, en Google Play»
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La Comisión Europea ha decidido imponer a Google dos multas por un total de 890 millones de euros, cerca de 1.000 millones de dólares, «por favorecer sus propios servicios en Google Search y por imponer restricciones a las empresas para dirigir a los consumidores hacia canales de compra alternativos, a menudo más baratos, en Google Play». Y lo ha hecho en plena revisión arancelaria de Estados Unidos y tras las fuertes críticas del presidente del país, Donald Trump, a la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés). Esto es, se ha avivado el riesgo de que magnate tome represalias y en Bruselas son muy conscientes de ello.
Estados Unidos, en concreto, debe renovar los aranceles que impuso en febrero a la Unión Europea, y en Bruselas confían en que respete el acuerdo que, hace precisamente un año, firmaron en Turnberry (Escocia) la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el propio Trump. Esto es, que respete el arancel máximo general del 15% para los productos europeos a cambio de que la UE elimine las tasas para los productos industriales estadounidenses, punto este último que ya se ha completado. Pero con el presidente estadounidense, desde luego, no se puede entender este pacto como una seguridad absoluta o garantía.
La sanción, además, se ha aplicado a través de esa DSA que tanto irrita al presidente de EEUU. Es más, a finales del pasado mes ya amenazó con imponer aranceles del 100% si la UE aplicaba nuevos impuestos a las grandes compañías tecnológicas, y no hay ninguna duda de que esa cifra de 1.000 millones de dólares en una nueva multa no va a gustar nada a Trump. Y esto se suma al hecho de que la Justicia europea ha ratificado este mismo mes la mayor multa impuesta a una empresa tecnológica: 4.125 millones por abusar de su posición dominante en Android.
Desde la compañía han expresado su malestar y enfado al apuntar que «se sigue deteriorando los productos de uso diario». «Para cumplir con la normativa, nos vemos obligados a eliminar funciones de Búsqueda en tiempo real que los europeos aprecian, como los precios al instante y la disponibilidad directa de hoteles, vuelos y restaurantes, y a desmantelar las protecciones de seguridad en Google Play. Esto no es competencia justa, es un empeoramiento del producto impulsado por un pequeño grupo de denunciantes con intereses particulares», ha señalado el presidente de Asuntos Globales de Google y su matriz Alphabet, Kent Walker.
Desde la Comisión, en cambio, la vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, ha defendido que «Google no ha cumplido con el cumplimiento efectivo de la Ley de Mercados Digitales» y se han tomado «medidas decisivas pero equilibradas para sancionar estas infracciones«.
«Los mejores productos deben tener éxito porque son mejores, no porque sean propiedad de la empresa que ejecuta el motor de búsqueda. Y los consumidores europeos tienen derecho a que los desarrolladores de aplicaciones les digan dónde suscribirse a las mejores ofertas, incluso cuando el propietario de la tienda de aplicaciones no recibe un recorte», ha proseguido la ex vicepresidenta española, que es una de las voces más críticas dentro del Ejecutivo comunitario con la necesidad de hacer frente a EEUU a pesar de las posibles amenazas de Trump.
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